El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que frenó la suba de aranceles promovidos por el presidente Donald Trump genera un impacto directo sobre el diferencial arancelario que beneficiaba a la Argentina, advierten los especialistas.
La decisión de la Corte llevó al presidente de Estados Unidos a promulgar un arancel global del 10%. Se abre un escenario de incertidumbre para el comercio bilateral
Trump al anunciar los aranceles diferenciados en abril del año pasado.
El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que frenó la suba de aranceles promovidos por el presidente Donald Trump genera un impacto directo sobre el diferencial arancelario que beneficiaba a la Argentina, advierten los especialistas.
La decisión puso en duda algunas de las ventajas para el comercio bilateral que había obtenido el gobierno de Buenos Aires. Hasta el momento, la economía argentina se encontraba beneficiada por una política de aranceles reducidos en comparación con otros países de la región.
La sentencia judicial determinó que la autoridad para fijar aranceles recae en el Congreso estadounidense. Como respuesta al fallo, el presidente de Estados Unidos anunció este viernes que promulgará un arancel global del 10% apoyado en la ley comercial conocida como Sección 122, luego del histórico fallo de la Corte Suprema que declaró ilegales las medidas aplicadas bajo poderes de emergencia.
“Se utilizarán otras alternativas para reemplazar las que el tribunal rechazó incorrectamente. Tenemos alternativas”, afirmó desde la Casa Blanca ante la prensa, en declaraciones difundidas pocas horas después de conocerse la decisión judicial.
Según Marcelo Elizondo, la Argentina ocupaba una posición ventajosa, ya que “la posición muy favorable de arancel cero para 1.600 posiciones arancelarias y diez por ciento de tope para el resto, conseguida en el acuerdo comercial, nos beneficiaba en términos relativos”.
Elizondo sostuvo que la decisión de la Corte “le reconoció a Trump el derecho a ejercer su política arancelaria”.
A partir de ahora, un tribunal inferior deberá ejecutar el fallo, lo que podría derivar en la necesidad de reembolsar a los importadores los pagos realizados bajo la vigencia de esos aranceles.
El costo fiscal estimado alcanza los 133.000 millones de dólares en devoluciones. Para el sector privado, esto implica un cambio de reglas en la administración del comercio bilateral.
Desde la perspectiva de la industria nacional, el fallo impacta especialmente en productos como acero y aluminio.
El acuerdo permitía un arancel del 0% para ciertas posiciones arancelarias, mientras que otras quedaban sujetas a un máximo del 10%. Brasil, en cambio, enfrentaba un arancel generalizado del 50%. El diferencial, por tanto, colocaba a la Argentina en una situación competitiva.
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Por Nicolás Maggi