La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Reconquista homologó la propuesta concursal de Vicentin y ordenó al juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, que pida el levantamiento de las medidas cautelares dispuestas por la Justicia penal sobre activos de la concursada.
Con el voto de los jueces Santiago Dalla Fontana y Mauricio Sánchez, ya que el magistrado Alejandro Román no votó, el tribunal de alzada resolvió a favor de la agroexportadora la apelación presentada contra la decisión de Lorenzini de rechazar el pedido de homologación. La última palabra, de todos modos, no está dicha ya que los abogados patrocinantes de los acreedores que impugnaron el concurso estudian presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Gustavo Feldman, querellante en la causa penal por estafa que se tramita en Rosario contra los ex directivos de la cerealera, consideró el fallo de la cámara reconquistense “un disparate jurídico, amañado y vergonzoso”, que prueba que “Dalla Fontana y Sanchez ”son “los verdaderos abogados” de la cerealera que entró en cesación de pagos en 2019 por u$s 1.500 millones. Tras reiterar su denuncia sobre la existencia de “una mesa judicial” que ampara a la agroexportadora en la ciudad del Norte santafesino, el letrado señaló “errores garrafales” en el fallo. Uno de ellos, dijo, es la homologación directa de la propuesta concursal, sin remitirla nuevamente a un tribunal de primera instancia. Otro es la pretensión de remover cautelares que fueron ratificadas por una cámara del fuero penal.
Cabe recordar que en el marco de la investigación que sigue la Justicia rosarina por estafa contra los ex directivos se prohibió a la empresa disponer de una serie de activos que están comprometidos en la propuesta de pago a acreedores, como las acciones de Renova. Para Feldman, “la radicación en la Corte implicara que esta vez esta resuelva sobre el fondo de la cuestión instituyendo el salvataje y fulminando la propuesta fraudulenta”. También alertó que “en el interín no habrá comienzo de ejecución porque sería todo nulo”.
En septiembre pasado, el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, rechazó la homologación del acuerdo de pago propuesto por la cerealera y dispuso la apertura del cram down, un mecanismo por el cual distintos oferentes pueden presentar propuestas de salvataje.
Vicentin apeló la medida ante la Cámara en lo Civil y Comercial de Reconquista, instancia a la cual llegaron también las impugnaciones a la oferta de pago que en su momento realizaron BNA y Commodities, dos de los principales acreedores de la cerealera.
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En su resolución del miércoles, el tribunal dio por desistida la impugnación del Nación y rechazó la de Commodities SA. Y en el mismo acto aceptó el pedido de Vicentin de revisar la decisión de Lorenzini. De hecho, homologó directamente “el acuerdo preventivo obtenido con las mayorías de ley de concursos y quiebras”.
Pero además instruyó al juez de primera intancia que requiera por las vías correspondientes el levantamiento de las medidas cautelares dispuestas por la Justicia penal, que afecten el cumplimiento del acuerdo homologado. Además, ordenó imponer las costas de esta instancia a Commodites SA.
Así, los jueces le allanaron el camino a la empresa para que avance con su plan de pago a acreedores, que en algunos casos demandará 12 años e involucrará quitas de hasta el 80%. También para el traspaso del 95% del control de la empresa a ACA, Bunge y Viterra.
“En pleno éxtasis de la impunidad del poder económico, la verdadera casta gana en Santa Fe, Argentina y el mundo”, dijo el legislador provincial del FAS, Carlos del Frade, uno de los integrantes de la hoy disuelta comisión de seguimiento de la causa Vicentin en la Legislatura santafesina.
Y agregó: “El fugaducto del macrismo no solamente se convirtió en una de las más grandes estafas de la historia nacional si no también en un símbolo de la resignación de los grandes partidos políticos ante las grandes empresas”.
Entre las razones que esgrimieron los magistrados de Reconquista para homologar la propuesta de pago son las siguientes está su valoración de Vicentin como una empresa de 95 años de trayectoria. Su “beneficio para la sociedad y para la economía regional y nacional” no fue, a su juicio, valorado por el juez de primera instancia.
También consideraron que la cesión de activos a otras empresas es “la única manera de evitar el desguace”. Al mismo tiempo aseguraron que la homologación del acuerdo concursal “supera ampliamente el test de la quiebra”. En ese sentido, consideraron poco “probable” que en un cram down se supere “el aporte de u$s 591 millones prometido por inversores”, para una empresa que, según las consultoras BA Advisors y SMS, “vale u$s 320 millones en liquidación, libre de contingencias”.
Entre otras cosas, Lorenzini había rechazado el acuerdo entre Vicentin y una mayoría de acreedores porque entendió que había un trato desigual a las víctimas del default de la empresa. Principalmente era dañoso era para el Nación y Commodities. La cámara, en cambio, dijo que el magistrado no logró demostrar “abuso ni fraude en la propuesta” de pago.
También disoció la suerte de los dueños y de la empresa. “Los socios de Vicentin Saic no han querido o no han podido aportarle a la sociedad la liquidez necesaria para salir del estado de cesación de pagos y lo cierto es que no están legalmente obligados a hacerlo con su dinero personal”, dijeron.