En tiempos de endurecimiento de la puja distributiva, el concepto de salario mínimo instalado por el gremio de los aceiteros se convirtió en un faro, una referencia, al menos a nivel aspiracional, para el movimiento obrero.
En tiempos de endurecimiento de la puja distributiva, el concepto de salario mínimo instalado por el gremio de los aceiteros se convirtió en un faro, una referencia, al menos a nivel aspiracional, para el movimiento obrero.
Cuando en 2004 el gobierno de Néstor Kirchner convocó al Consejo del Salario, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario (Soear) elaboró un documento en el que se pronunció a favor de calcular el salario mínimo, vital y móvil (SMVM), en base al artículo 116 de la ley de contrato de trabajo.
Este valor, calculado sobre la necesidad de cubrir una canasta de gastos más amplia que la que se usa como referencia para su actualización anual, recoge como antecedente el decreto 33.302 que elaboró Juan Domingo Perón antes de dejar la Secretaría de Trabajo, en 1945.
Esa norma consideró al salario mínimo, como “la remuneración del trabajo que permite asegurar en cada zona, al empleado y obrero y a su familia, alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte o movilidad, previsión, vacaciones y recreaciones”.
En 1957, la Constitución introdujo en el artículo 14 bis, el derecho a un “salario mínimo vital y móvil”, mientras que la ley de contrato de trabajo del 27 de septiembre de 1974 lo definió, en su artículo 116, como “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento”.
La dictadura militar y, luego, la década menemista, desandaron el camino del derecho laboral y condicionaron, en el caso del salario mínimo, su metodología de cálculo a los requisitos de productividad y “razonabilidad económica”. En definitiva, le pusieron un techo, amparados en el concepto que asimila el salario a un costo y no a un factor de impulso a la demanda.
Fue el abogado laboralista Horacio Zamboni quien fogoneó la recuperación del concepto original del salario mínimo, vital y móvil como parte de “la corriente internacional de políticas anticíclicas y de intervencion estatal promovidas a partir de la gran crisis de 1929”.
“El origen de esa institución en Argentina es el decreto de Perón, en 1945, que fue parte de la llamada política de ingresos para los sectores no sindicalizados, que constituía a su vez la base de la negociación colectiva para los sindicalizados”, escribió en uno de los artículos recopilados en el libro “Teoría y práctica de un revolucionario”.
Las reivindicaciones económicas de los trabajadores y las instituciones laborales creadas por el Estado durante los años de la gran depresión formaron parte del dispositivo keynesiano de recuperación del capitalismo en el marco de la pelea entre capital industrial y capital financiero.
El valor económico de estas instituciones fue subrayado por Zamboni en muchos escritos. Uno de ellos fue la carta que envió en abril de 1992 al jefe del servicio de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para denunciar el decreto 1.334 del menemismo, que condicionó la negociacion salarial a la productividad.
“Las patronales herederas del programa neoliberal que el menemismo hiciera realidad, pretenden que el salario, como cualquier mercancía, pueda ser vendido por debajo del monto que resultaría de tener en cuenta la definición de la ley de contrato de trabajo”, dijo.
Como abogado del Sindicato de Obreros Aceiteros de Rosario inspiró al gremio a plantear en las paritarias del sector en 2004 que la negociación salarial debía partir de considerar el salario mínimo como lo establece el artículo 116. Desde ese momento, es el piso a partir del cual el gremio y la federación nacional de la actividad plantean sus reclamo salarial. En el último acuerdo con las cámaras patronales aceiteras, ese mínimo fue fijado en 153 mil pesos.
Carlos Zamboni, hijo de Horacio y actual asesor legal del sindicato aceitero, señaló que el reclamo es práctico pero también conceptual y apunta a dar un “salto cualitativo” en la negociación salarial. “La idea es que la discusión salarial no se límite a los porcentajes de inflación sino que tenga como base el cálculo del salario mínimo, vital y móvil como valor de reposición de la fuerza de trabajo”.
Esta reivindicación influyó en la conformación de pisos de ingreso para las actividades agroexportadoras en el cordón industrial santafesino, que la Confederación General del Trabajo (CGT) San Lorenzo cristalizó en lo que fue pro entonces el llamado acuerdo Copa. Otros gremios lo han tomado como objetivo a alcanzar. “Hay muchas actividades con tasa de ganancia suficiente como para pagar el salario mínimo, vital y móvil y si hay empresarios que dicen que no pueden pagarlo, primero que muestren los balances para discutirlo y, luego que se discuta cómo hacen para llegar”, dijo.
El Soear fue en 2004 el primer gremio en plantear que la determinación de un salario mínimo que cubriera la necesidad de reposición de la fuerza de trabajo debía ser la base de la negociación colectiva.
El primer estudio en que se apoyaron para su reclamo fue el que realizaba el Cespa de la Universidad de Buenos Aires, que condujo hasta su muerte el economista Jorge Schvarzer. El equipo de investigación del Ceal (Centro de Estudios y Asesoramiento Legal) tomó de esa estadística los ingresos que cubrían una canasta de gastos que no expresara subconsumo ni significativa capacidad de ahorro. Usó para la actualización a lo largo de los años el índice de precios al consumidor 9 provincias, que construyó el centro Cifra.
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