Una nueva ley de promoción de inversiones para el futuro productivo de Santa Fe

A partir de recientes anuncios de inversiones tecnológicas que podrían constituir al país en un hub tecnológico desplegando infraestructura de soporte para aplicaciones de inteligencia artificial, creemos valioso poner el foco en los instrumentos provinciales de estímulo a las inversiones.

La ley de promoción industrial 8.478, sancionada en 1979, fue una herramienta clave para atraer inversiones y generar empleo en la provincia. Sin embargo, más de cuatro décadas después, su estructura normativa y sus instrumentos resultan insuficientes para responder a los desafíos productivos del siglo XXI. Hoy, la Provincia de Santa Fe necesita una nueva ley moderna, adecuada a los tiempos actuales y que genere los incentivos suficientes para que el sector privado despliegue todo su potencial.

Desde Fundación Apertura, en constante vínculo con los sectores productivos, hemos recogido la inquietud y la necesidad del sector privado de construir de manera abierta y participativa, un nuevo instrumento normativo que siente las bases del desarrollo de la provincia para los próximos 20 años.

Sobre el régimen actual, vemos deficiencias normativas en virtud de que la ley básica es antigua y fragmentada en decretos, lo que genera un marco jurídico desactualizado. No contempla explícitamente objetivos modernos como la economía del conocimiento, las llamadas industrias de la economía naranja, las cuestiones ambientales y la innovación tecnológica, y delega en el Poder Ejecutivo la definición anual de sectores y zonas prioritarias. Esta discrecionalidad normativa debe dar paso a un nuevo marco normativo.

Cabe destacar que, durante décadas, el régimen se aplicó de forma parcial y discrecional. Ello erosiona la confianza del sector productivo, dificultando la visión compartida de un instrumento abierto, sólido y con incentivos para atraer inversiones.

Si bien el decreto 1361/2022 introdujo mejoras para priorizar pymes, estímulos extra por radicación en el norte provincial y proyectos de desarrollo sostenible, estos ajustes son recientes y limitados. Hace falta dotar al instrumento de una orientación estratégica integral: el marco actual no garantiza que los incentivos se alineen con una política industrial moderna orientada a la innovación, el desarrollo regional ni la competitividad a largo plazo.

La situación en otras provincias

Otras provincias han modernizado sus políticas de promoción industrial, incorporando mecanismos más eficientes e innovadores que podrían replicarse para lograr una legislación de vanguardia.

En el caso de Córdoba, ha dado un salto cualitativo mediante la sanción de la ley 10.792/2021, denominada programa de promoción industrial y desarrollo de clústeres productivos. Esta nueva normativa otorga una batería de incentivos fiscales y financieros. En lo impositivo, exime por 10 años del pago de ingresos brutos, sellos e impuesto inmobiliario a los proyectos industriales, extendiendo el beneficio a 15 años si la empresa se instala en un parque industrial o en una zona geográfica desfavorable del interior. Adicionalmente, la provincia subsidia por 5 años a cada nuevo trabajador que la industria contrate, incentivando la creación de empleo genuino. La ley prevé también asistencia técnica especializada para fortalecer los clústeres sectoriales: ayuda a detectar oportunidades, mejorar la logística, reducir costos e impulsar la innovación en cada cadena productiva.

Otro rasgo innovador es el apoyo en costos energéticos: Córdoba subsidia por cinco años el incremento de consumo eléctrico de las industrias (25% los primeros dos años, luego 15% y 10%) para aliviar uno de los gastos operativos más críticos. A su vez, incorpora decididamente la sustentabilidad ambiental y la modernización tecnológica como criterios de promoción: actividades de economía circular son explícitamente promovidas, al igual que los proyectos que adopten tecnologías de industria 4.0, realicen inversiones en activos fijos productivos y apliquen buenas prácticas industriales. Resulta importante destacar que Córdoba segmentó su régimen para asegurar equidad: la ley 10.792 se orienta exclusivamente a pymes industriales, mientras mantiene vigente su vieja Ley 5.319 para industrias de cualquier tamaño, permitiendo incluso combinar beneficios de ambos regímenes en casos especiales. Esta focalización asegura que las pequeñas y medianas empresas reciban un apoyo proporcional a sus necesidades.

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Los resultados en Córdoba han sido notables. La previsibilidad otorgada atrajo inversiones significativas. Por ejemplo, la planta Aca Bio en Villa María decidió instalarse allí señalando que la promoción industrial provincial fue un factor determinante en la elección. Las estadísticas lo confirman: hasta 2019 Córdoba otorgaba menos de 17 promociones industriales por año (en un rango similar a lo que sucede actualmente en la Provincia de Santa Fe), mientras que a partir de la reforma el promedio saltó a 94 promociones anuales en 2020-2023. Actualmente más de 650 empresas industriales cordobesas gozan de beneficios vigentes bajo estos programas. Esto refleja un régimen ágil, atractivo y alineado con objetivos de desarrollo a largo plazo.

¿Cómo avanzamos en Santa Fe?

Santa Fe tiene todo para liderar ese proceso. Para ello, una nueva ley debería basarse en criterios rectores. No centrarse sólo en la industria, sino crear un instrumento amplio y abarcativo de promoción de inversiones. Equidad fiscal, con incentivos proporcionales y previsibles. Esquema segmentado, grandes, medianas y chicas requieren instrumentos e incentivos diferentes. De esta manera se busca dotar de herramientas útiles y adecuadas ante cada oportunidad/decisión de inversión en la provincia, en un contexto en el cual las provincias compiten por convencer a los inversores.

Desarrollo territorial equilibrado, con beneficios diferenciales para las regiones postergadas. Innovación y sustentabilidad, premiando proyectos tecnológicos y ambientalmente responsables. Articulación institucional, integrando municipios, cámaras empresarias y universidades en la gestión, evaluación y actualización del régimen.

Construir una nueva ley de promoción de inversiones en la provincia de Santa Fe no es solo una necesidad técnica: es una decisión estratégica para el futuro productivo santafesino. Implica generar condiciones estables, inclusivas y sostenibles para el crecimiento de las empresas, cuidando el ambiente y fortaleciendo el empleo local.

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Desde Fundación Apertura, invitamos a los poderes públicos, al sector empresario y a la sociedad civil a crear juntos, una nueva norma de promoción de inversiones que esté a la altura de la capacidad y el potencial de nuestra provincia.