Con respecto a los 52 años de impunidad del crimen de su padre, Razzetti recordó que “yo no adhiero a la idea de (el presidente) Milei de que no fueron 30 mil (en total). Acá hubo una cadena de impunidad en la que participaron (el exagente civil de Inteligencia del Ejército Luis) Scarazzini, (el exvicegobernador) Nito Vanrell y (el exministro de Gobierno santafesino) Esteban Borgonovo, entre otros”.
-¿Las condenas al exjuez Bailaque por prevaricato, asociación ilícita y vínculos con el narcotráfico pueden generar la nulidad de sus actuaciones en la causa del crimen de tu padre?
-Es lo que pido al Alto Comisionado de la Acnudh en esta presentación: que se anulen todas las decisiones de Bailaque que vayan contra el derecho y contra las pruebas. Pedí inmovilizar los bienes de (Luis) Rubeo porque debo preservar los fondos con los que deben indemnizarme, peo el fiscal Reynares Solari me bloqueó el acceso al correo electrónico de su oficina, así como el de las abogadas, en una decisión a todas luces ilegal.
52 años no es nada
Constantinto Razzetti fue asesinado en la madrugada del sábado 14 de octubre de 1973 por un grupo de custodios del Sindicato de la Carne vinculados a la Triple A cuando llegaba a su casa de Callao 2674, en el macrocentro de Rosario, junto a su esposa y a uno de sus hijos, luego de participar en la Cena de la Victoria, organizada por la Unidad Básica Coronel Cogorno, en el Club Sarratea, del barrio Alberdi.
A esa cena, con la que el peronismo celebraba el tercer triunfo electoral del general Juan Domingo Perón, quien volvía al país luego del golpe cívico militar de 1955 y de sufrir 18 años de exilio y proscripción, Constantino Razzetti había sido invitado por el entonces dirigente Luis Scarazzini, un oscuro personaje que trabajaba en la Universidad Nacional de Rosario y tenía vínculos con el Ministerio de Bienestar Social de la Nación, en las épocas de José López Rega, el mentor de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), que declaró recientemente en la causa del crimen: “No recuerdo haberlo invitado a Constantino Razzetti a esa cena”.
“Esa noche Razzetti, que era el orador central, pronunció un encendido discurso en el que destacó el valor y el coraje de la juventud y de la Resistencia Peronista en la vuelta del general, así como fustigó a los traidores de la burocracia sindical. En una mesa del fondo estaban Rubeo (padre), quien les hizo la seña de bajarle la caña a sus compañeros del Sindicato de la Carne”, declaró el extintto dirigente peronista Juan Luis “Chancho” Lucero, uno de los asistentes al encuentro, quien le ofreció a Constantino Razzetti acompañarlo con varios compañeros y hasta que se llevara un arma, gestos que el bioquímico y respetado dirigente del peronismo rosarino rechazó de plano.
“¿Qué hacés acá?” alcanzó a decirle Constantino Razzetti a uno de sus asesinos, a quien conocía por su trabajo como bioquímico en la Obra Social del Personal del Sindicato de la Carne, quien le disparó apenas bajó de su Valiant 4 verde clarito, en medio de la oscuridad de esa noche, en la que llamativamente se habían apagado todas las luces de esa cuadra, en San Lorenzo entre Callao y Rodríguez, según consta entre las numerosas pruebas colectadas entre otros por Carlos Razzetti en el expediente judicial.
Luego del crimen de su padre, Carlos Razzetti fue secuestrado por un grupo de tareas que lo torturó y lo mantuvo cautivo en el centro clandestino de detención El Pozo, que funcionaba en la entonces Jefatura de Policía, y además fue cesanteado como empleado municipal, delitos por los cuales la víctima reclama una reparación.
La presentación ante el Acnudh
En la presentación de su denuncia, Razzetti sostiene que “vengo a exponer ante usted, señor Jarab Jan, en su carácter de titular del Acnudh para América Latina, región cono sur, a los efectos de que vuestro acreditado organismo internacional interceda frente el sistema de Justicia de mi país. porque ustedes estarían obligados a ayudarme para que mis casos lleguen a buen puerto luego de vivir 51 años en la ignominia que significa la falta total de acceso a la Justicia, que lamentablemente rige mi país, y lograr además de la solución definitiva y real de mis causas, ajustados a la Resolución 60/147 de la ONU, ya que mi interés legítimo se encuentra acreditado en sede pública y judicial de mi país”.
