Ocho directivos de la empresa bursátil Guardati Torti SA (GT SA) más el contador y síndico de esa compañía volvieron a ser imputados este jueves por generar una defraudación contra inversores que les confiaron sus ahorros. El nuevo acto judicial fue para agregar 114 personas a los 42 damnificados iniciales con las que arrancó la causa penal que tiene a los empresarios acusados desde marzo pasado por administración fraudulenta. El juez Alejandro Negroni validó la legalidad de la investigación, que fue cuestionada por las defensas. Por un acuerdo entre las partes los involucrados deberán no salir del país ni hacer operaciones con bienes registrables hasta febrero, cuando se reanude el trámite.
El fiscal Sebastián Narvaja le atribuyó a los ocho directores y al síndico haber defraudado a 156 inversores que les delegaron operaciones financieras ocasionándoles un perjuicio patrimonial de 6.768.645 pesos y 1.152.151 dólares. El accionar doloso o delictivo adjudicado consistió, dijo Narvaja, en traspasar de manera desleal los fondos de las cuentas comitente de los ahorristas, en violación de sus deberes de custodia y conservación, a una empresa de corretaje de cereal y comisionista de granos, que manejaba la misma compañía y que estaba en serios aprietos económicos.
El reproche fue que los directivos aplicaron el dinero de los ahorristas para calzar los pasivos de GyT Plus SA, como se denomina la firma de negocios agropecuarios. Los inversores empezaron a descubrir que no podían recuperar sus ahorros el 6 y 7 de febrero de 2020. Pero ya para cinco meses antes, dijo el fiscal, la situación de la corredora y exportadora de cereales del grupo era apremiante: su patrimonio neto al 30 de septiembre de 2019 era negativo 746 millones de pesos.
Los imputados fueron los dueños de la empresa bursátil, Ángel Alberto Torti y Juan Carlos Guardati. Pero se hizo extensiva a los demás integrantes de la conducción que son sus esposas, hijos y yerno: Natalia Guardati, Noemí Ponte, Susana Alesandrini, Alejandro Giacomino, Juan Martín Guardati y Laura Torti, en sus roles de directores titulares de la compañía.
Luego de ocho horas de debate el juez decidió un cuarto intermedio hasta febrero. Como no hubo resolución sobre temas cautelares, restricciones que se proponía pedir el fiscal para los imputados, se llegó a un acuerdo: hasta febrero los involucrados no podrán salir del país ni realizar operaciones sobre bienes registrables.
Narvaja sostuvo que los 156 clientes fueron despojados de sus inversiones cuando los directivos dispusieron de ellos “por medio de actos que tenían prohibidos, en beneficio propio y en beneficio del grupo empresario cuya conducción y control ejercían”. Esas maniobras se realizaron dolosamente, sostuvo el fiscal, violando los deberes que pesaban sobre los directores, en contra de la normativa dictada por la Comisión Nacional de Valores y por los contratos pactados con los clientes. Nadie de la empresa podía bajo ningún supuesto disponer de esos fondos sin una orden específica de sus clientes.
Según señaló Narvaja, el mismo directorio de GT SA, en connivencia con su contador de confianza, auditor y síndico “decidió violar todos los deberes enunciados sobre custodia y administración de los fondos de sus cuenta comitentes”. Y eso quedó para el fiscal expuesto cuando el propio Juan Carlos Guardati al brindar explicaciones, con motivo del procedimiento de verificación ejecutado por la Comisión Nacional de Valores, que hizo esa revisión cuando fue evidente las causas de la iliquidez de la corredora de granos y de la ausencia de los fondos de los inversores de bolsa.
La acusación recogió un argumento de los damnificados: señaló la empresa usó sus ahorros para cubrir el rojo de la empresa cerealera en lugar de fondearse con medios legítimos o comprometer sus patrimonios personales.
Precisamente los ahorristas recordaron en una nota con este diario que los jueces Nicolás Vico Gimena y Facundo Becerra ordenaron allanamientos a cajas de seguridad vinculadas a cuatro directivos de Guardati y Torti donde, según afirmaron, se verificaron en marzo tenencias por 700 mil dólares. Ese dinero de acuerdo el planteo del fiscal Narvaja era para decomisar para evitar la consolidación de un ilícito presunto y disponer un fondo para el futuro resarcimiento de las víctimas. Pero la defensa interpuso un reclamo para que no se pudiera cautelar el contenido de los cofres por insuficiente fundamentación para los allanamientos. El camarista Javier Beltramone encontró razonable el planteo y dejó sin efecto la incautación de los fondos, que fueron devueltos a los dueños de las cajas de seguridad. Luego hubo un pedido de recusación de parte de Narvaja contra Beltramone. La Cámara Penal confirmó a Beltramone en su lugar pero éste decidió apartarse voluntariamente del caso.
El fiscal rechazó la idea de que la crisis de la cerealera Vicentin, en concurso de acreedores por deudas por 1.400 millones de dólares, haya influido en el colapso de la corredora GyT Plus. Señaló que al menos dos meses antes del anuncio del “estrés financiero” de Vicentin. Que ya entonces Guardati debió exponerse a recomponer su patrimonio o exponerse a una suspensión de las autoridades para funcionar. “A inicios de febrero (de 2020) las autoridades de Guardati Torti intentaron convencer al público de que no tenía ninguna dificultad financiera”, manifestó Narvaja.
También se señaló en la audiencia que la determinación de tomar los fondos de los ahorristas bursátiles sin documentación precisa de como se hizo presume una decisión dolosa que pesa sobre cada uno de los integrantes del directorio. La audiencia se celebró ante el juez Alejandro Negroni.
