La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, que preside Cecilia Moreau, inició ayer el debate de los proyectos que buscan modificar la ley de alquileres, con la exposición de asociaciones de alquileres, inquilinos, propietarios y de inmobiliarias.
En la primera reunión informativa, las asociaciones de martilleros y de cámaras inmobiliarias del interior del país plantearon la necesidad de reformar el plazo y la actualización de los contratos establecidos en la ley de alquileres. En cambio, las asociaciones de inquilinos se pronunciaron a favor de mantener la ley vigente.
La reunión estuvo conducida por Cecilia Moreau, la vicepresidenta de la comisión, la diputada de Evolución Radical, Carla Carrizo, y la legisladora de la UCR, Karina Banfi.
En la primera reunión informativa, la mayoría de los 42 expositores correspondieron al Colegio de Martilleros y a las cámaras inmobiliarias que representan a los propietarios, quienes plantearon la necesidad de modificar el plazo de los contratos para que se reduzcan de tres a dos años, y que la actualización de los alquileres se realice cada seis meses, en el marco de una reforma de la ley vigente en la actualidad.
Si bien en esta oportunidad sólo expusieron nueve asociaciones de inquilinos, los representantes de éstas entidades plantearon que no se debe acelerar la reforma de la ley. También propusieron analizar “en detalle” la iniciativa para poder proteger a las familias que deben alquilar una propiedad.
La comisión de Legislación General continuará con las rondas informativas el martes 19 y miércoles 20 de abril. En esta última podría estar presente el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi.
En tanto, el debate de los diputados para consensuar un dictamen entre el oficialismo y la oposición se hará el 25 y 26 de abril, con el objetivo de que la reforma sea sancionada en el recinto en la primera quincena de mayo, en base al cronograma acordado.
En la apertura de la reunión, Moreau puso de relieve la importancia del debate y destacó “la necesidad de escuchar a las provincias que son parte de la problemática”.
El primero en exponer ayer fue Giovanni Tesaro, jefe departamento jurídico de Defensa del Consumidor de Chaco, quien consideró que la ley “debe tener previsibilidad”.
En tanto, Matías Sironi, representante del Colegio de Corredores Inmobiliarios de esa misma provincia, dijo que la ley actual “no contribuyó a dar soluciones a la crisis habitacional y profundizó la escasez de oferta”, al advertir que “no tiene en cuenta la receptividad del turismo ni las actividades estacionales”. Advirtió que la sola derogación “es insuficiente para atender la problemática porque hay que atender las causas reales”.
Por su parte, Roberto Diaz, de la Unión de Inquilinos de Río Negro, advirtió que “hay personas viviendo en carpas, en autos o en colectivos” como consecuencia de la aplicación de la ley y consideró que “la situación es preocupante”.
Desde San Luis, el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Fernando Olcese, aseguró que “no existen ofertas de inmuebles para el alquiler, pero no solamente en San Luis, sino en el resto de la Argentina, que es lo que hablamos permanentemente y tenemos que solucionar”.
En tanto, Antonio Salinas, jefe de la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario, aseguró que este año ya se recibieron 245 denuncias por incumplimientos de la ley de alquileres de parte de inquilinos e inquilinas y señaló que están relacionados con las expensas, plazos de contratos y no registración.
A su turno, la representante del Colegio de Corredores Públicos de Misiones, María Bower, señaló que la ley provocó consecuencias en un sentido opuesto a lo que la ley pretendía. “Nació con buenas intenciones, pero provocó en nuestro mercado una disminución en la oferta de alquileres”, dijo.
En tanto, Jonathan Villanueva, de Inquilinos por Entre Ríos, señaló que “el mercado es voraz y va en desmedro de los inquilinos” y rechazó los argumentos de los propietarios y martilleros al señalar que dicen “mentiras” y “ocultan información cuando dicen que los 3 años no dan previsibilidad y el que dice eso es porque no alquila”.
El representante del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán, Fernando Guzmán, pidió “reducir el plazo y volver a los contratos de dos años porque le acrecentó el gasto al inquilino” y señaló que “es imposible no actualizar los alquileres cada seis meses”.
Por último, desde Inquilinos Organizados de Luján denunciaron “una Odisea constante por la asimetría entre inquilinos y el mercado inmobiliario”.
En forma previa al inicio de las reuniones informativas para analizar la ley de alquileres, la Mesa de Derechos de lso Inquilinos emitió un documento en el que rechaza los intentos de reforma a la normativa vigente desde hace menos de dos años.
Denunciaron que “distintos representantes del mercado inmobiliario intentan construir un relato” que le echa la culpa a la ley de los problemas de vivienda que afectan a millones de inquilinas e inquilinos. Y advirtieron que se trta de una “gran trampa”. En realidad, las modificaciones propuestas por estos sectores buscan “eliminar las protecciones y derechos mínimos que garantiza la ley”.
“Derogar o suspender la ley de alquileres no va a bajar el precio de los alquileres, va a significar más desprotección para las personas que alquilan”, subrayaron.
La mesa aseguró que no hay datos oficiales que demuestren el impacto de la ley de alquileres en el mercado y, mucho menos, que demuestren que la caída de la oferta de inmuebles en alquiler es el resultado de la norma. “Incluso hay estudios que muestran que esa caída es un fenómeno que comenzó antes de su puesta en marcha”, señaló.
En ese sentido, propuso: regular el precio inicial del alquiler de vivienda, grantizar un plazo mínimo de tres años de duración de la locación, disponer un mecanismo público de actualización anual ajustado a la capacidad de pago de los hogares inquilinos, crear un sistema público de garantías, generar vivienda pública en alquiler y crear un organismo ejecutivo de regulación y control de las relaciones de alquiler.
La mesa está integrada, entre otros, por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la Federación de Inquilinos Nacional, Defensoría del Pueblo de Caba.
El Ministerio de Desarrollo Territorial abrió ayer la inscripción a la línea Casa Propia para construcción, que posibilita el acceso al crédito para la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados que se asienten en lote propio. Esta línea ofrece financiación de 100% sin necesidad de contar con ahorros previos. Los interesados deben contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones.
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