En este sentido, Razzetti abundó en su denuncia que “entiendo que vuestra misma Resolución 60/147 de la ONU, los obliga a ustedes a interceder para ayudarme a lograr que la Argentina obedezca las resoluciones de la ONU, por ser mi país un Estado parte de este organismo internacional, ya que muy lejos de obedecerlas las desobedece sistemáticamente si a mis casos y a otros más se refiere”.
Asimismo, Razzetti expuso en su escrito que “a condición de decir verdad me presenté ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.), mediante mi denuncia recepcionada bajo el expediente número P-512-2013, y debo decir que no sólo me dejaron atrozmente desamparado y por sobre todo decepcionado, porque inmovilizaron mis denuncias causándome más de una década de denegación de justicia, sino que tan cierto fue este accionar delictual y malicioso que solicité a ese organismo internacional una medida cautelar en virtud que desde la misma Cidh se estaba permitiendo que mi país siguiera violando mis derechos fundamentales, esenciales, y con la infundada negación de ampararme de la Cidh a las claras violaron además la Resolución 60/147 de la ONU”:
Justamente, la citada resolución de la ONU sostiene en su capítulo VIII sobre el acceso a la Justicia, que debe “adoptar medidas para minimizar los inconvenientes a las víctimas y sus representantes, proteger su intimidad contra injerencias ilegítimas, según proceda, y protegerlas de actos de intimidación y represalia, así como a sus familiares y testigos, antes, durante y después del procedimiento judicial, administrativo o de otro tipo que afecte a los intereses de las víctimas” así como que el Poder Judicial debe “facilitar asistencia apropiada a las víctimas que tratan de acceder a la Justicia”.
En otro punto de la denuncia, Razzetti expresa en estos términos su decepción por el tratamiento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó a la causa del crimen de lesa humanidad de su padre y a los delitos conexos: “La triste y lamentable actuación de la Cidh sobre mis casos logró que no la considere ni siquiera idónea y menos confiable, y por supuesto jamás la recomendaría a otra víctima, como un organismo internacional verdadero garante de los derechos humanos”.
Asimismo, Razzetti anticipa en el texto que “le trasmito, señor Jarab Jan, que seguiré denunciando ante cuanto organismo internacional de derechos humanos exista, junto a esta presentación ante usted sale en simultáneo otra igual con destino a la Corte Penal Internacional (de La Haya), cómo es posible que, como suscripto, tenga 71 años y lleve más de dos terceras partes (51 años) de mi vida, detrás del simple objetivo de lograr justicia ya que ello es un derecho imprescindible e inherente a todo ser humano”.
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Con respecto a los expedientes judiciales, Razzetti sostiene en su presentación que “la causa de mis padres (expediente federal 77/05) ya está totalmente resuelta y si no existe luego de 51 años sentencia firme es porque eso se lo debo al exjuez Marcelo Martín Bailaque, que se encargó durante 18 años, en sociedad y complicidad con el doctor Adolfo Villate Adolfo y con el doctor Juan Patricio Murray de que no se llegara a sentencia para zafar al genocida Luis Rubeo (padre) y así anular el deber estatal de repararme integralmente”.
En otro párrafo, Razzetti asegura que “resulta atroz que el asesino Triple A de mi padre y casi de mi madre, el exsenador nacional Luis Rubeo (padre), falleció a sus 86 años sin siquiera ser citado a declarar sobre este delito de lesa humanidad, según adelantó y auguró el fiscal doctor Adolfo Villate en su declaración al diario El Ciudadano cuando sostuvo que sospechaba que «los camaristas federales le estaban dando tiempo por su avanzada edad para que no llegue a ser indagado». Dos cosas son curiosas: justamente se cumplió la premonición del doctor Villate y este fiscalito, que se supone es de Derechos Humanos, pese a mis pedidos, nunca denunció -tal cual es su deber cívico- formalmente esa maniobra, que es delictiva a todas luces”.
La lista de Razzetti
El denunciante escribió en su envío al Alto Comisionado que “solicito al Acnudh formalmente que imputen a las siguientes personas por los delitos que signifiquen las atrocidades que realizaron con mis casos y persona, e intentaron con buenos resultados la impunidad de mis causas de lesa humanidad:
