El empleo y el cambio de ciclo en la economía argentina

Un nuevo cambio de ciclo asoma en el horizonte de la economía argentina. Mucho más cerca de lo que se preveía, la transferencia de recursos hacia los sectores más beneficiados acentuados por la devaluación fue apenas la primera muestra del sustrato más profundo de este proceso de acumulación que, a diferencia de las épocas del primer kirchnerismo, no viene acompañado de una expansión inédita de la actividad económica, pero sí de la convicción de que es clave sostener la renta extraordinaria.

Muy afecto a la restauración, el empresariado argentino empezó a desempolvar las viejas recetas del ajuste y lo hizo sin anestesia. El anuncio del cierre de la planta química Ar-Zinc (del grupo Glencore) en Fray Luis Beltrán, que deja a 400 trabajadores en la calle, es la muestra más visceral de esta nueva fase. Una que ya venían anticipando los conflictos como los de Paraná Metal en Villa Constitución, Vassalli, en Firmat, Sadesa en Las Toscas y un conjunto de pymes ligadas a la producción primaria o industrial en Santa Fe.

Estos procesos que con virulencia parecieron desatarse en forma desbocada a partir de la asunción del nuevo gobierno muestran varios frentes: por un lado, la importancia de las políticas de contención del empleo a través de un Estado que _con todos sus límites_ actúe como resguardo; y por otro, la falacia de que la readecuación de las variables macroeconómicas (tipo de cambio, subsidios, etcétera) son garantes per se de un reacomodamiento de la actividad y un aluvión de inversiones.

En realidad, la sucesión de suspensiones, retiros voluntarios y despidos expresa, con sus variantes, cómo esta nueva fase del modelo busca barajar y dar de nuevo, habida cuenta de que las señales de expectativas positivas que pregonan desde los distintos sectores para el segundo semestre caminan en paralelo con el telegrama fácil y el achique.

Esta suerte de pacto social velado que logró sostener a cuentagotas el último mandato de Cristina hizo eclosión rápidamente, en buena parte alimentado por la contención forzada de variables que ahogaban a muchas economías regionales, pero en el fondo, y en definitiva, por una decisión clara de avanzar hacia una nueva fase del modelo que necesita restaurar posiciones entre aquellos actores más fuertes en la puja distributiva.

Este frente de tormenta se transformó en un terreno obligadamente fértil para la política y la pelea gremial, que rápidamente obligó a la ortodoxia sindical a despabilarse de la larga siesta de los acuerdos y la chicana fácil, para alinearse en un frente común de reclamo. Y dar por finalizada la luna de miel con Macri. Y a las organizaciones más opositoras a sumar masa crítica en la calle detrás de sus tradicionales consignas.

La masiva adhesión del paro promovido por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) contra los despidos masivos e injustificados en las administraciones públicas de todos los niveles fue un ensayo de epopeyas mayores, aquellas que sólo se podrán dar si en pos de un objetivo común se dejan atrás las rivalidades que atomizaron al movimiento obrero en los últimos diez años.

La clase política fue más sagaz. Rápidamente los sectores de la oposición hicieron validar las credenciales que ganaron por el voto popular y se instalaron en un discurso crítico que comenzó a marcarle la cancha al nuevo gobierno en materia económica. La gestión del PRO se lo dejó servido en bandeja con el cambio del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias que, lejos de actuar como la muestra de que se cumplieron las promesas de campaña, abrieó más crudamente la brecha social al incorporar a miles de nuevos trabajadores y jubilados al pago del tributo.

También esa jugada quizás sea la bisagra para lo que se viene. El reagrupamiento de las centrales sindicales, incluso de las dos CTA, para unificar reclamos, la creación de un bloque de Diputados de extracción sindical para apurar las modificaciones de la escala tributaria de Ganancias, en un marco de luces amarillas en términos de empleo y creciente conflictividad social, anticipan un nuevo frente de resistencia, que con los múltiples matices e intereses que encierra puede marcarle la cancha a un presidente muy afecto a “consensuar por decreto”.