El fallo de la Corte a favor de Caba ya sumó el rechazo de 18 gobernadores

Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta); Arabela Carreras (Río Negro); Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones) cuestionaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso que el gobierno destine el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires. De ese modo ya suman 18 los mandatarios provinciales que rechazaron la disposición del máximo tribunal.

Los cuatro gobernadores, que no participaron de la reunión que el presidente Alberto Fernández mantuvo el jueves con mandatarios en Casa de Gobierno, se expresaron en las últimas horas a través de un comunicado conjunto para cuestionar el fallo.

“Las y los gobernadores de la República Argentina que firmamos este comunicado manifestamos nuestra preocupación por el fallo de la Corte Suprema de la Nación que asigna montos que incrementan en forma desmedida los fondos de la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de fondos correspondientes a la Nación Argentina en su conjunto”, comienza el texto.

Y agregaron: “El traspaso jurisdiccional de la Policía, desde la órbita federal a la ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado en el año 2016, es un hecho cuyos costos fueron determinables, y que se demostró fehacientemente que la transferencia original de fondos nacionales a Caba fue superior a la necesaria para absorber el traspaso policial. Por otro lado, es importante destacar que esa es una circunstancia que es común a todas las provincias: pagar con nuestros recursos nuestra propia policía”.

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Los mandatarios se mostraron convencidos de que “ninguna jurisdicción, en este caso Caba, debe percibir recursos por encima del costo real de las nuevas responsabilidades que le fueran asignadas; pero también sostenemos firmemente que esos fondos nacionales, al momento de ser retrotraídos deben indefectiblemente ser distribuidos de forma absolutamente federal y equitativa entre todas las jurisdicciones que conformamos la Nación Argentina”, afirman los mandatarios provinciales.

Finalmente agrega que “cuestiones como estas no hacen más que profundizar la falta de genuino federalismo que las provincias del interior padecemos desde hace décadas y que se materializan en inequidades y desproporcionadas asimetrías”.

De esta manera, estos cuatro gobernadores se sumaron a los otros 14 que participaron de la reunión con Fernández, algunos en forma presencial y otros virtual, y que firmaron el comunicado difundido al término de la reunión.

Ellos son Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

No firmaron los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Juan Schiaretti (Córdoba) y Omar Perotti (Santa Fe).

Tras esa reunión, el presidente Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar. Además, señaló que el fallo es “muy singular” y de “imposible cumplimiento”.

Frente a eso, los partidos políticos que integran Juntos por el Cambio emitieron un comunicado conjunto en el cual repudiaron “la desobediencia” al fallo. “No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa”, plantearon.

En cambio, el presidente Fernández indicó que las leyes sancionadas por el Congreso “se deben cumplir” y añadió que la norma en cuestión “no ha sido declarada nula ni cuestionada en su constitucionalidad”. Sobre ese punto, aclaró que “más allá” de que quiera cumplir con el fallo, debe enviar una ley al Congreso que “resuelva un nuevo presupuesto” para que se establezca “de dónde va a sacar los fondos”, y en ese caso si es con “impuestos, aumento de retenciones o endeudamiento”.

Señaló que la Corte estableció que Nación debe asignar 2,95% de transferencia a la Ciudad pero que el gobierno “no tiene la menor idea” de por qué “llegaron a ese cálculo” al advertir que “ese dinero no está en el presupuesto nacional”.

Kicillof fue muy crítico con el máximo tribunal y consideró “una inmundicia”, la decisión. “Es una Corte nombrada por decreto de Macri que sigue defendiendo los beneficios por decreto a la ciudad más rica del país, en detrimento de las provincias”, dijo.

Reclamo empresario

La Unión Industrial Argentina (UIA) emitió un comunicado expresando su rechazo ante la decisión tomada por el gobierno nacional luego del fallo de la Corte. Allí resaltó la importancia de respetar la división de poderes como “dimensión fundamental para generar previsibilidad jurídica e institucional”. Por otra parte, otras entidades empresarias, como Idea, la CAC y Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (Acde), pidieron que el gobierno acate el fallo.