Por Lizi Domínguez
El ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, fue el encargado de ratificar la oferta del 35 por ciento.
El ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, consideró que la denuncia pública de Jorge García González, abogado de la empresa Guerrero Motos, sobre un "hostigamiento de Smata con anuencia del Ministerio de Trabajo" en el marco del conflicto que se desató el mes pasado por despidos, "es algo absolutamente ajeno a la realidad". También ratificó que la firma "no acató la conciliación obligatoria", por lo que “no tiene voluntad de negociar".
El funcionario consideró "absurdo tener que estar explicando que aquí no hubo ninguna anuencia” y dijo: “Ni siquiera sé a qué se refiere el abogado cuando dice eso”.
“El Ministerio hizo lo mismo que hace en todos los conflictos: cumplió con una instancia conciliatoria tal cual lo indica la ley 10.468: suspender las medidas que adopten las dos partes, o sea el sindicato y la empresa, y establecer un plazo en el cual hay que sentarse a negociar. La empresa no acató la conciliación obligatoria", reiteró el funcionario.
“Aquí no hay nada nuevo”, planteó el ministro y señaló que “lo actuado se ajusta al modelo de negociación promovido internacionalmente”, y añadió que “el diálogo social en materia laboral es lo promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la Constitución, por las normas nacionales. Por tanto, el Ministerio de Trabajo hizo lo que tenía que hacer, que es crear un ámbito para el diálogo que es la forma en la cual se pueden solucionar los conflictos laborales", explicó.
En declaraciones a LT8, el abogado de Guerrero Motos había fijado la posición frente al conflicto y aseguró que “no se despidió a ningún trabajador. Diecinueve exempleados fueron desvinculados voluntariamente al haber incurrido en abandono de trabajo en los términos del artículo 244 de la ley de Contrato de Trabajo. Previamente habían sido intimados”, precisó el asesor legal. Y agregó que a esos trabajadores “se les liquidaron todos los haberes a la fecha y lo que correspondía por ley. Además, es mentira que la empresa no haya concurrido a las audiencias. Como está determinado en el decreto de la provincia 1979/20, se restringe el contacto social por la pandemia”.
En ese sentido, dijo que la firma “directamente, envió por vía email el descargo ante la negativa de no permitirnos una audiencia vía (la aplicación) Zoom, porque supuestamente es privativa del Ministerio. En esos días, compareció ante el ministerio la encargada de Recursos Humanos de la empresa junto con un profesional para hacer el descargo correspondiente”, agregó el abogado.
Al respecto, el ministro de Trabajo minimizó esos pormenores como "detalles" en el marco de un conflicto mayor: "La discusión está en que uno se siente o no se siente. Después si a la convocatoria va fulano, mengano, sutano o por Zoom, no es lo sustancial. Lo sustancial es que se tenga un acto de buena fe y voluntad de negociar y eso es lo que está faltando", concluyó.
El conflicto entre los trabajadores y la patronal comenzó a finales del año pasado cuando la firma ubicada en San Lorenzo decidió cesantear a 23 trabajadores. El conflicto fue escalando y el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y llamó a las partes a una audiencia de conciliación a la cual la empresa no se presentó.
Las protestas se repitieron en el marco de la medida de fuerza que llevan adelante los 23 empleados despedidos por la firma, quienes en la semana decidieron encadenarse frente a las puertas de acceso a la fábrica, pese a que rige una orden judicial para despejar ese ingreso.
Eso motivó en la intervención judicial y en la orden del fiscal Aquiles Balbis de detener al secretario gremial de Smata, Román Moyano, por instigar el bloqueo de la planta, arresto que se concretó cerca del mediodía del martes último. El dirigente sindical fue dejado en libertad el miércoles y quedó imputado, y cumplirá reglas de conductas, bajo acuerdo de su defensa con la Fiscalía.
En ese marco, un conjunto de gremios de Rosario y del cordón industrial convocaron para el viernes a partir de las 10 frente a las puertas de la sede local de la Confederación General del Trabajo (CGT), en Córdoba 2061, para participar de un acto en repudio al accionar de la empresa Guerrero Motos, por la judicialización del conflicto y en apoyo a la lucha de los trabajadores despedidos.
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