Las organizaciones de la economía social de Santa Fe buscan darle un marco legal al sector, una tarea para nada sencilla ya que se trata de construir un proyecto de ley para darle cobijo a una actividad que bajo la denominación de economía social y solidaria reúne a una innumerable cantidad de actores con sus singularidades. Aunque el avance en este sentido es a paso lento, los referentes del sector tienen una meta clara: cualquier tipo de normativa debe nacer de la participación de la sociedad como sello de identidad irrenunciable.
A fines del año pasado la ciudad Rosario fue anfitriona de la jornada regional "Construyendo la ley provincial de economía solidaria" que sirvió como disparador, una vez más, de este debate. Del encuentro participaron más de 200 referentes de cooperativas, mutuales, organizaciones de microcréditos, asociaciones de productores y feriantes entre otros. Fueron de la partida, entre otros, la Asociación Civil Organizando Nuestras Generaciones; Asociación Civil Poriajhú, Cooperativa de Trabajo Encuentro y Fundación Síntesis, además del gobierno de Santa Fe y las municipalidades de Rosario y San Lorenzo.
Durante la jornada -que fue declarada de interés provincial por la Cámara de Diputados y también por el Concejo Municipal de Rosario- se estableció la construcción de una agenda sobre cuáles serían los contenidos ineludibles de una legislación del sector. También se consensuó diseñar una propuesta de mecanismos de discusión democrática de la norma en foros regionales y sectoriales, y finalmente instalar públicamente la necesidad de contar con una legislación para el sector, dando una batalla cultural hacia la sociedad civil y esencialmente al interior de los gobiernos en sus tres niveles jurisdiccionales.
Los referentes de la actividad reconocen que hay varias propuestas en torno a cómo debe estar armada la legislación. Por un lado, algunos plantean un solo cuerpo legal, mientras que otros hablan de una suerte de red de normas que vayan construyendo el andamiaje dinámico de la heterogénea realidad del sector.
También hay quienes privilegiaron la integración de las experiencias al sistema de mercado existente y otras que centran su estrategia en la autonomía, la autogestión y la economía alternativa en un abanico de situaciones intermedias.
Otro punto a destacar es la relación con el Estado, ya que deberá estar presente para darle más posibilidades a la iniciativa. El desafío planteado en el encuentro que tuvo lugar en Rosario fue cómo deconstruir la tradición clientelar y por otro lado, la necesidad de dar visibilidad a las experiencias desde una perspectiva de independencia y de articulación con lo público. Además, hubo un énfasis particular en la necesidad de difundir en el sistema educativo los valores de la solidaridad y la cooperación, utilizando el mandato constitucional y aprovechando el 2012 como año de conmemoración internacional del cooperativismo.
HIJOS DE 2001.Muchas de los actores vinculados a la economía social nacieron de la crisis de 2001. Hace 10 años atrás era casi la única salida para sobrevivir pero hoy ese oficio que aprendieron o esa iniciativa que se generó a las sombras de una economía en estado de ebullición es para muchos una forma de vida. "Las crisis siempre ofrecen oportunidades. La persistencia estructural de situaciones de pobreza, desocupación, precariedad en las relaciones laborales, han merecido respuestas por parte de los afectados directos. Respuestas orientadas inicialmente a la resistencia y después a la construcción de alternativas creativas de desarrollo. Tales experiencias fueron transitando desde respuestas individuales y familiares a otras de tipo colectivo de diversa naturaleza bajo formas asociativas heterogéneas, tales como los clubes de trueque, redes de economía solidaria, organizaciones de consumidores, espacios promotores de consumo responsable, empresas recuperadas por los trabajadores, etc.", señalaron en un folleto que se repartió durante la jornada de debate para comenzar a darle forma a una normativa para este sector, texto en el que también se destaca: "Caminamos en un tiempo de maduración de todo lo andado y vivido. Es hora de traducir en normas las mejores prácticas y resultados obtenidos. Es hora de iniciar un proceso de construcción social de una norma que en el territorio santafesino le otorgue el lugar legítimamente conseguido a quienes optaron por la economía solidaria, desafiando la hostilidad de la lógica mercantil".
participación. La licenciada en economía y magíster en economía social, María Victoria Deux, consideró clave definir cómo va a ser el proceso para conformar la nueva ley sobre economía solidaria, ya que no hay un procedimiento exacto sobre cómo armarla forma participativa.
La investigadora del instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento marcó que otra de las cuestiones fundamentales tiene que ver temas más conceptuales como, por ejemplo, definir qué es la economía social y planteó que "ahí hay muchas dificultades y surgen muchas preguntas".
