La médica fue encarcelada en Tartagal, procesada judicialmente por haber garantizado un aborto en el hospital público. Un año más tarde fue sobreseída.
Miranda Ruiz, la médica denunciada por llevar a cabo un aborto de 22 semanas. Foto: Facebook de Miranda Ruiz
Foto: Facebook de Miranda Ruiz
La conferencia de prensa del sobreseimiento de Miranda Ruiz. Foto: Facebook de Cels
Foto: Facebook de Miranda Ruiz
Foto: Amnistia Internacional
Cuando en septiembre de 2021, el juez de Garantías de Tartagal, Mariscal Astigueta, decidió poner en prisión a Miranda Ruiz, ella trabajaba como médica residente en el hospital Juan Domingo Perón, en la cabecera del departamento San Martín, al norte de la provincia de Salta. La ciudad forma parte de una de las regiones más pobres del país, en emergencia sociosanitaria desde 2020, época en que a las muertes por falta de agua potable se superponían las de la pandemia por Covid-19.
Ocho meses antes, se había sancionado la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina. La norma se aplicaba en pocos hospitales públicos de la provincia, fundamentalmente por la objeción de conciencia que anteponían muchos profesionales de la salud. Desde antes de la ley, en la página web del Colegio de Médicos de Salta estaba colgado un pronunciamiento en "defensa de las dos vidas". La barrera para acceder a un aborto no era la falta de insumos, como en la actualidad.
Miranda había recibido su diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires y se había especializado en medicina interna en el hospital nacional Alejandro Posadas, donde solo ingresan 12 residentes por año.
“Por algún espíritu cristiano, siempre quise estar donde se me necesita, donde nadie va. Nací en una familia de ateos muy ideologizada, muy kirchnerista. En mi casa siempre se habló de política, mi viejo siempre nos incitó a la lectura y la sensibilidad social”, reflexionó Miranda.
Así fue que, tras terminar su especialización, llegó al hospital del norte salteño. Su entrenamiento previo le había permitido tener un rol destacado en la pandemia. Era la única médica del centro de salud con conocimiento para elaborar los protocolos Covid. Su tarea era valorada por la mayoría de los trabajadores del efector.
Nueve días antes de su detención, una mujer de 21 años había abortado en el hospital público autoadministrándose pastillas de misoprostol. El procedimiento se había realizado bajo los máximos estándares según el protocolo vigente, con la participación de un equipo interdisciplinario, el visto bueno de las autoridades hospitalarias y del Ministerio de Salud provincial.
La prisión de la médica fue solicitada por el fiscal penal Gonzalo Vega, en base a la denuncia de una tía de la paciente. El funcionario utilizó documentación fraguada por el médico de guardia cuando se produjo la expulsión del feto, el ginecólogo Marcelo Cornejo. Inicialmente Miranda fue acusada por ejecutar el aborto sin justificación, pero el fiscal Vega no pudo sostener ese argumento dado que las causales habían sido avaladas por un equipo de profesionales. Dos meses más tarde cambió la imputación y sostuvo que obligó a la mujer gestante a practicarse el aborto sin su consentimiento.
La joven provenía de Salvador Mazza, ciudad ubicada al norte de Tartagal en el límite con Bolivia. En septiembre de 2021 se había presentado en el hospital solicitando la interrupción de su embarazo de 22 semanas.
La chica no quería el embarazo, lo había ocultado por miedo. Se encontraba en una condición de vulnerabilidad extrema y sufría violencia intrafamiliar. El tío con quien vivía le advertía que la dejaría en la calle junto con su hija de dos años si volvía a embarazarse.
El equipo hospitalario procedió bajo el protocolo nacional vigente. La medida fue discutida y avalada por la médica, una trabajadora social, una psicóloga, el jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia, además de la Gerencia del hospital y del supervisor de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud provincial. La chica quedó internada y comenzó a autoadministrarse la medicación tal como le prescribieron.
En el transcurso del procedimiento, Cornejo ingresó en su turno a la guardia del hospital y quedó a cargo de los pacientes internados. El ginecólogo nunca evaluó el estado de la joven, pero estaba al tanto desde que llegó. Pasando por alto los derechos de la paciente y la confidencialidad del tratamiento, telefoneó a la concejala y secretaria de Niñez y Adolescencia de Salvador Mazza, Claudia Subelza, para contarle del caso.
A su vez, Subelza avisó al tío de la chica y llamó al gerente del hospital de Tartagal, Santiago Payo, exigiendo que interrumpiera el tratamiento bajo amenaza de realizar una denuncia penal. Payo rechazó la extorsión y respaldó al equipo hospitalario que avaló la práctica.
Finalmente se anotició otra tía de la paciente que viajó hasta Tartagal desde General Mosconi, para intentar forzarla a cambiar de postura y continuar la gestación.
En medio de las amenazas y las presiones, el 24 de agosto a las 19 la paciente accedió a su derecho. En la guardia de Cornejo expulsó el saco fetal. Ni el ginecólogo, ni Patricio Parra Marín, quien lo reemplazó en la guardia, la asistieron. La paciente recibió atención ginecológica recién 33 horas. Lo que sí hizo Cornejo fue adjuntar a la historia clínica de la joven fotografías y una hoja sin firma donde constaba el peso, la talla y la vitalidad del feto.
