La Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rafaela confirmó el rechazo a la homologación del concurso preventivo de acreedores de Vicentin. El tribunal intervino en el tema por orden de la Corte Suprema de Santa Fe y aceptó la impugnación presentada oportunamente por la empresa Commodities SA contra una decisión de la Cámara de Apelaciones de Reconquista, que había favorecido a los dueños de la cerealera defaulteada. Con la nueva resolución, se despeja el camino para avanzar en el proceso de salvataje (cramdown).
En febrero pasado, tras rechazar la homologación del acuerdo concursal, el máximo tribunal santafesino había decidido enviar lo actuado a un tribunal subrogante, el de Rafaela, para revisar lo actuado por la Cámara de Reconquista y "subsanar errores", en base a lo que estableció el máximo tribunal en su propio fallo.
Este martes, la sala II de la cámara rafaelina, integrada por Duilio Hail, María José Alvarez y Pablo Lorenzetti, decidió confirmar la resolución del juez de primera instancia de Reconquista, Fabián Lorenzini, que en septiembre de 2023 se negó a homologar el acuerdo de pago alcanzado por la empresa defaulteada en 2019 y un grupo de acreedores. En esa línea, rechazó el recurso de apelación interpuesto por Vicentin. Al mismo tiempo, le impuso las costas del pleito a la concursada.
La historia
Vicentin, después de cuatro años de iniciado el concurso preventivo, realizó una propuesta de pago a los acreedores. La mayoría aceptó pero no los más perjudicados, como Commodities SA, el principal acreedor comercial no cooperativo. En su momento, el juez Lorenzini rechazó la homologación judicial del concurso por considerar que no era equitativa. La cerealera de Avellaneda apeló entonces a la Cámara Civil y Comercial de Reconquista, que dio vuelta el fallo de primera instancia. Ante eso, la firma acreedora recurrió ante la Corte de Santa Fe, que rechazó el fallo de la cámara.
Los ministros del máximo tribunal consideraron que el tribunal de Reconquista no había tenido en cuenta las arbitrariedades que había denunciado Commodities. Estas referían a que “la propuesta concursal de Vicentin es inequitativa y abusiva” porque trata a todos los acreedores por igual, pero al no agruparlos en base a las categorías que tendría que agruparlos, terminaba beneficiando a algunos acreedores que van a cobrar el total de la deuda contra otros que van a tener quitas hasta del 80% y van a terminar además cobrando sus acreencias en 12 años. Además, todo estaba atado a la suerte de un proyecto empresarial vinculado a Bunge y Viterra.
Finalmente, la Corte ordenó “anular la sentencia impugnada remitiendo al tribunal que corresponda a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a las pautas de este fallo”. Y reenvió el expediente a la Cámara de Rafaela, encargada de dictar la resolución y abrir formalmente el cramdown para que se presenten dictar una nueva sentencia.
Ene se momento, el abogado Gustavo Feldman, representante de Commodities, resaltó que todo desembocaría en el “salvataje” ya que no puede haber otra propuesta de la concursada, ese estadio procesal. Este miércoles, tras la decisión del tribunal de Rafaela, señaló: “Cramdown abierto, seguimos avanzado hacia la refundacion de la empresa, cuidando las fuentes de trabajo y buscando honrar la deuda”.
A mediados de abril, el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, dispuso la intervención de Vicentin Saic por el plazo de 120 días, la suspensión de las facultades de los directores y la puesta en pausa de los cortes de provisión de bienes y servicios por parte de proveedores del sector público y privado, por 60 días.
Los veedores judiciales de la compañía concursada, Andrés Schocron y Guillermo Nudemberg fueron designados interventores. Para tomar la decisión de intervenir la empresa, Lorenzini sopesó el informe de la Sindicatura que señaló que el pasivo posconcursal de Vicentin llega a $ 12.536 millones, mientras que el mediano plazo se eleva a $ 30 mil millones.
