Este 1º de mayo encuentra al movimiento obrero enfrentando una feroz inflación y protagonizando disputas y negociaciones abiertas para amortiguar su impacto sobre los salarios.
El año 2022 se perfila como el de la gran batalla distributiva. Este 1º de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, encuentra al movimiento obrero enfrentando una feroz ofensiva inflacionaria y protagonizando una multiplicidad de disputas y negociaciones abiertas para amortiguar su impacto sobre los salarios.
Esa coyuntura está atravesado por una nueva complejidad. Entre otras cosas, por la realidad diversa que hoy caracteriza al mercado laboral que tensiona “el imaginario histórico sobre la clase trabajadora en Argentina”.
Un estudio publicado en los últimos meses del año pasado por el Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate) propone una mirada sobre “la clase que vive de su trabajo en la Argentina del siglo XXI”.
“Nos interesa conocer cómo se componen los hogares de las personas asalariadas, cuántas personas viven en ellos, cuántas trabajan y tienen ingresos y cómo se relacionan estos con la capacidad de consumo del hogar”, señalaron los economistas del centro de estudios.
En esa búsqueda analizaron la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (Engho) realizada en el año 2018. Una medición que permite captar cambios estructurales, con un importante nivel de detalle y alcance nacional.
Los economistas de Mate pusieron en discusión “ciertos estereotipos” forjados sobre el “hogar obrero”, una construcción histórica y cultural en la que “sobrevive la idea de que hay trabajadores con un único trabajo, con 44 horas semanales de trabajo que alcanzan para sostener un hogar y, sobre todo, que hay una única persona que trabaja en cada uno de los hogares”.
La realidad es más diversa. “La clase obrera existe, claro que sí, pero su realidad no es asimilable a la de algunas décadas atrás, ya no vive de un único ingreso y muchas veces tiene dos trabajos, los asalariados y asalariadas trabajan en promedio 37 horas y media por semana, y los trabajos informales, que representan a uno de cada tres trabajadores, son de menos horas y peor pagados”, describen.
Además, hay grandes diferencias de ingresos según el sector laboral. Y creció el monotributismo, un universo muy variado, concentrado en las categorías más bajas, y que en la práctica opera muchas veces como “una relación salarial encubierta”.
También hay diferencias sustanciales en las remuneraciones entre varones y mujeres. Según la Engho, casi 75% de las personas ocupadas son asalariadas. En el momento de la encuesta eran 12,7 millones de personas. Los trabajadores formales del sector privado son el grupo más importante: cuatro de cada diez. El Estado ocupa a un poco menos de la cuarta parte. Y los trabajadores sin registrar son una porción enorme, que se mantuvo estable entre 30% y 35% del total a lo largo de los últimos años. En 2018 llegó a uno de los puntos más altos.
Casi el 90% de los trabajadores formales tiene un empleo de tiempo completo (más de 30 horas por semana) pero este valor desciende al 81% en el sector público. Sólo el 62% de los trabajadores informales trabaja todo ese tiempo. “Esto marca una primera desigualdad: tener un trabajo informal, en general, implica que además será un trabajo que no completa un mínimo de horas”, indican desde Mate.
Otro fenómeno es el del “segundo empleo”. El promedio general de los trabajadores que dedican al menos 5 horas semanales a un segundo empleo que sea fuente de ingresos es del 8%. Entre el sector público, sube al 14%.
Una de las causas que podría explicar la diferencia es que los empleados públicos trabajan en promedio seis horas menos por semana que los del sector privado formal (42,5 los primeros, contra 36,1 de los segundos). Quienes tienen una segunda ocupación trabajan en promedio menos horas en la principal pero muchas en la segunda. Es decir que las horas totales trabajadas por semana en estos grupos es mucho más alta que el promedio general (entre 10 y 14 horas, dependiendo del caso).
El relevamiento apunta que hay una fuerte dispersión salarial por sectores dentro del sector privado, pero también que hay diferencias por sexo. El estudio captó que las mujeres ganan menos y trabajan en promedio menos horas que los varones en todos los casos. Pero el salario por hora de las mujeres es mayor. “Este dato puede parecer sorprendente pero tiene sentido cuando se toma en cuenta, por un lado, que las mujeres trabajan en mayor proporción dentro del sector público y, por otro, su calificación, en términos de los niveles de estudio”, indican.
Las mujeres trabajadoras tienen mayor nivel educativo pero en cada una de las divisiones establecidas tienen un salario menor que el de los varones. Los “techos de cristal” limitan la ocupación de puestos de mando. Por otra parte, las mujeres a cargo de familias asumen más tareas de cuidados que los varones, pueden trabajar menos horas y, así, tienen salarios más bajos.
