La avícola despidió a 70 trabajadores y la cooperativa láctea envió más de 300 telegramas. Alerta en acero, neumáticos y en el sector público
Trabajadores de Granja Tres Arroyos y sus familiares protestan en Entre Ríos contra los despidos.
Crece la presión sobre el mercado laboral en el arranque de 2025 se profundiza. La cooperativa láctea Sancor y la avícola Tres Arroyos enviaron telegramas despidos a 300 y 70 trabajadores, respectivamente. Se sumaron a una lista de situaciones conflictivas que afectan a empleados de frigoríficos, acerías, automotrices, aceiteras y neumáticos. También en el Estado, donde crecen las versiones sobre una nueva tanda de cesantías.
La cooperativa Sancor envió esta semana unos 300 telegramas de despido trabajadores de sus cinco plantas, dos de ellas ubicadas en Santa Fe. La empresa justificó su decisión en la escasez de materia prima. La empresa tiene 1.350 trabajadores distribuidos en cinco sedes: una en la ciudad santafesina de Gálvez, donde le dan valor agregado a los quesos, con la maduración y sus procesamientos; otra en Sunchales, allí se elabora dulce de leche y las líneas de leches larga vida, infantiles y en polvo. En Córdoba, la marca tiene paralizada la producción en La Carlota, dedicada a los quesos duros; Balnearia, con quesos semiduros; la que se mantenía activa era la fábrica de Devoto, donde se elabora queso crema y mantecas.
Los 300 telegramas fueron enviados a personal que desde hace bastante tiempo forma parte de la empresa, pero bajo el régimen de “jornadas libres”, es decir, sin asignación específica y que rotaban sus puestos. La dificultad de Sancor está en encontrar un socio que pueda hacerse cargo de los u$s 400 millones de deuda y sumar dinero fresco para recuperar a los tambos que ante complejos sistemas de pago venden su producción a otras lácteas.
También en el sector agroindustrial, Granja Tres Arroyos desvinculó a cerca de 70 trabajadores. La principal firma avícola de Argentina, que opera ocho plantas de producción y faena alrededor de 700.000 pollos por día, solicitó en diciembre pasado a la Secretaría de Trabajo de la nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. Alegaron que el cierre del mercado chino para la exportación de sus productos complicó toda su operatoria. En aquel entonces ya había cerrado una de sus plantas de producción localizada en Tristán Suárez y solo una parte de sus trabajadores había sido relocalizada.
Esta semana las malas noticias llegaron en forma de telegrama de despido a sus trabajadores de su planta localizada en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Según indicaron desde el gremio de la alimentación, la empresa desvinculó a más de 70 trabajadores y por estas horas se especula con la posibilidad de que esa cifra siga creciendo.
Pese a ser uno de los sectores más valorados por la prédica oficial, las empresas agroindustriales están activas en materia de despidos o situaciones de conflictividad laboral durante el arranque de 2025. De hecho, un frigorífico, el Euro de Villa Gobernador Gálvez, arrancó el calendario cuando envió por Whatsapp a 70 empleados el comunicado de desvinculación.
Y en el poderoso sector aceitero, hay un conflicto apenas encapsulado por el dictado de la conciliación obligatoria en la disputa entre el sindicato del sector en San Lorenzo con la empresa Vicentin, por el incumplimiento en el pago del bono de fin de año. En las últimas horas, el director independiente de la empresa, Estanislao Bougain, volvió a agitar el fantasma de la quiebra y el cierre de la empresa como forma de presionar da la Corte Suprema de Santa Fe para que homologue su propuesta concursal. “Si no logramos la homologación vamos a plantar bandera. Es el fin”, dijo horas después de que desde Buenos Aires llegaran amenazas a los trabajadores de “meterlos en cana” si realizan medidas de fuerza.
Otro frente en el sector oleaginoso es el de la fábrica de biodiesel Explora, que también se había negado a pagar el bono y además intentó despedir a cuatro trabajadores que protestaron por ello. Actualmente fueron reincorporados pero en el marco de la tregua impuesta por el Ministerio de Trabajo.
En otras ramas, la región se sacudió a principios de enero, además, con el conflicto desatado cuando Acindar quiso dejar cesantes a trabajadores que habían participado de medidas de fuerza en diciembre. La decisión fue luego revertida, pero, en el marco de las audiencias que se realizan a raíz de la crisis productiva de la siderúrgica, la empresa comunicó su voluntad de avanzar con la desvinculación de 200 contratistas. También la automotriz General Motors busca desprenderse este año de 300 trabajadores a través de retiros voluntarios.
En Buenos Aires, las autoridades de la empresa Bridgestone y los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Neumático, Sutna, volverán a reunirse esta semana en un encuentro convocado para evitar que estalle un conflicto que puede afectar a toda la industria. La multinacional pidio reabrir el Procedimiento Preventivo de Crisis aprobado y aplicado en octubre de 2024. En ese momento, se desprendió desprenderse de 450 empleados, según denunció oportunamente el gremio. Ahora, advirtió la organización sindical, pide a la Secretaría de Trabajo de la Nación que se la habilite a despedir 290 trabajadores. “También avanza con la ruptura del convenio Colectivo, implementar una rebaja salarial y la flexibilización de los trabajadores”, agregó.
También los trabajadores del Estado comenzarán este martes una serie de medidas de fuerza ante la amenaza de una nueva ola de despidos en el marco del “plan motosierra” que impulsa la gestión de Javier Milei. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, confirmó que declararon el estado de asamblea permanente luego de que trascendiera que la gestión libertaria pretende compensar la baja en las retenciones al campo con un achique del Estado en un 30%. Desde diciembre de 2023 a diciembre 2024, el estado nacional echó a 36 mil trabajadores.