Lifschitz, durante un acto del remate del primer lote de soja en la Bolsa de Rosario.
Miguel Lifschitz fue pragmático y el dirigente socialista más querido por la Bolsa de Comercio y la Fundación Libertad. Pero también el que puso al frente del Ministerio de Producción al ministro que más odiaban. Fueron tiempos en que alguna sintonía con estas instituciones de lobby empresarial se agrietaban por la misma impronta que impuso el ascenso a la presidencia de Mauricio Macri.
En la tradicional entidad granaria rosarina ya no estaba Federico Boglione, su aliado en la organización del Congreso de la Lengua y otras iniciativas para la ciudad. Brillaba el hombre de Vicentin, Alberto Padoán, impulsor de una declaración pública que lo interpeló a admitir una derrota electoral que no fue, en las peleadas elecciones de 2015.
Acostumbrado a tejer consensos batalló durante su gobernación, desde la mesa del diálogo, por el cobro de la histórica y millonaria deuda que la Nación tiene con Santa Fe por la detracción de los fondos indebidos de coparticipación, con fallo firme de la Corte Suprema.
Como la plata no llegaba, a pesar de las promesas del gobierno de Cambiemos apenas asumió, salió a buscarla. En 2017 reunió a todos los referentes políticos de la provincia en el Centro Cultural Provincial de la ciudad de Santa Fe y en un acto público les anunció que haría una contrapropuesta al Ejecutivo nacional “con el ánimo de realizar una propuesta que ayude y no nos obligue a ir a un nuevo litigio sino que permita a través del diálogo encontrar una solución razonable”, dijo entonces.
Pero así como se movía seguro tejiendo acuerdos, las promesas dilatorias no eran parte del juego. Eso explica las razones por las cuales un año después, y ante el incumplimiento de la Nación, en noviembre de 2018, en persona se presentó ante la Corte y reclamó el pago “actualizado y de forma rápida” de la deuda que alcanzaba a montos actualizados entre 75.000 y 100.000 millones de pesos. “Hemos agotado las negociaciones con el gobierno”, dijo el entonces ex gobernador.
Y sin esperar volvió a tomar la iniciativa. Lanzó un ambicioso plan de pavimentación de calles urbanas en municipios y comunas de toda la provincia por lo que transfirió con los criterios de la coparticipación más de 3.100 millones de pesos. “Esto será sin costo para los municipios, lo va a financiar la provincia y es una forma de adelantarles lo que les correspondería por la deuda de la Nación con Santa Fe, que en algún momento esperamos cobrar”, dijo al presentarlo.
Hasta que la crisis del fin del gobierno macrista pegó de lleno en las administraciones provinciales, el gobierno de Lifschitz intentó llevar adelante una política anticíclica dinamizando la economía en plena recesión con la obra pública, el gran motor estatal en tiempos de crisis. Así, pasó de una inversión en infraestructura ejecutada récord en 2018, que representó el 2,32% del Producto Bruto Geográfico, cuando en los veinte años anteriores el promedio de ese indicador orillaba el 1,32%.
Por la realidad misma, esos años fueron de un quizás inesperado enfrentamiento con el gobierno central. En la provincia se desguazaban y cerraban fábricas todos los días, incluso firmas emblemáticas y últimos representantes de ramas fabriles enteras. Ello obligó a su administración a desplegar un enorme esfuerzo y gestiones personales para sostener, moderar o estirar la agonía de unidades productivas que eran, fundamentalmente, importantes fuentes de trabajo.
Algo que ya había experimentando como intendente cuando decidió posicionar a Rosario como eje de la industria alimenticia para atemperar los estragos de la crisis de 2001/2. En persona y con empresarios y funcionarios recorrió ciudades y países vecinos promocionando la Feria Internacional de la Alimentación (Fiar), un sello de su gestión municipal.
Al frente del gobierno santafesino, desde un primer momento aseguró que los fondos extra que comenzaron a llegar mensualmente vía coparticipación serían destinados a un fondo de obra pública. La promoción nacional del endeudamiento externo le permitió emitir bonos en el mercado internacional. A diferencia de otras jurisdicciones, ese financiamiento fue volcado a un plan de infraestructura que llevó al gasto de capital a la histórica proporción del 10% del presupuesto.
Hubo rutas pero también obras estructurales. Una inversión que se hizo en soledad, entre chicanas y promesas incumplidas del Ejecutivo nacional.
No tuvo éxito en recuperar la deuda histórica generada a partir del juicio por la coparticipación. Lo intentó. Es más, con el argumento de que ese reclamo quedara establecido en un acuerdo federal, firmó el gravoso pacto fiscal de 2017, organizado a medida de la provincia de Buenos Aires. En cambio, no firmó el acuerdo al que lo convocaron un año después. Eran ya tiempos de descalabro de la economía nacional.
Las señales al poder central, como impulsar la adhesión a la ley de ART, no tenían reciprocidad. Apurada por el acuerdo con el FMI, la administración nacional eliminó el fondo sojero, que “coparticipaba” parte de las retenciones y redujo drásticamente los subsidios a los servicios públicos. En ese contexto, su ministro de Economía, Gonzalo Saglione, logró mantener la cláusula gatillo en la actualización salarial de los empleados públicos de la provincia. No alcanzó para que el Frente Progresista retuviera la Gobernación.
En medio de una áspera transición de seis meses y de la peor crisis económica desde 2001, los trabajos de infraestructura se fueron ralentizando y frenando para comenzar a ser retomados gradualmente mucho tiempo después, pasados varios meses del cambio de gobierno.
Entre muchos aspectos para recordar la gestión de un gobernante, cabe recortar su capacidad de gestión en situaciones muy distintas. Sus dos mandatos al frente de la Intendencia de la ciudad fueron en un contexto de crecimiento económico, con la excepción de la recesión en forma de V que tuvo la crisis financiera internacional. Al frente de la Gobernación, lidió con una macroeconomía de pesadilla. En las dos épocas, dejó su impronta.
