Acuerdo UE–Mercosur: días decisivos entre ultimátums, salvaguardias y resistencias internas en Europa

Tras advertencias públicas, manifestaciones de agricultores en Bruselas y negociaciones contrarreloj por “salvaguardias” agropecuarias, los protagonistas comenzaron a trabajar con un nuevo horizonte: enero.

El punto de inflexión se produjo el martes 17 de diciembre cuando Giorgia Meloni expresó sus dudas respecto del pacto y consideró “prematuro” avanzar con la firma. La reserva era clara: Roma necesitaba más garantías para su sector agrícola antes de dar luz verde. Horas después, Lula Da Silva presentaba un tajante ultimátum: “ahora o nunca”. Su advertencia fue interpretada como una reacción directa a los dichos de la mandataria italiana y al rechazo persistente de Francia, en momentos en que Brasil buscaba sellar la cuestión durante la cumbre en Foz do Iguaçu.

El miércoles 18 de diciembre comenzaron dos movimientos simultáneos para combatir el desacuerdo. Por un lado, la Comisión Europea intentó destrabar la situación interna impulsando nuevas salvaguardias agrícolas para contentar a los países más reticentes y a los manifestantes. Por otro lado, y según trascendió tras una comunicación directa entre ambos mandatarios, Meloni le habría solicitado “paciencia”. En este intercambio, la primera ministra italiana habría mostrado su disposición a acompañar el acuerdo una vez alivianadas las tensiones internas, lo que logró que el presidente brasileño aceptara una espera estratégica hasta enero.

Sin embargo, el presidente francés, Emmanuel Macron, volvió a endurecer su postura. Desde Bruselas lanzó una fuerte advertencia: no hay “cheque en blanco” para el Mercosur. Sostuvo que, si se fuerza una votación antes de fin de año, Francia votaría en contra, y subrayó que el tratado “no puede firmarse” sin condiciones adicionales de control.

El jueves 19 de diciembre el panorama se aclaró: el acuerdo quedaba postergado. La Unión Europea descartó votar en lo inmediato y pasó a trabajar para una firma a comienzos de enero, lo que diluyó la expectativa puesta en la cumbre de este fin de semana. El propio Lula asumió públicamente que no habría acuerdo inminente, reforzando la idea de un desplazamiento del cronograma.

En la UE, el descontento por la demora lo manifestaron principalmente los industriales, en particular en Alemania, frustrados por el costo reputacional y económico. Mantienen, no obstante, una actitud optimista, ya que sostienen que la firma es “prácticamente un hecho”. El retraso también tuvo efectos en el Mercosur: en Argentina, el Gobierno confirmó que Javier Milei asistirá a la cumbre pese a que ya no se espera la firma, lo cual fue interpretado como un gesto de distensión hacia Brasil.

La secuencia de estos tres días dejó una conclusión: el desenlace del acuerdo depende menos del contenido que de la gestión de los costos internos en las capitales europeas, especialmente en Roma y París. El aplazamiento responde a las propias limitaciones políticas de la Unión Europea. Las reticencias de Italia y Francia, la presión de los agricultores y la necesidad de introducir nuevas salvaguardias revelan que la UE enfrenta serias dificultades para traducir su interés estratégico en una decisión política concreta.

Para la Unión Europea, un eventual fracaso no sería neutro. Implicaría resignar influencia en América Latina en un momento de competencia geopolítica global. Como advirtió Lula, sin “coraje político” no hay tratado posible.

Más allá del corrimiento de la fecha, la secuencia de los últimos días deja una señal difícil de ignorar: el aplazamiento responde menos a divergencias con el Mercosur que a las propias limitaciones políticas de la Unión Europea. Las reticencias de Italia y Francia, la presión de los agricultores y la necesidad de introducir nuevas salvaguardias revelan que, aun cuando existe voluntad estratégica en Bruselas, la UE enfrenta serias dificultades para traducir ese interés en una decisión política concreta.

El Mercosur, por su parte, recibe un golpe que lo obliga a repensar su estrategia de inserción internacional. En ese contexto, no resulta casual que Uruguay haya vuelto a reclamar mayor flexibilidad para negociar con terceros ni que el bloque empiece a recalcular alianzas en un sistema internacional cada vez más fragmentado y competitivo.

Para la Unión Europea, el eventual fracaso del acuerdo no sería neutro. Más allá del impacto económico, implicaría resignar influencia política en América Latina en un momento en que la región gana importancia estratégica frente a otros actores globales. Tal como lo expresó Daniel Caggiani, copresidente de la Asamblea EuroLat: “Tener un comercio regulado hoy, vale oro. Mucho más de lo que se piensa, porque en realidad vamos hacia un mundo donde las reglas faltan cada vez más”.

En ese sentido, el aplazamiento no cierra el proceso, pero sí redefine sus términos. Ya no se trata únicamente de cuándo se firma el tratado, sino de quién está en condiciones de asumir los costos políticos de hacerlo. Como advirtió Lula, sin “coraje político” no hay tratado posible.