Autoridades de la Cancillería presentaron a representantes del gobierno de Paraguay una nota formal en la que expresaron la preocupación de la Argentina por una apertura inconsulta de compuertas en la represa de Yacyretá, aunque reiteró su predisposición al diálogo en el marco de buena fe entre ambos países.
La nota 42/2023 hace referencia a una serie de maniobras de la semana pasada en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que incluyeron la apertura de compuertas del vertedero Añá Cuá, por fuera de la programación establecida que llevaron a más que cuadruplicar el caudal descargado en el vertedero.
Durante el encuentro entre el subsecretario de Asuntos de América latina, Gabriel Fuks, y el encargado de negocios de Paraguay, Juan Ramón Cano Montania, se reiteró además la excelente relación bilateral que siempre se ha mantenido con la República del Paraguay.
El conflicto respecto de la represa se suma a una queja presentada por Paraguay, por el cobro de una tasa retributiva de u$s 1,47 por tonelada al transporte internacional que se fija en el tramo de soberanía argentina en la Hidrovía Paraná-Paraguay.
“Hace 10 días, la Argentina presentó una carpeta técnica, en la que se detallaban los servicios prestados, de la que participaron la Administración General de Puertos y de Vías Navegables, que aún no fue respondida; estamos dispuestos a seguir en el plano técnico, queremos que nos contesten por esa información”, explicó Fuks .
Según el funcionario, “la Argentina hizo una inversión de 25 millones de dólares y queremos que, si hay objeciones, las presenten para ver de qué manera seguir”.
El lunes la secretaria de Energía, Flavia Royón, mantuvo una reunión en la ciudad de Asunción con el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, en la que se acordó establecer una comisión técnica que aborde la deuda que la EBY mantiene con el Estado Argentino por los fondos originalmente destinados para la construcción de la represa, y una mesa de trabajo para discutir la implementación del peaje en la Hidrovía.
Al respecto, Royon dijo a través de la red X que “Paraguay y Argentina, resolviendo sus diferencias, tienen grandes proyectos energéticos” y que ambos países tienen el desafío de avanzar “en conjunto para realizar en un futuro proyectos como Corpus y profundizar la integración eléctrica y gasífera”.
La funcionaria de Energía viajó a la capital paraguaya acompañada por el Interventor de la Administración General de Puertos, José Beni; el director ejecutivo de la EBY, Fernando de Vido, y el asesor de la cartera económica, Raúl Pérez.
Fuentes consultadas por la agencia Télam señalaron que en primera instancia se logró un punto de acuerdo con Paraguay que contempla “el derecho de Argentina de cobrar peaje para el funcionamiento de la Hidrovía”, tal la postura de gobierno nacional antes sus pares regionales.
“Se estableció una mesa de trabajo para la implementación y la discusión de este peaje”, aseguraron las fuentes, horas después de que los gobiernos de Bolivia, Paraguay Brasil y Uruguay lamentaran de manera conjunta la implementación del cobro decidido por el país.
El gobierno argentino defiende su potestad para la aplicación de dicha tasa en base a aspectos jurídicos, técnicos y comerciales de la medida, que permiten reconocer los gastos asumidos por el país en las obras de mantenimiento para garantizar el transporte fluvial a los países de la región.
En ese sentido, sostiene que cumple con los artículos 5 y 9 del “Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra” (1992), que prevé la posibilidad de cobrar una tasa retributiva por servicios prestados y que las sumas percibidas no se basen únicamente en la navegación, sino que abarquen servicios para la seguridad de la navegación y la competitividad de navíos que utilizan la Hidrovía.
El tema está siendo tratado en la Comisión del Acuerdo, que es el órgano que se encarga de cuestiones técnicas de navegación comercial y tiene entre sus funciones velar por el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo para resolver los problemas que se presenten en su aplicación.
Las reuniones fueron una continuidad de la que mantuvo el 24 de agosto el ministro de Economía, Sergio Massa, con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quienes plantearon la idea de conformar una “comisión de máximo nivel” para el fortalecimiento y financiación de los costos de operación de la Hidrovía.
A la vez, decidieron avanzar en la creación de un programa para saldar las deudas que ambos países reclaman en torno a la represa binacional de Yacyretá.
Sobre la represa, hay una deuda de stock que Argentina espera que se resuelva por su acreencia de u$s 4.500 millones de dólares producto del capital invertido para la construcción de la megaobra sobre el Río Paraná.
Al mismo tiempo, la Argentina comprometió la normalización de los pagos por el flujo de energía hacia el territorio argentino por el cual hay un saldo pendiente del 2022, por $ 86 mil millones que se cancelarán en los próximos cuatro meses, en un programa ya acordado con el Gobierno de Paraguay.
Por su parte, la representación argentina en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) rechazó las versiones sobre un supuesto requerimiento de documentación a una embarcación de carga de bandera paraguaya por parte de autoridades aduaneras argentinas en la esclusa de navegación.
“A la fecha no se han requerido o realizado inspecciones de documentos de transporte de mercadería en su jurisdicción”, informó la entidad en un comunicado, frente a la publicación de artículos periodísticos en relación al supuesto hecho.
Desde la entidad se aseguró que tampoco se han registrado ingresos de funcionarios de Aduana en las instalaciones de la Esclusa de Navegación de la Hidroeléctrica Yacyretá.
“La operación de la Esclusa, así como el territorio donde la misma está emplazada, son de jurisdicción binacional”, destacó la representación argentina de la EBY.
De la misma manera se explicó que los controles dentro del condominio binacional son de potestad exclusiva y excluyente del área de Seguridad e Informaciones de la entidad.
“La Administración Nacional de Aduanas argentina tiene autoridad exclusivamente en el control del flujo de suministros que ingresan al condominio binacional vía terrestre desde territorio argentino, y en el control del tráfico fronterizo”, reseñó la comunicación.
Por Fermín Sanchez Duque
Por Martín Stoianovich
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