Pero también, las que nucleaban a los comerciantes o pequeños empresarios como la Asociación Empresaria de Rosario (AER) dieron la venia al proyecto que encaraba la Junta que presidía Jorge Videla. “El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas recuperaron para el país el poder de decisión nacional y evitaron el caos y la disgregación del Estado argentino. A esa nueva aurora nos abrazamos fervientemente, y el proceso fue apoyado con todas nuestras fuerzas desde su mismo comienzo...”, expresa en 1978 en las páginas del diario LA CAPITAL el entonces presidente de AER, Leonardo Tocco.
El escenario de puja distributiva, conflictividad política y social en la Argentina entra a fines del 75 en una espiral de violencia a tal punto que casi a diario aparecían dos o tres muertos, producto de los “operativos antisubversivos o de atentados de la guerrilla”, según expresan las crónicas de la época. La inflación galopaba, las devaluaciones eran rutina y el endeudamiento desconocido aún antes de que el gobierno de María Estela Martínez de Perón y las 62 Organizaciones de Lorenzo Miguel fueran desplazadas del poder por el golpe militar.
Aunque con matices, el abanico de organizaciones empresarias reclamaban airadamente “correcciones políticas”, debido a que “la subversión criminal, no obstante el sacrificio de las Fuerzas Armadas y de seguridad, no ha podido aún ser abatida definitivamente”, señala en enero de 1976 la Confederación General Empresaria (CGE), una entidad que se arrogaba la bandera de representante de la “burguesía nacional”, pero que incluso era calificada por otras entidades empresarias más conservadoras casi como “bolcheviques”, lo que dimensiona la ferocidad del discurso del empresariado en esos años.
Esto se debe, según el análisis que hace la CGE santafesina y que comparten la mayoría de empresarios, hombres de campo y políticos —como el radical Ricardo Balbín—, a que “la guerrilla existe en las fábricas”.
“En los primeros años en el país y la región hubo un apoyo —y no hay nada que lo contradiga— a la dictadura y sus objetivos”, expresa tajante Aguila.
De todos modos, aclara que la cosa cambia “cuando empiezan a notarse los efectos de la política económica del gobierno”, piloteados por José Martínez de Hoz.
Después de algunos años “aparecen algunos comunicados con quejas, se crea la Convocatoria Nacional de Empresas (Conae), sin embargo, sólo reclamando por los efectos de la política económica y no por cuestiones como los derechos humanos o demás”, agrega la historiadora rosarina.
La Conae se crea en 1980 con entidades empresarias del interior del país y con fuerte predicamento en Rosario, donde se firma el acta constitutiva. La conformaban entidades que años antes habían expresado su respaldo al régimen militar pero que ahora empiezan a ver las desventajas que les trae el sistema, como: AER, Federación Agraria Argentina, Asociación de Industriales Metalúrgicos, Federación Gremial de Comercio e Industria, Unión Entidades Comerciales de Santa Fe y la Unión de Entidades Industriales de Santa Fe. “El surgimiento de la Conae desnudó no sólo la existencia de un polo opositor al plan económico vigente sino las profundas diferencias que separaban a las organizaciones empresarias”, apunta Aguila.
En rigor, “hay que decir que las empresas más chicas salieron afectadas porque el modelo económico de la dictadura también pretendía remodelar el funcionamiento de esta burguesía que era considerada la menos eficiente porque no se había tecnificado ni adaptado a las nuevas condiciones”.
Las grandes empresas, en cambio, tomaron su propio rumbo, ese que en muchos casos como los de Mercedes Benz o Acindar se reflejaron en una “actitud de abierta colaboración con la dictadura”, agrega Aguila. El campo también cargó las tintas. El sector atravesaba un proceso de reconversión tecnológica, no sólo en bienes de capital sino en las técnicas de producción —comienza a esbozarse la siembra directa, aparecen los herbicidas sistémicos para el control de malezas en soja, etcétera— que hacía rentable la actividad, según expresó el economista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR, José Luis Pellegrini.
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Sin embargo, arrecian los reclamos, fundamentalmente por el papel que juega el Estado en la economía, como la intermediación que ejercen la Junta Nacional de Granos, el control de los puertos, entre otras temas. Al malestar del sector se le sumó a principios de 1976 el condimento climático. En Santa Fe, una “grave sequía reinante” conduce a la Confederación Argentina del Centro y Litoral Oeste (Carclo) a pedir que se declare la emergencia agropecuaria en el sur provincial.
“El maíz se perdió en un 50% y el sorgo considerablemente, la soja igual”, expresaban por esa época. Tampoco los animales pudieron realizar el pastoreo de verano, apuntan desde la entidad, que se queja de que el Estado se queda con el 70% del valor del grano y que el precio fijado en el caso del trigo en $ 480 es “inaceptable” dado que estiman que los costos están en $ 530. Este argumento es el que toma el sector para explicar el retroceso tecnológico y la caída de los rendimientos respectos de otros países.
