El proyecto de presupuesto provincial 2023 entró a la Cámara de Senadores. El mensaje del gobernador señala que “en el marco de los lineamientos de solvencia fiscal que viene implementando el gobierno”, el resultado financiero será levemente superavitario en $ 2.120 millones.
La llamada “solvencia fiscal” significa, en buen romance, que las mayores cargas impositivas serán mochilas sobre las espaldas de las familias santafesinas mientras que las grandes exportadoras, una vez más, estarán exentas de pagar Ingresos Brutos aunque facturen millones de pesos por minuto. Una obscenidad que se repite y que profundiza la desigualdad.
Las principales diez partidas para los ministerios del último año del gobierno son las siguientes: Educación, $ 341.415.769.000 (18,21% del gasto total); Seguridad, $ 168.037.000.000 (8,96%); Salud, $ 153.514.295.000 (el 8,18%); Infraestructura, $ 93.110.892.000 (4,96%); Gestión pública, $ 52.040.528.000 (2,77%); Economía, $ 47.270.496.000 (2,52%); Producción, $ 40.737 .095.000 (2,17%); Desarrollo Social, $ 37.010.785.000 (1,97%); Trabajo, $ 17.120.180.000 pesos (0,91%) y Gobierno, $ 14.082.584.000 (0,75%).
Por su parte, Cultura (0,24%), Ambiente y Cambio Climático (0,12%), Igualdad, Género y Diversidad (0,12%), no suman ni siquiera el 0,50% del presupuesto. Estos números son la dimensión exacta de la importancia que el gobierno le da a estos temas. Todo lo demás son bellas palabras. Inflación de conceptos que se desvanecen ante los números.