La provincia lanza un plan para aliviar deuda de los asalariados

El gobierno provincial lanzará un plan para aliviar el peso de la deuda sobre los salarios de trabajadores. El objetivo es llegar directamente a unos 12 mil estatales y 7 mil jubilados santafesinos que hoy sufren recortes superiores al 25% en sus ingresos por parte de los acreedores.

También, a través de distintas opciones de colaboración con bancos y entidades empresarias, se busca contribuir a mejorar la situación de otros 50 mil empleados del sector privado.

Este es el universo de trabajadores que cobran, por su nivel salarial o por efecto de los descuentos, hasta $ 1,5 millones mensuales. El plan de alivio contempla distintas alternativas, que incluyen un ordenamiento del sistema de préstamos estatales gestionados a través de códigos de descuento, refinanciación estatal, intervención de las mutuales sindicales y acuerdos con entidades empresarias.

El vertiginoso aumento del endeudamiento familiar, en un contexto de creciente crisis económica, se convirtió en uno de los tres primeros factores de preocupación para los hogares argentinos. Los índices de morosidad bancaria apenas permiten ver una parte de la magnitud del problema, que incluye un universo muy amplio de créditos tomados en entidades no bancarias y en el circuito informal.

Salarios recortados

En el Estado provincial esta problemática emergió con fuerza en las discusiones paritarias de este año, empezando por el conflicto policial, cuando se tomó nota de que el ingreso de bolsillo de los empleados públicos aparecía afectado por los descuentos para el cobro de deudas, sobre todo en las categorías salariales más bajas. Según los datos que maneja el Ministerio de Economía, un 33% de los estatales santafesinos, cerca de 35 mil, tiene créditos otorgados a través del sistema de código de descuento, que permite a un conjunto de unas 30 entidades de préstamo otorgar estas prestaciones que luego son debitadas del sueldo.

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De ese total, unos 12 mil, el 9% del total de la plantilla, experimenta quitas superiores al 25% de su haber. El límite legal para esa deducción es del 50%. En situación similar hay 7 mil jubilados de la provincia. En muchos casos las deudas equivalen a cinco sueldos.

Un 10% de los agentes, una proporción relativamente menor, tiene deudas con el Banco de Santa Fe, agente financiero provincial. Pero el grueso de financiamiento por esta vía está relacionada con el agrupamiento de mutuales conocida como Red Mutual, las mutuales sindicales correspondientes a los distintos gremios del sector público y Amep.

Las tasas de interés que cobran estas entidades difieren pero hay situaciones extremas en las que el Costo Financiero Total de este financiamiento, sumando el costo del dinero, la cuota social y los gastos de servicio, llega al 120% anual.

Plan de protección

El plan de “protección del salario”, tal como lo denominan en la administración provincial, incluye una serie de alternativas para aliviar esta carga. Son las siguientes:

Ordenamiento del sistema de códigos de descuento. Incluye un reempadronamiento de las entidades que hoy utilizan el sistema, con nuevos requisitos para actualizar datos y balances. También bajar el límite de la proporción del salario que pueden descontar, del 50% al 25%. Las que quieran seguir operando bajo este sistema deberán ofrecer planes de refinanciación a los préstamos ya otorgados para que esa extracción no supere el nuevo techo. Además, deberá ser a tasas que se acerquen al 60% anual que cobra el Banco Nación. Las que no acepten no podrán otorgar nuevas financiaciones mediante este mecanismo.

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Los deudores a los que sus acreedores no les ofrezcan esta refinanciación tendrán la opción de recurrir a préstamos a tasa cero del Estado provincial por la diferencia entre el límite del 25% y la proporción del salario por la que estén endeudados. Ese crédito se irá descontando de cada medio aguinaldo, que no está alcanzado por los descuentos a través del sistema de códigos. El deudor no podrá tomar nuevos créditos. Distinto será el caso, al que apuestan los funcionarios de la provincia, en el que las mutuales sindicales salgan al rescate ofreciendo refinanciación con el tope del 25%. En ese caso, podrán seguir tomando préstamos con esas entidades.

Otra herramienta será recurrir al agente financiero provincial para refinanciar pasivos con la llamada “línea de bandera”, a sesenta meses y con el límite de 25% de descuento a una tasa más accesible que la media del mercado.

Ayuda para el sector privado

Además de esas opciones pensadas para el sector público, el programa avanza con una serie de herramientas para aliviar la situación de unos 50 mil trabajadores y autónomos del sector privado que en Santa Fe sufren grandes descuentos de sus haberes por los créditos tomados. El menú incluye extender la propuesta de refinanciación del Banco de Santa Fe y acordar mecanismos similares con los bancos públicos y privados que ya participan de los acuerdos de financiamiento a empresas con tasas subsidiadas por la provincia.

Por otro lado, a través del Ministerio de Trabajo se realizarán rondas de diálogo con entidades empresarias para que interesen a sus asociadas a refinanciar deudas de sus empleados, con el incentivo de acceder a líneas de capital de trabajo a través de la banca oficial. Desde otra ventanilla, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo redireccionará créditos del Banco Solidario, destinado a emprendedores, al refinanciamiento de deudas de sectores con ingresos más irregulares.

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Con este programa, Santa Fe se convertirá, después de Santa Cruz, en la segunda provincia en abordar esta problemática que crece como una bola de nieve. Se instrumentará a través de un decreto y el objetivo es que las nuevas reglas estén disponibles para el mes de mayo.

Si bien el nuevo régimen introduce un sistema de obligaciones e incentivos para estimular la adhesión de los acreedores, y de hecho hay conversaciones en marcha, en el escenario en el que el Estado santafesino debiera asumir el costo de la refinanciación de todos los empleados pùblicos y jubilados en esa situación, el monto a disponer llegaría a $ 8 mil millones en el próximo semestre, para luego recuperarlos.

Un costo más que las administraciones locales asumen en un territorio que siente los efectos de una política económica nacional que no acierta a reactivar la economía ni a frenar la inflación.