La denuncia penal efectuada por la tía se basó en esos datos, en una anotación en la hoja de enfermería firmada por Milagros Gutiérrez en la que decía que la paciente manifestaba “arrepentimiento” y en declaraciones confusas de Parra Marín sobre el consentimiento informado. Días más tarde, la paciente fue forzada por su entorno a declarar en contra de Miranda.
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“Como no lograron el objetivo de torcer la voluntad de la paciente y nuestro accionar profesional, al día siguiente de producirse el aborto, empezó un escrache vengativo con utilización de mi nombre, apellido e imagen”, sostuvo Miranda.
Los primeros fueron los responsables de la agencia Tartagal del diario El Tribuno, los hermanos Carrazán. En las ediciones papel y digital propagaron la noticia con detalles escabrosos. Otros medios los replicaron insistentemente.
Días más tarde, la diputada Cristina Fiore expuso el caso en la sesión ordinaria de la Cámara Baja. Dijo que la médica había llevado a la paciente al quirófano en contra de su voluntad, que le hizo expulsar el feto, que la bebé nació con vida y lloró, que la madre la escuchó y que Ruiz la asfixió y desechó el feto en la basura.
Tras la arenga de Fiore, el juez Astigueta ordenó el encarcelamiento de Miranda. La detención duró pocas horas, era injustificable. Sin embargo, el proceso judicial se extendió durante un año y ella fue la única imputada.
Los “grupos celestes”, integrados por líderes religiosos, autoridades y estudiantes de escuelas católicas y profesionales de la salud avalados por colegios de médicos de las provincias del noroeste, aprovecharon el caso para legitimar la oposición a la ley.
Por otra parte, la médica obtuvo respaldo de los “grupos verdes”, sobre todo en la calle. En Salta se realizaron “pañuelazos” y manifestaciones proaborto en los hospitales de Tartagal y en el Materno Infantil de Salta, entre otras protestas.
Contradicciones y arbitrariedades
Algunos días después del aborto, la tía de la paciente volvió a declarar ante el fiscal. Confesó que denunció por insistencia de Subelza, y que no sabía si el feto había nacido vivo. También en sede fiscal la enfermera Gutiérrez reconoció que la paciente jamás le expresó arrepentimiento. Fue una interpretación personal de una conversación de la joven con su tía, quien la presionaba para no abortar.
Lejos de desistir, Vega continuó adelante con la imputación.
A Marcelo Cornejo lo sobreseyeron en 2023 del delito de falsificación de documento público por inexistencia de delito. “La ausencia de firma de profesional médico que asistió al parto imposibilita tener perfecto el documento y, por ende, excluye la tipicidad de la conducta endilgada”, argumentó su abogada defensora Sarah Esper.
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La defensa de Miranda hizo dos pedidos para que la sobreseyeran. El segundo fue rechazado en mayo de 2022 por el juez Luciano Martini, del Tribunal de Impugnación. Justificó su negativa en la versión mediática y en su fallo brindó nuevas tergiversaciones, dando elementos persecutorios al fiscal Vega para que imputara a la médica por delito de homicidio.
El proceso judicial debió caer inmediatamente por las contradicciones y la falta de pruebas. El final de la persecución fue posible por la estrategia jurídica y mediática del abogado Oscar Guillén, especialista en Derechos Humanos de la Universidad de Castilla de La Mancha, y especialista en Derecho Penal en la Universidad Nacional del Litoral. “El 10 de junio del año 2022 nos conocimos, en julio presentó la nulidad y en septiembre el juez Luciano Martini del Tribunal de Impugnación me sobreseyó. Lo que hicimos con Oscar Guillén es llamar a especialistas en la materia para exponer los falsos argumentos médicos”, sintetizó Miranda en entrevista telefónica.
El periplo de Miranda finalmente no resultó en vano y el Consultorio IVE se vio fortalecido. “Con toda la mediatización del caso, pensé que si dejaba el consultorio les daba la razón, por eso no lo dejé. Si no me hubieran metido presa, probablemente la ley no se hubiera cumplido por mucho tiempo en Tartagal”, explica y sobre la actualidad asegura: “Hay otras personas que hacen abortos en el hospital y el consultorio funciona sin mí, se amplió el equipo de trabajo y se reciben en promedio 20 consultas semanales”.
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“Salí a defender la ley, mi trabajo y a contar lo que pasó. Les salió el tiro por la culata porque se difundió el consultorio y empezó a venir mucha más gente que antes. Cuando salía en los medios locales contaba cómo se hacen abortos con pastillas, explicaba por qué motivos no podía obligar a nadie a hacerlo y difundía el consultorio y cómo se tenían que anotar las pacientes. Eso generó que instantáneamente se llene el consultorio, y una movida solidaria dentro del hospital para que no me escrachen. Mis compañeras, la ginecóloga, la psicóloga y la trabajadora social organizaron charlas sobre cómo justificar las causales de aborto, lo que dio más acceso”, relató.
Miranda considera que, en el norte salteño, la batalla cultural respecto al acceso al aborto y a la necesidad de que el Estado provea anticonceptivos está ganada. Y aunque advierte sobre la falta de recursos para garantizar derechos, admite que “antes los médicos no adherían, hoy los circuitos clandestinos casi no existen”.