1. Bailaque Marcelo Martín (ex juez federal).
2. Villate Adolfo (actual fiscal federal de Derechos Humanos).
3. Murray Juan Patricio (coordinador de la Procuración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
4. Fein Mónica (ex intendenta de Rosario).
5. Javkin Pablo (intendente de Rosario).
6. Vázquez Ricardo Moisés (ex fiscal de Derechos Humanos y actual juez federal).
7. Maximino Marcelo (fiscal del Ministerio Público de la Acusación).
8. Carnero Lidia (jueza federal).
9. López Marull Marcelo Raúl (juez provincial en lo Contencioso Administrativo).
10. Andrade Dalmacio (juez provincial en lo Contencioso Administrativo).
11. Resca de la Horra Gladys y su reemplazante (ambos jueces provinciales en lo Contencioso Administrativo).
12. Pineda Aníbal (juez integrante del TOF 2 y camarista federal).
13. Barbará Fernando (camarista federal).
14. Vidal Elida (camarista federal).
15. Reynares Solari Federico (fiscal de Derechos Humanos.).
16. Stara Gonzalo (fiscal de Derechos Humanos.).
17. Tiscornia Federica (fiscal de Casos sencillos).
Tienes dos watsaps
En uno de los párrafos más jugosos de su presentación ante el Acnudh, Razzetti revela el contenido de dos mensajes de watsaps que intercambió en marzo de 2020 con el fiscal federal Juan Patricio Murray, entonces en la Unidad de Asistencia a las Víctimas de Violación a los Derechos Humanos, cuando el denunciante se enfermó de Covid-19, en el comienzo de la pandemia.
Watsap 1 (enviado en marzo de 2020): “ Bueno mucha fuerza Carlos, no pudo con vos la Triple A, la dictadura y el sistema de justicia argentino que son mucho más peligrosos que este bichito”.
Watsap 2 (reenviado el 23 de julio de 2023): “Nada que agradecer; debo agradecerte a vos que aún no nos hayas metido un caño o nos hayas cagado a tiros a todos”.
Mi respuesta: “Desde lo personal va esto Juan, te pido por favor un altísimo grado de respeto, te recuerdo por si te volviste frágil de memoria que el párrafo precedente no lo escribí yo, muy por el contrario, fuiste vos y como mínimo merezco celeridad, respeto y comprensión. Gracias. PD: y si yo no lo tengo para con el partido judicial es porque son los únicos responsables de 50 años impunidad, ¿no te parece?”
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En otro párrafo, Razzetti asegura en su presentación que “según observé los requisitos de la Corte Penal Internacional de La Haya no tiene impedimentos para tramitar mis casos, por diversas razones, como ser estamos sin dudas ante delitos de lesa humanidad con genocidio sostenido en el hecho criminoso y la impunidad de los mismos por y desde el Estado Argentino (con saldo de 3000 víctimas de la confederación de bandos denominada Triple A), en menos de tres años, y que las personas que intervienen cometiendo delitos y generando mayor impunidad desde adentro del poder político y judicial no existe impedimento alguno para que la Corte Penal Internacional (CP) los impute bajo responsabilidad solidaria del Estado Argentino en cualquiera de sus tres niveles”.
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Con respecto al insólito argumento esgrimido por el entonces juez federal Marcelo Bailaque, en el sentido que el crimen de Constantino Razzetti no podría ser encuadrado como de lesa humanidad porque no había sido cometido por la Triple A porque ese grupo paramilitar habría comenzado a actuar en la región 20 días más tarde, Razzetti sostiene en su escrito que “hasta donde sé sólo hay una sola sentencia firme respecto a las víctimas de las Triple A, es decir la del profesor José Domingo Colombo, pero no nos equivoquemos: esa sentencia llegó extremadamente tarde y jamás se llegó a los autores intelectuales, como lo cual es incompleta”.
Con respecto a su delicado estado de salud, Razzetti advierte que “existe un grandísimo riesgo en la demora porque tengo 71 años, cardiopatía isquémica severa, polineuritis crónica, soy diabético insulino dependiente, tengo cuatro infartos y cuatro baipases coronarios, es decir gracias a mis acusados que me llevaron de exprofeso por «estrés post traumático acumulativo» a esta situación de revictimización y de fragilidad de mi salud, tengo graves riesgos de fallecer antes de logar ver justicia y ni siquiera me concedieron lo que las legislaciones recomiendan, que es una «acción de amparo de salud y salarial», todo lo cual está debidamente documentado y probado en el expediente 40/2012”.
Finalmente, a 52 años exactos del crimen de su padre y del intento de asesinato de su madre, a los que siguieron su secuestro, torturas y cesantía como empleado municipal, Carlos Razzetti solicita al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas “admitir mi denuncia e interceder inmediatamente ante mi país, la Argentina, para que produzcan con celeridad mi reparación integral ajustada a los hechos, a mis reclamos y/o demandas civiles basado en la Resolución 60/147 de la ONU, ya que ello será un estricto acto de justicia”.