A diferencia de otras épocas, el mundo asalariado se divide hoy en una proporción bastante similar entre varones y mujeres.
Según la Engho, el 55% y el 45%, respectivamente. Entre las mujeres que trabajan y son asalariadas, prácticamente la mitad (48%) tienen estudios universitarios iniciados o completos, lo que contrasta con el 26% de los varones. En el nivel primario (hay casi el doble de varones que de mujeres trabajando (89% de diferencia).
Esta diferencia se reduce en el caso del secundario, hasta llegar a un 69%. Y se da vuelta en el nivel terciario y universitario, con un 50% más de mujeres que de hombres. De de cada 10 trabajadores asalariados con estudios de nivel superior completo o incompleto, 6 son mujeres y 4 son varones.
“Esta diferencia muestra el cambio de largo plazo en el mercado laboral; las mujeres se han incorporado hasta igualar prácticamente a los varones en número, pero hay un corte muy notable explicado por el nivel educativo”, apuntan.
La relación con las horas trabajadas es diferente. Los varones trabajan alrededor de 44 horas semanales en promedio, independientemente de su calificación. Las mujeres más calificadas trabajan, en general, más que las menos calificadas.
En términos generales, a un mayor nivel educativo corresponde una menor tasa de informalidad. Entre los trabajadores que tienen escuela primaria incompleta la informalidad alcanza a prácticamente el 70%. En el caso de quienes tienen nivel superior universitario completo es del 11%.
La formalidad del puesto de trabajo garantiza una mejor remuneración, mejores condiciones de trabajo y salubridad y una mayor estabilidad laboral. Los investigadores pusieron el ejemplo de la pandemia: “La prohibición de despidos protegió los puestos de trabajo formales pero no pudo contener el derrumbe del sector informal. En el segundo trimestre de 2020 se perdió el 2,5% de los empleos formales y el 35% de los puestos informales de la economía”.
El salario medio en el sector informal es menos de la mitad del ingreso neto de un trabajador formal.
También la nueva foto del mercado laboral muestra que en la mitad de los hogares asalariados del país hay dos ingresos y en un 17% hay tres o más. Es decir, que sólo en uno de cada tres hogares hay un único ingreso. Son alrededor de 2 millones, de los cuales 350.000 son hogares monoparentales y otros 760.000 son unipersonales.
El caso de los hogares monoparentales, con al menos un hijo o menor a cargo muestra una tremenda disparidad de género.
El 90% está a cargo de una mujer. El 92% de los niños y niñas de hogares monoparentales viven en un hogar en donde la jefa es mujer. Además, en esos hogares las mujeres trabajan menos horas en promedio (34 contra 43 de los hogares con jefe varón) y tienen un menor ingreso total (un 15% menor).
Como resultado, el ingreso per cápita en los hogares monoparentales conducidos por una mujer es 25% menor que el que conduce un hombre.
El monotributo fue creado en julio de 1998, emulando figuras similares en otros países, sobre todo de América latina.
Ante “la ausencia o insuficiencia regulatoria”, aclaran desde Mate, este sistema permitió a las entidades empleadoras “ocultar una relación salarial evidente”, contribuyó a “legalizar la precarización laboral” y también naturalizar “la existencia de una ciudadanía de segunda categoría con ingresos por debajo del salario mínimo, vital y móvil vigente”.
El régimen simplificado alberga un universo heterogéneo. Están quienes tienen su actividad única dentro de él y los que acompañan otra ocupación en relación de dependencia.
También los profesionales con matriculación o concomitancia de una relación salarial que no están incluidos en las obligaciones del pago de jubilaciones y el sistema de salud. Y están los monotributistas sociales desde 2007.
El ritmo de crecimiento de las personas inscriptas en el monotributo supera el del aumento de la población total, de la población económicamente activa, y de la ocupación de trabajadoras y trabajadores registrados del sector privado. A fin de 1998 había 642 mil personas inscriptas, el 4,7% de la población económicamente activa (PEA).
En el primer trimestre de 2021 había casi 4 millones, el 22% de la PEA.
Entre 2003 y 2015 tuvo una tendencia a amesetarse, debido al proceso de expansión económica que se tradujo en la creación de puestos de trabajo registrados en el sector privado, de 3.774.752 y a 6.582.821.
En 2021 las personas inscriptas activas en el monotributo equivalían al 64% de la fuerza de trabajo registrada en el sector privado.
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