La centralidad de la distribución del ingreso para la clase trabajadora

De cara al 1° de Mayo, parece central examinar el recorrido económico de la presente gestión gubernamental considerando como eje principal el reparto de los ingresos generados.

Comparando la situación distributiva en los comienzos del 2020, previo a la pandemia (el 1er trimestre), con la última información disponible del 2021 (4to trimestre) surge lo siguiente: la masa salarial pierde 5,2 puntos de participación como resultado del comportamiento del empleo y los salarios, es decir, que en el contexto de la recuperación de la actividad económica los trabajadores transfirieron en pesos, al cambio oficial, 23.589 millones de dólares.

El ingreso mixto, representativo de la fuerza laboral no asalariada informal perdió a su vez 3 puntos de participación en el ingreso generado. Esto significa que este sector de la fuerza de trabajo transfirió 13.650 millones de dólares en el mismo periodo. En ese contexto, el excedente bruto de explotación concentrado en la cúpula dominante en términos empresariales se expandió en un 11,2 puntos de participación apropiando 50.357 millones de dólares. Es decir que el excedente creció por encima de lo que la fuerza laboral le transfirió. La razón: el proceso inflacionario le permitió capturar en su favor incluso los subsidios que el Estado expandiera en el período. En otros términos, durante la etapa considerada los subsidios públicos expandieron el ya abultado excedente empresarial en 13.118 millones de dólares adicionales.

De esta manera, en el marco de un crecimiento económico del 7,8% en el período considerado, el excedente empresarial se expandió apropiando el 9,3 % del PBI del cual el 75% del mismo fue transferido por los trabajadores/as tanto asalariados como no asalariados, tanto formales como informales. El conjunto de la fuerza laboral perdió en total 8,2 puntos de participación en el ingreso que implica haber transferido un total de 37.239 millones de dólares al excedente capturado por el capital concentrado.

Este es el contexto de ampliación de la desigualdad en el marco del cual deben entenderse los datos de recuperación de la actividad económica que sistemáticamente se presentan y que, al disociarse de su distribución, oscurecen la comprensión del proceso que vive la sociedad argentina y puntualmente su clase trabajadora.

El trabajo que presentamos pone en contexto las recientes medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo que se inscriben en una estrategia de compensación que sólo busca intervenir sobre el deterioro ocurrido en el primer trimestre del año, prescindiendo de compensar la pérdida acumulada en los dos años previos.

A la vez, en tanto compensación, las medidas adoptadas no constituyen políticas de ingresos y carecen de potencialidad para incidir positivamente en la distribución del ingreso. De hecho, si se considera la pérdida en pesos durante los últimos dos años y un trimestre transcurridos desde el 2020 soportada por los principales conceptos de ingresos de la economía informal y por los/as jubilados/as, surge que los bonos debieran oscilar entre los $44,5 mil hasta los $107 mil.

Para resolver el problema en que nos encontramos se requiere una intervención integral sobre el mundo laboral en el marco de una potente estrategia antiinflacionaria. La intervención integral supone:

• Un Ingreso Básico Universal (IBU) para toda la población que no tiene garantizado un salario o ingreso formal para terminar con el hambre.
• Eliminar la sobrejornada laboral para resolver la desocupación: Si se controlara el exceso de tiempo de trabajo por encima de la jornada laboral legal que realizan 2,3 millones asalariados/as registrados/as que actualmente son sobreocupados, podrían crearse 832.763 puestos de trabajo.
• Garantizar el Salario Mínimo al conjunto de los/as trabajadores/as: a partir de garantizar a los 4 millones de trabajadores de la economía popular el cobro de un salario social de empleo y formación que los incorpore a una red de economía pública y social junto a los Estados nacional, provincial y municipal, las pymes, las cooperativas y las organizaciones populares.
• Impulsar una estrategia de reparto de la productividad resultante del cambio tecnológico en las principales empresas del país a partir de la reducción de la jornada laboral con mantenimiento del nivel salarial. Esta propuesta supone unos 500.000 puestos de trabajo.
• Un nuevo modelo político sindical acorde a la nueva realidad de los trabajadores/as de la Argentina. Es preciso propiciar un cambio institucional que promueva la libertad y democracia sindical en dirección a garantizar un nuevo modelo de organización hacia la unidad de la clase trabajadora.

(*)Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP)