La Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario pidió prisión preventiva por 120 días, con prórroga automática, para los ex directivos de Vicentin Omar Scarel, Alberto Macua, Daniel Buyatti y Roberto Gazze, acusados de ser los jefes de una asociación ilícita integrada también por otros 15 miembros. Para doce de ellos solicitaron la prohibición ejercer cargos e intervenir de manera directa o indirecta en asuntos que tengan que ver con Vicentin y las empresas vinculadas. A los tres restantes, que forman parte de la actual conducción de la cerealera defaulteada, se les impedirá el contacto con el resto, en caso de la solicitud del Ministerio Público sea aceptada por los jueces. También solicitaron fianzas de entre u$s 10 millones y u$s 15 millones.
Entre las controversias procesales que se dirimieron, la exposición de los acusadores y el cierre de los querellantes, el proceso se extendió durante todo el día y pasó a un nuevo cuarto intermedio. En la mañana del sábado será el turno de los abogados defensores y, probablemente, también de la resolución del tribunal.
Perimetral
Las medidas cautelares pedidas por los fiscales, y respaldadas por los querellantes, se apoyan en el convencimiento de que los detenidos siguieron manejando los hilos de la cerealera, en combinación con los que los reemplazaron. Y que, en ese marco, siguieron afectando el patrimonio de la compañía a través de distintas maniobras.
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Por eso, también pidieron ampliar la cantidad de personas involucradas en la asociación ilícita que denunciaron en diciembre de 2023. Los acusadores consideran que esta organización no solo delinque al detraer en forma ilegal patrimonio de la concursada y sus subsidiarias sino que además opera para obstaculizar la investigación penal por estafa que se lleva adelante en los tribunales provinciales de Rosario.
Con esta premisa, la audiencia se reanudó el viernes con el pedido de prisión preventiva para los cuatro ejecutivos considerados jefes de la asociación ilícita, por 120 días prorrogables automáticamente. Para un segundo grupo, integrado por Máximo y Cristian Padoan; Martín Colombo Boschi; Sergio, Pedro y Roberto Vicentin, Yanina Boschi; Javier Gazze; Miguel Vallaza; Diego Boschi; Alberto Dimas Padoan y Facundo Persoglia, pidieron fianzas. Para la mayoría, de u$s 10 millones. Para Máximo Padoan y Javier Gazze, de u$s 15 millones.
En todos los casos, los fiscales solicitaron que a los acusados se les imponga una suerte de “perimetral” sobre la empresa concursada y sus vinculadas. Entre ellas, Oleaginosa San Lorenzo, Algodonera Avellaneda, Terminal Puerto Rosario (TPR), Sottano, Sir Cotton y Friar, Playa Puerto, Río del Norte, Vicentin Desarrollos, Renova, Vicentin Paraguay, Vicentin Europa, Migasa Soya, Emulgrain Europa, Tastil, Diferol, Renopack, Biogas Avellaneda, Buyanor, Alimentos Refrigerados, Patagonia Bioenergía, Nacadie comercial, Vicentin Paraguay e Industria Agroalimentaria Latam.
El objetivo es prohibirles la permanencia en cualquiera de esas sociedades, el contacto con cualquiera de las personas que estén ejerciendo dentro de los órganos de gobierno, administración y control de vigilancia, y cualquier tipo de injerencia o intervención formal o informal. Tampoco podrían, de dictarse las medidas, ocupar cargos. Ni siquiera podrán “interesarse” en esos asuntos. Deberán limitar su posibilidad de interacción con esas sociedades a la participación en las asambleas, a través de mandatarios previamente informados a la Oficina de Gestión Judicial.
Un tercer grupo bajo pedido cautelar es el que integran Daniel Foschiatti, Estanislao Bougain y Carlos Sartor, actuales directivos de la empresa, quienes no solo no podrían tener contacto con los otros imputados sino que deberían velar para que no violen las prohibiciones de acercamiento, en caso de que se avale la solicitud del MPA.
Los tres fueron incluidos en esta vuelta, en la denuncia por asociación ilícita, junto a Persoglia, Dimas Padoan y Diego Boschi.
La película
Es que así como los fiscales denunciaron que antes de que se consumara la cesación de pagos se conformó una asociación ilícita destinada a ocultar a productores y bancos la verdadera situación financiera y seguir así sacándoles plata y mercadería, entienden que esa organización siguió funcionando después del default y luego de que formalmente cambiara el directorio, con la intención de consolidar el delito, garantizar su impunidad y, como señaló Moreno en el último tramo de la exposición, “masticarse hasta el último grano de Vicentin”.
De hecho, señalaron que, a través de distintas maniobras que imputaron como administración fraudulenta, estimaron que entre fines de 2019 y fines de 2024, fueron responsables de una erosión en el patrimonio de la concursada de $ 890 millones, equivalentes “a 20.400 salarios mínimos computados en el momento de las maniobras denunciadas”. Actualizados, son unos $ 6 mil millones. Estas maniobras se realizaron, según la fiscalía, por la vinculación de los ex directivos detenidos con la estructura del directorio surgida luego de la crisis de pagos de diciembre de 2019.
Expusieron para sostener su teoría un conjunto de elementos de prueba, como cadenas de correos electrónicos, actas y comprobantes de facturación, para señalar que, a través de distintas maniobras, esta estructura fue tomando decisiones que afectaron el patrimonio tanto de Vicentin Saic como de vinculadas como Sir Cotton, Oleaginosas San Lorenzo, Sottano y Algodonera Avellaneda.
Desde la enajenación de una aeronave, a la que seguían pagando gastos luego de una supuesta venta, hasta el pago de consultorías, hasta el pago de cauciones, servicios periodísticos y los honorarios de los abogados que defienden a los acusados en el juicio penal con la caja del grupo Vicentin, distintos hechos fueron señalados por la Fiscalía como parte de maniobras por las cuales los viejos y nuevos directivos se concertaron para seguir sacando plata de las empresas y deteriorando su patrimonio.
A la evidencia ya presentada al momento de la primera imputación, en 2021, sumaron elementos relacionados con distintas simulaciones , desde juicios arbitrales en Londres entre sociedades del mismo grupo, a movimientos accionarios y estados contables.
Correos electrónicos presentados apuntaron a certificar la participación activa de los antiguos jerarcas de Vicentin en las decisiones de la “nueva Vicentin”. Con dos grandes líneas: seguir sacando plata de la empresa y obstaculizar la investigación penal. En el primer caso, sumaron como último hecho los acuerdos de retiro firmados por miembros del clan familiar por hasta $ 1.000 millones. Esto, mientras “dicen que no hay plata en la caja para pagarles a los trabajadores”, señaló la Fiscalía.
En el segundo caso incluyeron elementos para denunciar la falta de colaboración frente a los pedidos de información, las maniobras de ocultamiento, amedrentamiento de víctimas y hasta la organización de una campaña mediática en contra de la investigación. La demorada entrega de Macua y Scarel, tras las órdenes de detención libradas la semana pasada, y sin sus celulares, fue tomada también como parte de esta resistencia.
Tras la exposición de los fiscales, los abogados representantes de las querellas respaldaron las medidas cautelares solicitadas. Uno de ellos, Gustavo Feldman, concluyó: “Si en 2021 había duda, pasaron cosas y hoy no la hay, está claro que a los jefes de la asociación ilícita están dispuestos a hacer lo que haya que hacer para continuar con la exacción ilegal de los restos de Vicentin y garantizar su impunidad”.
Este sábado la audiencia arrancará con la presentación de los abogados defensores.
