Uno de los inversores que se vio afectado por la presunta estafa pidió que se revoque la resolución judicial y continúe la investigación
El presidente Javier Milei junto al estadounidense Hayden Davis, otro de los involucrados en el caso $Libra.
Uno de los inversores perjudicados por el lanzamiento y posterior derrumbe de la criptomoneda $LIBRA apeló el sobreseimiento que logró el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros nueve imputados y solicitó que se revoque la resolución judicial y continúe la investigación por la presunta estafa.
Apenas un día hábil después de la noticia del sobreseimiento Juan Patricio Marchetto presentó un recurso de 40 páginas con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, en el que cuestiona duramente la actuación del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano.
El inversor recurrió en su carácter de "pretenso querellante", dado que fue apartado de la causa y se encuentra a la espera de que la Cámara Federal de Casación Penal defina su situación procesal.
Pese a esta condición pendiente, Marchetto se convirtió en el primer afectado en impugnar el fallo para evitar el cierre definitivo de la investigación, previéndose que otros damnificados realicen presentaciones similares durante el transcurso de la semana.
En el escrito, el apelante sostiene que el magistrado Martínez de Giorgi incurrió en "contradicciones", "confusiones" y una "valoración fragmentaria" de las pruebas recopiladas.
Uno de los argumentos centrales sostiene que el juez confundió la falta o insuficiencia de pruebas con la inexistencia de delito, concluyendo que los hechos no encuadraban en una figura penal aun cuando restaban ejecutar diligencias clave para esclarecer lo ocurrido.
Asimismo, el recurso cuestiona fuertemente la conducta del fiscal Taiano por demoras en la producción probatoria, la falta de citación de testigos y el pedido de archivo mientras continuaban pendientes medidas ordenadas por la propia Fiscalía.
Sobre este aspecto, la presentación subraya: "Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado".
La investigación se inició por el lanzamiento del activo digital el 14 de febrero de 2025. Ese día, Milei difundió en su cuenta de X un mensaje sobre el proyecto y la dirección del contrato para operar con la criptomoneda.
La cotización subió con fuerza y luego se desplomó, lo que generó pérdidas a miles de compradores y denuncias penales.
Para la fiscalía, las pruebas reunidas no permitieron acreditar una maniobra engañosa con relevancia penal. La pesquisa incluyó pericias digitales, análisis de operaciones en la red Solana, pedidos de información a organismos públicos y solicitudes de cooperación a Estados Unidos.
El juez sostuvo que el mensaje presidencial pudo dar visibilidad al proyecto e influir en la confianza de los compradores, pero que eso no demostraba por sí solo una estafa. También entendió que la suba y la caída del precio no bastaban para acreditar un engaño concreto.
Respecto del presidente, descartó además los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.
Para ello tomó en cuenta las conclusiones de la Oficina Anticorrupción (OA), según las cuales el posteo no fue un acto institucional ni implicó el uso de fondos estatales.
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