“Acá hay una prevalencia de las fuerzas armadas, está la figura de Rico y, además de todo eso, hay un fuerte asentamiento del Opus Dei”, explican las integrantes de la Campaña que ante la hostilidad del escenario, al que suman la presencia del conservadurismo religioso más extremo, prefieren resguardar sus nombres propios. A la historia del distrito, suman un dato: cuando empieza el primer debate en el Congreso de la Nación sobre la ley de aborto, en 2018, el municipio se declara “Pro-Vida”.
En los hechos, San Miguel es un municipio donde el derecho al aborto garantizado desde diciembre de 2020 en la Ley 27.610 no se hace efectivo en ninguno de sus efectores de salud, ya que además no existen en el distrito servicios gestionados por la provincia. La única salida para las mujeres, denuncian, es ir a abortar a otro municipio.
Los servicios que deberían brindar información y acceso a la práctica a través de espacios de consejería y asesoramiento, en cambio, responden a políticas diseñadas desde las áreas de Salud del municipio para detectar, perseguir y hostigar a quienes solicitan una interrupción.
En una primera instancia, ese accionar se llevó adelante desde las llamadas consejerías “Guadalupe”, que en 2024 se renombraron como "El camino de la embarazada". Un programa que sobre la base de la ley de los 1.000 días presiona a las mujeres que solicitan la práctica para continuar con la gestación. Incluso, se montan estructuras de seguimiento tanto telefónicas como a domicilio, casa por casa, utilizando las bases de datos del sistema sanitario.
El Programa “El camino de la embarazada” funciona desde abril de 2024 y fue presentado y promocionado en los canales de comunicación oficiales. Las integrantes de la Campaña señalan que no es más que la continuidad de las Guadalupe y que las prácticas son calcadas.
“A las pibas y a las mujeres que llegan al hospital con pérdidas o con un aborto en curso, se las increpa y se las maltrata. Y a las que pasan por las consejerías, las llaman por teléfono, se hace el seguimiento del embarazo sobre todo en las primeras semanas para garantizar que no se interrumpa. Las prácticas son violentas”, detallan.
La metodología lejos de esconderse está explicitada en la presentación del programa en el sitio web de la Municipalidad de San Miguel, donde señalan que la labor incluye “la realización de operativos de identificación de mujeres embarazadas para acompañarlas de manera cálida y cercana, facilitándoles el acceso al servicio sanitario”. La calidez no es más que la dilación para acceder a un derecho, primero, y el hostigamiento para evitar el cumplimiento de la ley vigente, después.
El informe 2023 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires sobre los avances de la implementación de la ley, detalla que para ese año se habían triplicado de 196 a 600 los establecimientos de salud en el territorio bonaerense para garantizar la práctica. Sin embargo, en el alcance quedaban afuera dos de los 135 municipios bonaerenses. “Capitán Sarmiento y San Miguel aún se niegan a conformar equipos en sus establecimientos municipales y unirse a la Red Provincial”, detalla.
Además, el Informe Epidemiológico de Acceso al Aborto del Ministerio de Salud bonaerense mostró en 2022, a dos años de la sanción de la ley, lo que las organizaciones venían denunciando: la migración de mujeres a centros de salud de otros distritos para acceder a la práctica médica.
Sólo ese año, 481 mujeres se tuvieron que movilizar para poder realizar la intervención. Más de la mitad (257) lo hicieron en José C. Paz, 84 en Moreno, 58 en Pilar, 26 y 25 en General San Martín y Morón, respectivamente, y en menor medida se trasladaron a San Fernando (15), Escobar (7), Tres de Febrero (4), Malvinas Argentinas (3), General Rodríguez (1), Ituzaingó (1), Tigre (1). Desde Capitán Sarmiento, otro municipio sin equipos conformados, cuatro mujeres fueron atendidas en Pergamino.
Moreno, donde funciona la Maternidad Estela de Carlotto, Hurlingham y José C. Paz son municipios más cercanos considerados “amigables” por las organizaciones y donde ante la consulta de las mujeres, desde las organizaciones se las asesora para que puedan acceder a la interrupción.
Sin embargo, lo que advierten las referentes en el territorio es que no todas están en condiciones de hacer ese recorrido. “La precariedad de las mujeres es mucha, no siempre les resulta posible llegar a esos hospitales en otros municipios. A veces no tienen dinero para la Sube o quien las acompañe”, afirman sobre los casos que asisten a través de sus propias redes de apoyo. Muchas otras vuelven a intentarlo empujadas a la clandestinidad pese a la existencia de la ley.
