Operativo judicial en la Fundación de Michetti

El juez federal Ariel Lijo ordenó ayer un operativo en la sede de la Fundación Suma, que preside la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti y por la cual es investigada acerca de la procedencia de los fondos que le robaron en su domicilio particular en noviembre del año pasado.

Fuentes judiciales informaron que el procedimiento en la sede de la fundación fue ordenado para secuestrar los libros contables, a raíz de que, según informó la Inspección General de Justicia (IGJ), nunca fueron presentados ante este organismo.

Sin embargo, en el procedimiento no se encontró la documentación en cuestión: autoridades de la fundación adujeron que está en poder del contador y se comprometieron a presentarla en las próximas horas ante el juez Lijo.

Además, Lijo recibió informes de la Afip que precisaron que solo durante 2015 la fundación recibió 4.100.000 millones de pesos, añadieron.

Los datos forman parte de la causa que intenta dilucidar el origen del dinero que fue robado de la casa de Michetti el 22 de noviembre pasado, cuando la fórmula que ella integraba con Macri ganó las elecciones presidenciales.

Según la denuncia, faltaron 200 mil pesos que pertenecían a donaciones que se realizaron a la Fundación Suma y unos 45 mil que, según Michetti, eran para una refacción y el manejo de la casa, mientras había otros 50 mil dólares que salieron de un préstamo de su novio, Juan Tonelli.

Pero un abogado, Leandro Martínez Herrero, denunció el hecho, mientras que diputados kirchneristas pidieron investigar no solo la Fundación Suma sino a otras fundaciones relacionadas a funcionarios del PRO.

Ahora, Lijo dispuso una orden de presentación en la sede de la fundación para llevarse los libros contables y chequear información que no consta en la documentación enviada por la Inspección General de Justicia (IGJ) en el caso.

Trascendió además que el juez pedirá las declaraciones juradas de la pareja de Michetti, ya que la vicepresidenta señaló que parte del dinero era de su propiedad.

Michetti ya oficializó el cambio de abogados y ahora su representante legal es el jurista radical Ricardo Gil Lavedra.

Según su página de internet, la Fundación Suma es una organización sin fines de lucro que fomenta una cultura ciudadana de cooperación y trabajo colectivo que busca "generar espacios de vinculación y articulación entre diferentes actores de nuestra sociedad para coordinar en conjunto proyectos e iniciativas que persigan transformar nuestra realidad a través del trabajo en equipo y el compromiso social".

Michetti afronta una causa penal a raíz de la denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero y los diputados kirchneristas Rodolfo Thailade y Juan Cabandié: es por el origen supuestamente dudoso de 245.000 pesos y 50 mil dólares que le robaron de su casa particular en noviembre pasado y por el cual está acusado un integrante de su custodia, David Juan Pablo Cruzado.

La vicepresidenta ya dijo públicamente que los 200 mil pesos eran de una donación que recibió la Fundación Suma, que ella preside; que 45 mil eran para pagar una refacción en su casa, y que los 50 mil dólares le habían sido prestados por su pareja, Juan Martín Tonelli Banfi.

Según indicaron los denunciantes, esas fundaciones eran utilizadas para financiamiento del PRO, mientras que el fiscal Guillermo Marijuan dijo que la Fundación Suma "registraría escasa actividad estatutaria y apego a las normas que la regulan, en contradicción con sus movimientos financieros".