La Justicia dispuso la inhibición general de bienes por casi siete millones de pesos para cada uno de los ocho directivos y el síndico de la empresa bursátil rosarina Guardati Torti SA (GT SA), quienes fueron imputados por el delito de administración fraudulenta contra inversores que confiaron sus ahorros a la compañía. También estableció la prohibición de salir del país para los ejecutivos, sobre quienes además pesa una medida cautelar previa que estableció una fianza personal de 2 millones de pesos.
En el marco de una audiencia realizada hoy, que fue la continuación de un cuarto intermedio de una iniciada el 23 de diciembre último, el juez Alejandro Negroni aceptó los planteos del fiscal Sebastián Narvaja y dispuso esa medida para los imputados: Angel Alberto Torti, Juan Carlos Guardati, Noemía Alicia Ponte, Susana Margarita Alesandrini, Natalia Susana Guardati, Alejandro Damián Giacomino, Juan Martin Guardati, Laura Marcela Torti y Gustavo Ricardo Rossi.
El magistrado indicó en su resolución justifica la medida cautelar de carácter “a los efectos de garantizar la pena pecuniaria consistente en la inhibición general de bienes sustituible por bienes ofrecidos ellos a embargo libres de gravamen para cada uno de ellos, librándose los despachos registrales pertinentes hasta cubrir la suma de $6.975.000 por cada uno”.
Por otra parte establece la “prohibición de salir del país” y “la prestación por parte de cada uno de los imputados de una caución patrimonial en forma real o personal en el monto de 2 millones de pesos, otorgándose el plazo de 15 días para la correspondiente prestación”.
En los argumentos se establece que la inhibición por casi siete millones de pesos es a los efectos de las multas que que pueden llegar a caberles a los imputados en el caso de que haya una sentencia en su contra.
La primera audiencia
La imputación a los ocho directivos de Guardati Torti SA (GT SA) se dio inicialmente en la audiencia del 23 de diciembre último y fue para agregar 114 personas a los 42 damnificados iniciales con las que arrancó la causa penal que tiene a los empresarios acusados desde marzo pasado por administración fraudulenta.
En esa oportunidad el juez Negroni validó la legalidad de la investigación, que fue cuestionada por las defensas.
El fiscal Narvaja le atribuyó a los ocho directores y al síndico haber defraudado a 156 inversores que les delegaron operaciones financieras ocasionándoles un perjuicio patrimonial de 6.768.645 pesos y 1.152.151 dólares. El accionar doloso o delictivo adjudicado consistió, dijo Narvaja, “en traspasar de manera desleal los fondos de las cuentas comitente de los ahorristas, en violación de sus deberes de custodia y conservación, a una empresa de corretaje de cereal y comisionista de granos, que manejaba la misma compañía y que estaba en serios aprietos económicos”.
El reproche fue que los directivos aplicaron el dinero de los ahorristas para calzar los pasivos de GyT Plus SA, como se denomina la firma de negocios agropecuarios. Los inversores empezaron a descubrir que no podían recuperar sus ahorros el 6 y 7 de febrero de 2020. Pero ya para cinco meses antes, dijo el fiscal, la situación de la corredora y exportadora de cereales del grupo era apremiante: su patrimonio neto al 30 de septiembre de 2019 era negativo 746 millones de pesos.
Narvaja sostuvo que los 156 clientes fueron despojados de sus inversiones cuando los directivos dispusieron de ellos “por medio de actos que tenían prohibidos, en beneficio propio y en beneficio del grupo empresario cuya conducción y control ejercían”. Esas maniobras se realizaron dolosamente, sostuvo el fiscal, violando los deberes que pesaban sobre los directores, en contra de la normativa dictada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y por los contratos pactados con los clientes. Nadie de la empresa podía bajo ningún supuesto disponer de esos fondos sin una orden específica de sus clientes.
Según señaló Narvaja, el mismo directorio de GT SA, en connivencia con su contador de confianza, auditor y síndico “decidió violar todos los deberes enunciados sobre custodia y administración de los fondos de sus cuenta comitentes”. Y eso quedó para el fiscal expuesto cuando el propio Juan Carlos Guardati al brindar explicaciones, con motivo del procedimiento de verificación ejecutado por la Comisión Nacional de Valores, que hizo esa revisión cuando fue evidente las causas de la iliquidez de la corredora de granos y de la ausencia de los fondos de los inversores de Bolsa.
La acusación recogió un argumento de los damnificados: señaló la empresa usó sus ahorros para cubrir el rojo de la empresa cerealera en lugar de fondearse con medios legítimos o comprometer sus patrimonios personales. Precisamente los ahorristas recordaron en una nota con este diario que los jueces Nicolás Vico Gimena y Facundo Becerra ordenaron allanamientos a cajas de seguridad vinculadas a cuatro directivos de Guardati y Torti donde, según afirmaron, se verificaron en marzo tenencias por 700 mil dólares.
Ese dinero de acuerdo el planteo del fiscal Narvaja era para decomisar para evitar la consolidación de un ilícito presunto y disponer un fondo para el futuro resarcimiento de las víctimas. Pero la defensa interpuso un reclamo para que no se pudiera cautelar el contenido de los cofres por insuficiente fundamentación para los allanamientos.
El camarista Javier Beltramone encontró razonable el planteo y dejó sin efecto la incautación de los fondos, que fueron devueltos a los dueños de las cajas de seguridad. Luego hubo un pedido de recusación de parte de Narvaja contra Beltramone. La Cámara Penal confirmó a Beltramone en su lugar pero éste decidió apartarse voluntariamente del caso.
El fiscal rechazó la idea de que la crisis de la cerealera Vicentin, en concurso de acreedores por deudas por 1.400 millones de dólares, haya influido en el colapso de la corredora GyT Plus. Señaló que al menos dos meses antes del anuncio del “estrés financiero” de Vicentin. Que ya entonces Guardati debió exponerse a recomponer su patrimonio o exponerse a una suspensión de las autoridades para funcionar. “A inicios de febrero (de 2020) las autoridades de Guardati Torti intentaron convencer al público de que no tenía ninguna dificultad financiera”, manifestó Narvaja.
También se señaló en la audiencia de diciembre que la determinación de tomar los fondos de los ahorristas bursátiles sin documentación precisa de como se hizo presume una decisión dolosa que pesa sobre cada uno de los integrantes del directorio.
