El gobernador Hermes Binner aseguró ayer que las industrias que tengan una facturación inferior a los dos millones de pesos anuales continuarán excluidas del pago de ingresos brutos, a partir de allí la propuesta de reforma que el Ejecutivo presentará esta semana se "irá incrementando a medida que tengan más ingresos".
Más tarde, durante la inauguración del congreso de Aapresid en la Bolsa de Comercio de Rosario, el mandatario tiró otro dato: el esquema de restablecimiento del impuesto será bastante parecido al establecido por Córdoba, con la intención de evitar "asimetrías" dentro de la Región Centro.
Esta definición puede dar una luz sobre las alícuotas que se manejan. En la provincia meditarránea se dispuso que las industrias que facturen por encima de 1,3 millón de pesos pagarán un 1% en concepto de ingresos brutos. También estableció que la construcción pagara 2,5% y elevó del 3,5% a 4% la alícuota para los comercios.
La reforma fiscal que impulsa la gestión binnerista también incluiría el fin de exenciones fiscales para 87 multinacionales establecidas en Santa Fe aunque con sede en otro distrito, la mayoría englobadas bajo el esquema de la ley de promoción industrial. El costo fiscal de todas las exenciones otorgadas en la provincia superan holgadamente los 500 millones de pesos anuales.
Por otra parte, Binner confirmó la simplicación de este impuesto, en una especie de monotributo provincial, alcanzaría a unos 40 mil pequeños contribuyentes, quienes pasarán a tener una menor presión fiscal. "La reforma tributaria es una propuesta muy estudiada que indudablemente generará sorpresas, porque se aliviará todas las cargas de los pequeños contribuyentes, muchos van a dejar de pagar y otros, los máximos contribuyentes, tendrán que ayudar a la solidaridad que necesitamos en nuestra provincia y aportar más", aseguró el gobernador.
Binner dejó flotando en el aire que el establecimiento de una quinta cuota del inmobiliario cuenta con mayores chances de concretarse que una sexta de patentes. Respecto al inmobiliario, trascendió que aún restaría definir si se establece un porcentaje mayor de incremento para el rural en relación al urbano, el aumento sería a cuenta de una actualización futura de las propiedades, un trabajo que llevaría unos ocho meses.
La intención del Ejecutivo es elevar mañana la propuesta definitiva a la Legislatura, donde seguramente su tratamiento se extendería algunas semanas. l
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