Discutir ingresos en forma genuina en la Argentina significa de una vez por todas sacarse la careta y romper con una matriz de inequidades que tienen su expresión más evidente en lo social pero que subyace en los estratos más profundos. En esos donde se reparten los fondos de la coparticipación federal (en un país que conserva la idiosincrasia unitaria), donde se analiza la estructura y la carga tributaria de cada sector y donde se pone la lupa al interior de los encadenamientos productivos y los grupos concentrados de la economía, conceptos que para muchos en estos tiempos pueden sonar a sloganes setentistas pero que se expresan en obras inconclusas, en góndolas indexadas y en bolsillos más flacos.
El anuncio de la modificación del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias se inscribe en esa lógica. Llegó apurado por la presión política y gremial que el gobierno de Mauricio Macri empezó a sentir como marca personal en las últimas semanas y volvió, como también lo hizo el kirchnerismo en este tema, a actuar sobre lo urgente y dejar para un después indefinido lo importante. Las pedagógicas explicaciones que el titular de la Afip, Alberto Abad, se ocupó de dar sobre el anuncio presidencial sólo sirvieron para dar una instantánea tan generalizada y global de los beneficios como impracticable en las liquidaciones concretas de los recibos de sueldos de los beneficiarios, que por efecto de las resoluciones cruzadas estarán lejos de multiplicar los ingresos al mismo ritmo que las tablas de Abad mostraban.
El anuncio no repara en el universo de monotributistas, muchos de ellos en una velada y mentirosa relación de dependencia que en la lógica del mundo laboral parece asumida como una verdad inmodificable.
Pero en definitiva, la modificación de un impuesto que fue abriendo cada vez más grietas en el colectivo de los trabajadores, sigue aún pendiente y sin un horizonte que permita cerrarlas o al menos suavizarlas. La decisión de no tocar la famosa tablita de escalas y dejarle al Congreso la facultad de debatir una ley en un futuro incierto, suena a poco. Mucho más si se tiene en cuenta que en los últimos años fueron varios los proyectos que durmieron en los cajones del Poder Legislativo, incluso algunos del diputados por entonces oficialistas que no encontrar ni en su bloque el quórum suficiente para romper con la avidez de un Estado que ya se paró sobre un colchón de ingresos tan abultado como cómodo para su recaudación.
Si la voluntad de debatir ingresos es real, es ineludible transitar ese camino. El resto sólo suena a arenga para la tribuna.
La misma lógica es aplicable a la provincia, donde esta semana el gobernador Miguel Lifschitz lanzó un ambicioso Plan de Desarrollo Industrial, que puso su eje en la atención de las pymes. “Vamos a jugarnos por las pymes”, dijo el ministro de Producción Luis Contigiani en un acto en Las Parejas, donde el gobernador definió un conjunto de medidas de incentivo financiero, algunas nuevas y otras recreadas, pero unificadas bajo un mismo paraguas institucional. Los anuncios también incluyeron el destino de fondos para el sector primario, un frente que Santa Fe no puede descuidar si no quiere desequilibrar su balanza económica y social.
Los pronunciamientos de Lifschitz contra la corporaciones, el capital financiero y la concentración marcan un cambio de rumbo discursivo que será clave traspasar a la práctica.
El gobernador sabe claramente que esta apuesta de ubicar a las pymes como sujeto económico y buscar “un desarrollo autónomo con nuestros pueblos y comunas como protagonistas”, como dijo en el acto en Las Parejas, demanda arremangarse y modificar esos cimientos de los estratos más profundos a los que inicialmente se hacía referencia. En la provincia, jugarse por las pymes no sólo representa acompañarlas en misiones comerciales o asistirlas con créditos a tasas subsidiadas _todas herramientas atendibles y destacables, por cierto_ sino también repensar la estructura tributaria de una provincia cuyos habitantes viven del entramado de pequeñas y medianas empresas, aquellas mayores generadoras de empleo y anclas sociales en los territorios.
Los fondos adicionales que Santa Fe comenzó a recibir tras el fallo de la Corte Suprema por la detracción de la coparticipación pueden servir como un puntapié en ese sentido. También lo puede ser el creado Observatorio Estadístico Provincial (OEP), que se anunció esta semana y que según anticipó el gobernador será un espacio colegiado que tenga un carácter de auditor de las estadísticas públicas, para uso del Estado y de los privados. Un espacio que permitirá contar, además de un índice propio de medición de precios, con las herramientas y la información suficientes despojadas del oportunismo político de la coyuntura, ese que apuró tanto a Macri esta semana, que lo obligó a salir con anuncios a media máquina y cargó con la número dos del Indec, Graciela Bevacqua, la garante de la transparencia, que fue devorada por la política.
