El prolongado conflicto entre los ocupantes del trono presidencial y la gauchocracia nos ha proporcionado al resto de los argentinos la seguridad de que, de aquí en más, los camioneros, los panaderos, los carniceros, los metalúrgicos, los químicos o cualquier otro gremio podrán cortar las rutas nacionales o provinciales cuando se les ocurra y por el motivo que seleccionen, convirtiéndonos a todos en sus rehenes. Bajo el argumento –falso por donde se lo mire– de que no puede judicializarse la protesta social, todo estará permitido. Aquello que el Código Penal señala como delito es un delito, no importa el origen que lo genera. Pensar –o peor obrar en contrario a ese aserto– nos convierte de inmediato en un país sin normas. Sugiero entonces que la próxima serie de cacerolazos sea dedicada a hacerle saber a nuestros gobernantes, jueces, fiscales y fuerzas de seguridad auxiliares de la Justicia, que los inmensamente mayoritarios ciudadanos ajenos a los conflictos sectoriales queremos que se restablezcan las normas, que siguen estando porque nadie las derogó, pero que pasan desapercibidas ya que ninguna autoridad se preocupa por hacerlas respetar.