"Hay que ver cómo se van a definir los actores que integran la economía social, si por la forma jurídica o por la actividad que realizan. Ninguno de estos aspectos es suficiente, sino que hay que hacer una combinación de los atributos. Las leyes que tenemos definen por la forma y no es eso lo que se está buscando en este encuentro. Otro desafío es qué se quiere hacer con esta ley, si es promover, proteger, reconocer. Lo anterior tiene que ver con el objeto de la ley, pero cuál va a ser el objetivo. ¿Qué el Estado reconozca, que compre, que promueva con financiamiento. Qué se va a buscar? ¿Todo eso, algo más?", se preguntó Deux.
En este proceso de construcción que demandará la participación de todos los actores vinculados a la economía social existe un punto que es preferible dejar a un costado y Deux señala que tiene que ver con evitar los sectoralismos.
"Estos procesos enriquecen cuando son los más plurales posibles, hay que estar abiertos. La economía solidaria es plural, hay que evitar encapsularnos que nos limite para vincularnos con el resto de las economías, con otras experiencias, con el estado. Evitar restringir nuestro propio desarrollo en contra de nuestras propias capacidades, es decir exigir a la economía solidaria cosas que vaya en contra de la naturaleza del trabajo asociativo, autogestionado. Tenemos que ser cuidadosos de no contradecirnos con la instrumentalización, la ejecución, la reglamentación de la ley. No contradecir los principios que le dan fundamento a este sector", puntualizó.
El abogado Mario Shujman, co-director de la maestría en entidades de la economía social de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), consideró que la economía social requiere una legislación porque se está atravesando un momento en que la sociedad está encarando profundas transformaciones. "La economía social y solidaria funciona y tiene vigencia en la realidad. El primer paso es fortalecer esta economía alternativa, contrahegemónica a través de una ley que enmarque sus aspectos sustanciales, la proteja y distinga lo que es diferente", indicó.
El también presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Cooperativo, Mutual y de la Economía Social y Solidaria, consideró fundamental darle un tratamiento desigual a los desiguales, como el caso de los que integran la economía social. "Un emprendimiento de la economía social y solidaria requiere un tratamiento diferenciado. Nuestra Constitución habla del derecho de propiedad, y por ahí habla del derecho de propiedad comunitaria, evidentemente necesitamos discutir que el derecho de propiedad no es sólo de propiedad universal. Necesitamos discutir que hay un derecho de propiedad universal, pública, colectiva, comunitaria. Todos estos derechos requieren reconocimiento y todas las formas jurídicas de la economía social y solidaria consagran derechos distintos que la propiedad individual y eso requiere un tratamiento diferenciado", subrayó Shujman.
El magíster en economía social Daniel Maidana propuso armar un programa porque "puede que una ley no sea suficiente" para impulsar al sector de la economía solidaria. "Hay muchas leyes y éstas no siempre solucionan todo. Es interesante que funcione como bandera unificadora de toda esta movida, ir por una norma nos unifica, permite el debate y la articulación, pero sin caer en el fetichismo legislativo y creer que hay una ley y con eso solucionamos todo. Por caso, la de talles está pero no pasa nada, no se respeta", señaló.
El director del centro de servicios a la comunidad de la Universidad Nacional de General Sarmiento y docente del posgrado virtual en economía social y desarrollo local de la misma universidad remarcó que "es importante que se de este proceso de debate para que no quede la cuestión legislativa en manos de legisladores o abogados porque eso despolitiza el debate", al tiempo que apuntó que sería interesante ir trabajando con un programa que tenga como referencia un horizonte de sentido "porque sino el fortalecimiento de las prácticas puede tener un sentido reaccionario, de reescribirlo en el mismo sistema que los expulsó con alguna protección legal para que no protesten".
Maidana propone que el proceso para construir un proyecto de ley para la economía social se lleve a cabo de manera semejante a como se dio el debate por una radiodifusión democrática que terminó en la ley de medios audiovisuales. El especialista propone fijar una serie de puntos, consensuarlos y tachando contenidos para tener en cuenta las particularidades de cada actor. "Tenemos infinidad de prácticas todas muy valiosas pero todavía muy desarticuladas, cada una muy pendiente de su subsistencia, de cómo se financia, de cómo sigue, cómo pelea con sus dificultadas", mencionó.
En este camino de construcción, el referente de la economía social y solidaria consideró que además de los gobiernos "tienen que empezar a jugar las instituciones relevantes como la CGT y la CTA".
"La idea es que la economía social no solo sea una ley sectorial sino que se empiece a constituir una perspectiva", advirtió el analista.
Las cartas están sobre la mesa, llega el momento de integrar a todos y a todas en el debate para construir un marco legal que fortalezca a la economía social y solidaria.
