Las decisiones absurdas suelen ejecutarse con una rapidez capaz de sorprender a los sujetos más avispados, especialmente si emanan de quienes detentan esa generosa cuota de poder conocida como facultades discrecionales, paradójicamente otorgada por mandato legal a los gobernantes de turno atendiendo a la finalidad inherente al cumplimiento eficaz de las funciones a su cargo. Quien efectúe una recorrida por la plaza San Martín se sorprenderá al observar que a pocos metros de la estatua ecuestre que honra al Libertador San Martín, se ha erigido un habitáculo que degrada el exquisito diseño que caracteriza a ese lugar público, emplazado en uno de los sectores históricos de la ciudad. La improvisada edificación resulta oprobiosa para el habitante de Rosario. Se ha informado que esa construcción precaria ha sido realizada por el gobierno provincial para ser utilizada como oficina con miras a la tramitación del boleto estudiantil gratuito. Una incógnita a develar: ¿el gobierno provincial se encuentra facultado a construir habitáculos que devendrán fatalmente en taperas en medio de una plaza que es un bien de dominio público del Municipio de Rosario? (artículo 235, inciso f del Código Civil y Comercial). Más aún: en el supuesto que mediare una autorización de tal naturaleza, ¿es legítimo tal otorgamiento? Y, por fin: ¿basta en este caso una simple resolución del poder administrador, sin un pormenorizado debate previo? Abundan inmuebles que pueden ser adecuados para la atención de una necesidad prioritaria como es el otorgamiento del boleto estudiantil, sin dañar la exquisita armonía arquitectónica que caracteriza a la emblemática plaza San Martín.