De todas formas, los números indican otra cosa. Las proyecciones para la campaña de ese año pronosticaban un crecimiento de la producción del trigo en un 41% respecto al año anterior y de más del 30% si se tomaba el promedio de la última década. Aún así en la ciudad y a pesar de que rigen precios máximos, el Municipio de Rosario anuncia diariamente en los medios los horarios de la venta a bajo costo de aceite. La política de precios concentra la agenda oficial y desvela a los argentinos. Por caso, se hacía casi imposible conseguir viviendas para alquilar y mucho más para comprar.
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El gobierno de Isabelita busca, a través de diferentes medidas, ponerle cepo a una inflación cada vez más incontrolable. Al punto que frente al desabastecimiento y al creciente contrabando —que figura entre los principales puntos de la agenda del empresariado local—, el gobierno busca reprimir el “terrorismo económico” con la aplicación de la ley antisubversiva (norma que fue dada de baja a pedido del FMI tras la crisis de 2001 para firmar un acuerdo).
El lock out de febrero. Allí el gobierno no obtiene resultados y deviene en la salida de Antonio Cafiero del Ministerio de Economía y el ingreso de Emilio Mondelli, que hasta ese momento conducía el Banco Central (BCRA).
Aún así, el malestar en el empresariado los conduce a tomar como mecanismo de lucha la principal herramienta de presión de los trabajadores: un paro, que será la estocada final para la CGE y la aparición de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege) como referente empresario para los militares tras el golpe. Esta entidad, que tendrá a la Federación Gremial (dirigida por José Luis Pinasco) como cabecera de playa en Santa Fe —pero a la que sumarán prácticamente todas las organizaciones para llevar adelante el lock out del 16 de febrero de 1976—, buscaba provocar un cambio en la actual política económica del gobierno”.
Los empresarios reclamaban cambiar las leyes de contrato de trabajo —que “afectan a la productividad”—, liberar los precios y horarios de comercios y reducir “los desmesurados gastos del Estado”, entre otros puntos. Por eso, además de la huelga, los empresarios presionaron con que no iban a ser más agentes de retención de cargas impositivas y la suspensión del pago de impuestos. El paro tuvo un alto acatamiento en Rosario, fundamentalmente en el sector comercial y en menor medida en el industrial, donde la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) había decidido la libertad de acción para sus asociados.
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Las relaciones entre el gobierno y los militares están en su punto más bajo. El que fuera después en el 83 candidato a presidente por el PJ, Italo Luder, ya había asegurado a comienzos del 76 de que iba a producirse un golpe de Estado y como una metáfora del destino, en los cines se estrena por esos días “Licencia para matar” y “Cerebro del mal”. En un último intento, Mondelli propone un plan de emergencia de 90 días. El país se encuentra en la encrucijada de pagar a los organismos internacionales de crédito o entrar en cesación de pago. El endeudamiento del Estado se había multiplicado en pocos años. Sin embargo, la sociedad debería enfrentar un duro programa de austeridad que impone normalmente el FMI. El plan incluye una “tregua social” por 180 días (se suspenden las comisiones paritarias), devaluación del peso y aumentos tarifarios. Las medidas oficiales no evitaron una impresionante alza de los precios. Los obreros de Santa Fe y Córdoba salen a protestar. La ya consolidada e influyente Apege dice que el plan es un agravio al país: “Ha colmado la medida” y aseguran que Argentina no puede esperar 180 días.
En medio de todo eso, llega a Rosario el representante del Banco Mundial Günter Koening, en el marco de la evaluación de proyectos agroindustriales para los países de la cuenca del Plata, que lo muestra como un prediseño de lo que después será el desarrollo de los puertos privados en la región y el desmantelamiento del de Rosario, que hasta ese momento era el único puerto cerealero en la zona y estaba en manos del Estado.
Tres días después se produce el golpe. El coronel José María González asume en la gobernación de Santa Fe y atrás quedaba la administración de Silvestre Begnis, quien por medio de su ministro de Hacienda, Juan Quilici, buscaba un crédito por 60 millones de dólares del BID para el desarrollo de las pymes, poco más del 15% de lo que producían en esa época los 4.982 establecimientos industriales del Gran Rosario.
En 1985, aún quedaban en pie 4.054 industrias en la región, solo que de los más de 46 mil trabajadores que ocupaban en 1974, quedaron 38 mil produciendo algo más de 400 millones de dólares de valor agregado. Más productividad con menos mano de obra, una antesala de lo que en los 90 se expresó como la más cruda flexibilización laboral. También con el inicio del gobierno militar se inició el freno para el desarrollo de los parques industriales.
A 45 años del golpe, vale recordar que se trató de un proyecto político que utilizó —además del terror— a la economía como herramienta para consolidarse y recibió el respaldo de los organismos internacionales de crédito. Otra vez y replicando lo que se repitió en el pasado inmediato cuando el FMI dilataba los desembolsos a poco de caer el gobierno de De la Rúa, el FMI otorga un crédito al país el mismo día que asume Martínez de Hoz.
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