Los vínculos políticos con LLA
“A partir de hoy, cada uno de nuestros centros médicos entregará a las futuras madres una carpeta para el guardado de sus estudios y una guía con información sobre el periodo de gestación por el cual está transitando”. Las declaraciones hechas durante la puesta en marcha del Programa El Camino de la Mujer Embarazada en el Hospital Municipal Raúl Larcade en abril de 2024 corrieron por cuenta de Pablo De la Torre, secretario de Salud y Bienestar Familiar de San Miguel, y una figura con estrechas vinculaciones a la gestión de Javier Milei desde el inicio de su gestión.
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Su hermano, Joaquín, es abogado e integrante del PRO, gobernó el enclave de la provincia por dos mandatos consecutivos hasta 2016 y actualmente es senador por la provincia de Buenos Aires.
“Durante la pandemia de Covid y el debate de la ley de IVE los referentes en el municipio de los antiderechos fueron Pablo y Joaquín De la Torre”, cuentan desde la Campaña, y suman información: “Pablo es médico pediatra y ambos son pioneros en hacer charlas en contra de la ley del aborto, y lo hicieron durante la pandemia a través de vivos en las redes sociales”.
Foto: Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito
Previamente, en 2018, Pablo De la Torre participó en el Congreso de la Nación en el debate en Comisión en contra del proyecto de Ley de Interrupción de Embarazo.
Con el triunfo de LLA y la cercanía de los De la Torre al ala más conservadora del PRO, Pablo desembarcó 13 días después de la asunción de Milei en el megaministerio de Capital Humano, donde fue designado secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Si bien su permanencia fue de apenas cinco meses, ya que un conflicto por el reparto de alimentos lo dejó afuera, desde enero de este año busca replicar en San Isidro, como responsable de Salud, las políticas desplegadas en San Miguel.
San Isidro, en el espejo
El 28 de septiembre de 2024, las organizaciones de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito se movilizaron hasta la puerta del Hospital Materno Infantil de San Isidro ante el caso de una adolescente de 17 años que había solicitado una interrupción de su embarazo y que, ante la negativa el efector, terminó internada en una Unidad de Cuidados Intensivos por una práctica realizada de manera insegura.
“La chica había pasado por la consejería y cuando logramos armar el rompecabezas de la situación, pudimos constatar que entró para pedir una IVE y en lugar de informarla, salió con un par de escarpines. La chica no volvió y hasta donde supimos, quedó internada en la UTI del Hospital Central a causa de una infección generalizada producto de un aborto en condiciones peligrosas”, relataron voceras de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de San Isidro.
El hecho ocurrido en uno de los distritos más ricos del conurbano bonaerense desnudó el funcionamiento del consultorio Maternidades vulnerables en el Hospital Materno Infantil, un paso obligatorio para quienes se acercan a solicitar una IVE y que no son más que el espejo de las consejerías que funcionan en San Miguel bajo la política de los hermanos De la Torre.
“En San Isidro siempre fue muy difícil garantizar derechos, pero en el último tiempo, con el cambio de gestión, es más difícil aún. (Ramón) Lanús es un intendente con cercanía directa e importante con el sector del Opus Dei, el ala más conservadora de la Iglesia, y que además tiene esta lógica de imponerse en el interior del funcionamiento del Estado”, decían las integrantes de la Campaña a finales de 2024.
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La política antiderechos que denunciaron a lo largo de todo ese año, lejos de modificarse, toma un camino de profundización con el desembarco de Pablo en la Secretaría de Salud del municipio en enero de 2025 de la mano del intendente Lanús. Las organizaciones alzan la voz en el intento de la gestión de replicar en el hospital municipal el modelo San Miguel.
Lo que sucede, ahora en ambos municipios, es que el sistema de salud que debería brindar información a través de consejerías para evaluar cada caso y ofrecer opciones sobre salud integral, ejerce violencia sobre las mujeres que se acercan a solicitar una interrupción de sus embarazos. Las referentes feministas marcan que en estos consultorios por donde deben pasar las mujeres que solicitan la práctica no se brinda esa información. Incluso, a través de denuncias de usuarias, pudieron saber que aunque el municipio sostiene que la atención está en manos de psicólogas, “algunas fueron atendidas por numerarias del Opus Dei que están allí para recibir las consultas y persuadir a las mujeres para que no aborten”.
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También aquí, como en San Miguel, el hostigamiento y persecución, dicen. “Lo que hacen estos espacios es limitar el acceso, expulsar y volver a las mujeres a la clandestinidad”, remarcan desde la Campaña, que citan el caso de la adolescente de 17 años que en septiembre de 2024 las movilizó frente al hospital. A ese punto clave, pese a las hostilidades, vuelven en cada marcha movilizadas bajo la consigna “El derecho a abortar es ley: ¡negarlo es violencia!”. Insisten, pese a la profundización de las políticas nacionales, en que también el Estado municipal debe garantizar lo que es ley. Denuncian una y otra vez la violencia de elegir entre ser obligarlas a gestar y parir, o la clandestinidad.
