El presidente Javier Milei adelantó que el gobierno trabaja en un proyecto para implementar un mecanismo de “shutdown” del Poder Ejecutivo, inspirado en el sistema que rige en Estados Unidos cuando se agotan las partidas presupuestarias.
El presidente busca imitar el “shutdown” de EEUU. En los hechos, su administración ya cortó la prestación de funciones básicas
Foto: Archivo / La Capital.
Milei usó una frase que atribuyó a Churchill para meterse en la polémica por los ataques a la Argentina.
El presidente Javier Milei adelantó que el gobierno trabaja en un proyecto para implementar un mecanismo de “shutdown” del Poder Ejecutivo, inspirado en el sistema que rige en Estados Unidos cuando se agotan las partidas presupuestarias.
“Estamos trabajando en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, en realidad de la política”, afirmó el mandatario durante una entrevista. Y explicó: “Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”.
La definición llegó en el marco de una explicación más amplia sobre la reforma de la carta orgánica del Banco Central. En este contexto, sostuvo que el gobierno ya tiene una “versión unificada” de la iniciativa y anticipó que se buscará prohibir de manera explícita, y con sanciones penales, que el organismo financie al fisco.
En ese mismo tramo de la entrevista, Milei vinculó la independencia del Banco Central con una regla más estricta sobre el gasto público. “Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, señaló. Ante la consulta sobre si ese mecanismo sería impulsado por ley, respondió que “sí, estamos trabajando en ello”.
En Estados Unidos, un government shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba a tiempo las leyes de gasto o una autorización transitoria de financiamiento. En ese caso, las agencias federales sin fondos deben suspender actividades no esenciales, mientras que las funciones críticas continúan operativas.
En Argentina, un esquema de este tipo requeriría una ley específica, ya que el sistema actual no prevé un apagón automático del Estado si no se aprueba el presupuesto. La ley de administración financiera establece que, si al inicio del ejercicio no hay una ley de Presupuesto aprobada, rige la del año anterior con ajustes.
Lo cierto es que el gobierno de Milei ya cerró el Estado para un conjunto de gastos, incluso esenciales. No hace obra pública, recortó en áreas esenciales de salud, educación, ciencia y tecnología, recortó programas sociales y desfinanció a las fuerzas armadas. Tampoco cumplió con las transferencias no automáticas a las provincias, muchas de las cuales van a solventar gastos críticos en las áreas social, educativa, sanitaria o de infraestructura.
El último informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) sobre la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) muestra el “shutdown criollo” a junio.
En el área de salud, el gobierno recortó a la Superintendencia de Servicios de Salud (-64%), hospitales nacionales (-17% a -44%) e Instituto Malbrán (-32%). Programas críticos de atención sanitaria y prevención de enfermedades presentan caídas de hasta 100%. En ciencia y tecnología, la motosierra pasó por el programa de Promoción de la Investigación e Innovación (-88%), el Conicet (-35%) y la Conae (-64%).
En seguridad social y desarrollo social, la Ansés presenta una caída (-15%). También se observan retrocesos significativos, con disminuciones en comedores comunitarios y merenderos (-65%) y en la prestación Alimentar (-37%).En el terreno de las fuerzas federales y fuerzas armadas, cortó gastos de Policía Federal (-34%), Gendarmería (-30%), Prefectura Naval (-32%), Ejército (-16%), Armada (-19%), Fuerza Aérea (-27%).
En transporte y obra pública, la caída de la ejecución presupuestaria osciló entre 84% al 100% en programas de infraestructura, pavimentación, cuencas, túneles y puentes. En provincias, hubo un recorte total en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%).
“La administración pública nacional atraviesa un escenario de fuerte reducción del gasto público, afectando la continuidad de políticas sociales, de salud, educación y desarrollo productivo”, señalaron los economistas de Cepa. En cambio, la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) registró un incremento real del 17% y los servicios de la deuda pública, que ya representan el 13% del gasto total ejecutado, reflejando el peso de los compromisos financieros.
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