En 10 carillas, y 44 artículos, se condensa el ambicioso proyecto de ley para la creación del Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional. Luego de varias semanas de debate y exposiciones en un plenario conjunto de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto del Senado de la nación, el oficialismo ajustó su iniciativa según correcciones propuestas por expositores, emitió dictamen con las firmas necesarias y lo llevaría al recinto en la primera quincena de mayo.
El proyecto tiene su génesis en un nuevo contexto financiero mundial, donde hasta los mismos país y organismos que hasta no hace muchos años promovían la fuga y el ocultamiento de bienes en paraísos fiscales, hoy revisan esa actitud e incluso promueven la captura de esos dólares ocultos. Es el caso de la administración (Joe) Biden de los Estados Unidos – el país del mundo con el mayor número de “paraísos” fiscales- que ya recuperó unos 60 mil millones de dólares con una legislación que ahora trata de copiar el Senado argentino. Todo bajo la inspiración de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, que se reunió hace algunas semanas con el embajador de los Estados Unidos en su propio despacho en el Congreso, en coincidencia con el impulso al proyecto de ley que motorizó el jefe del ahora interbloque del Frente de Todos (FdT), José Mayans.
El oficialismo se muestra cohesionado en el tratamiento del proyecto, cuenta con el apoyo de al menos dos aliados clave, y da por seguro que conseguirá la media sanción en las próximas semanas. La oposición de Juntos por el Cambio (JxC), no rechaza el “espíritu de la iniciativa”, pero no la acompañará porque la cree “innecesaria”. Siempre según la impugnación opositora, el proyecto es “benévolo” porque impone el cobro de un gravamen del 20 por ciento sobre el total de los bienes localizados en el exterior (y no declarados previamente), cuando el impuesto a las ganancias prevé tasas del orden del 35 por ciento. Sin embargo, el argumento del oficialismo repetido una y otra vez durante los debates fue: los montos “recuperados”, además de pagar el 20 por ciento, luego pasan a estar en “blanco” y naturalmente son alcanzados por el impuesto a las ganancias, bienes personales, y los restantes tributos que pudieran concurrir.
Secretos en estudio
Por lo demás, el conglomerado opositor no consiguió imponer su voluntad, la de llevar al Salón Azul del Congreso a las figuras centrales del equipo económico del gobierno nacional, entre los invitados a disertar como expositores en el plenario de comisiones.
La iniciativa, craneada desde la cúpula del Senado, tuvo un apoyo por ahora moderado de la Casa Rosada. JxC pretendía dejar en evidencia posibles discursos diferenciados entre “albertistas” y “kirchnetistas”, y de ese modo debilitar la iniciativa política del FdT. El oficialismo actuó de manual, y no dio lugar a ese juego.
Por lo demás, un proyecto de ley que nació en simultáneo al de la creación de un fondo para la cancelación de la deuda con el FMI, sobre el secreto bursátil, financiero y fiscal, continuará en estudio. Y no será tratado en el recinto de modo simultáneo. El oficialismo decidió posponer el tema de los “secretos”, tratando de evitar cualquier error conceptual que pudiera abortar un asunto que consideran “muy delicado”.
La oposición cifra su crítica principal en que se trata de un nuevo “blanqueo” para evasores. El oficialismo reiteró que se trata de una ley compulsiva y no voluntaria, y que “no es un blanqueo”.
Entre otras novedades, la ley prevé el pedido de colaboración al gobierno de los Estados Unidos, al FMI – que lo tiene previsto en sus estatutos- y a la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, integrada por 38 países) que ya viene realizando acciones tendientes a evitar la circulación del dinero ilegal por el mundo.
Otros de los aspectos ajustados en el dictamen que se firmó la última semana -que fue rubricado por el senador de Rosario Marcelo Lewandowski (FdT), miembro de la comisión de Presupuesto-, se refiere a los bienes en el exterior que podrán se alcanzador por el operativo repatriación: créditos “inmateriales” y todo derecho susceptible de valor económico; desde una obra de arte, un derecho, una patente, y otras maneras de tener un patrimonio económico.
Los beneficios de esta ley sólo eximen de ser alcanzado por la ley penal tributaria y fiscal; pero no eximen de posibles delitos preexistentes de lavados de activos, contrabando, terrorismo, narcotráfico y trata de personas, entre otros. La UIF (Unidad de Información Financiera) podrá suministrar información a otras entidades públicas con facultades de investigación. El Poder Ejecutivo, por lo demás, podrá dar hasta un plazo de 12 meses para realizar los pagos a quienes le detecten bienes fugados, y no declarados en el exterior.
Una clave sobre el eventual éxito que pudiera alcanzar esta nueva legislación, en el sentido de ir a la captura de la fabulosa cifra de más de 300 mil millones de dólares de argentinos (con domicilio fiscal en el país), depositados opacamente en el exterior, y sin declarar, radica en la actitud de colaborativa que deberían adoptar las entidades financieras.
En ese sentido la ley prevé: si un banco del exterior niega o retacea información, el BCRA tendrá la facultad de solicitarle a la sede local de esa entidad internacional a pedirle la información, que estará obligada a brindar. En caso de que no lo hagan, podrán ser sancionadas “con alta gravedad”, e incluso podría llegar la pena hasta incluso revocar la autorización de funcionar en el país.
“Si los bancos no colaboran con la detección de los bienes fugados y no declarados, será una tarea prácticamente imposible”, concedió el senador neuquino Oscar Parrilli.
Colaborador
Luego, otra pieza clave de la arquitectura jurídica, refiera la figura del “colaborador”, que se inscribe en un programa de Ministerio de Salud y Derechos Humanos, y asegura confidencialidad, seguridad y anonimato.
El artículo 30 introduce un monto mínimo para denuncia de fuga de 500 mil dólares; el oficialismo no quiere promover denuncias por cifras menores, “para afectar a sectores de clase media con menos de 500 mil dólares en el exterior, y convertirlo en una ‘casa de brujas’ de sectores intermedios. El objetivo es ir en la búsqueda de la gran evasión”, reiteraron los senadores oficialistas.
Cabe aclarar, que aun con la ley sancionada, toda evasión se puede investigar, pero la denuncia del colaborador ( que deberá aportar información “veraz, confiable, convincente y sincera”) corre a partir de los 500 mil dólares y en más. El colaborador obtendrá una recompensa del 30 por ciento del monto detectado, y en dólales, que por supuesto se sustraen del patrimonio que se ha verificado.
La experiencia mundial demuestra que el 80 por ciento de los colaboradores provienen de problemas familiares o de sociedades, por eso la ley garantiza el anonimato y la seguridad para las personas que estén dispuestas a llevar a cabo las denuncias.
Los dólares serán obtenidos, en todos los casos, de bienes del exterior, repatriados, y no podrán surgir de bienes existentes en la economía argentina.
Ola mundial
Para subrayar la importancia estratégica del proyecto de ley, el kirchnerismo destacó a David Lipton (economista, ultra ortodoxo, ex Director gerente interino del FMI), quién señaló que el ocho por ciento de los bienes acumulados por personas y empresas, a nivel mundial, está fuera de los poderes y de los Estados (ocultos, fugados, en paraísos fiscales).
En tal sentido, el Parrilli señaló, para despegar el proyecto de toda connotación ideológica de las izquierdas anticapitalistas, que “Estados Unidos está llevando adelante investigaciones como esta, y podrían haber leyes mejores o peores, pero lo que no puede ocurrir es que el Congreso de la nación, y la clase política, no tomen la decisión política de investigar, detectar y cobrar los impuestos que correspondan sobre el dinero fugado al exterior y no declaro”.
