Según el Indec, el sector operó al 53,4% de su potencial en marzo. El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario analizó la crisis del sector y criticó el proyecto de Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones.
El 80% de las ramas metalúrgicas presentó caídas interanuales, como consecuencia de la caída de la demanda.
“En la industria estamos todos llorando, prestándonos los pañuelos”, aseguró Roberto Cristiá, el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM) para describir el impacto de la recesión en el sector. Caídas que van de 30% a 70% en la mayoría de los sectores ya muestran sus primeros impactos en el empleo.
Cristiá señaló que el uso de la capacidad instalada y el empleo son dos curvas paralelas. “La primera curva empezó a bajar por diciembre y enero y en el empleo ya hubo reducciones de personal en línea blanca, en fábricas de electrodomésticos”, señaló en diálogo con el programa radial La Banda Cambiaria.
De hecho, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 53,4% en marzo, nivel inferior al del mismo mes de 2023, que fue de 67,3%.
Los bloques sectoriales que más cayeron son industria automotriz (50,8%), productos del tabaco (50,5%), industrias metálicas básicas (50,0%), edición e impresión (48,3%), productos minerales no metálicos (47,2%), productos de caucho y plástico (44,1%), productos textiles (38,5%) y metalmecánica excepto automotores (38,0%).
Reducción de jornadas, suspensiones, administración de contratos temporales son algunos de los mecanismos a los que apelan los fabricantes locales para “mantener al personal que tanto cuesta conseguir y capacitar, ya que no nos olvidamos que durante 2022 y 2023 todas las fábricas luchábamos por conseguir obreros calificados”, agregó Cristiá.
Una excepción a esta debacle generalizada es la de las industrias que se convirtieron en proveedores de los complejos de petróleo, gas y minería, que en parte es fruto de una estrategia sostenida de inserción en la que intervinieron el sector privado y público de la región. Pero aun esa avanzada corre peligro si se aprueba el proyecto de ley Bases que envió el presidente Javier Milei al Congreso, específicamente en el capítulo que incluye al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Rigi).
Es que el Rigi establece anchos y largos beneficios fiscales, arancelarios, cambiarios y jurídicos a las empresas que motoricen proyectos de inversión superiores a los u$s 200 millones, un piso que “evidentemente deja fuera las pymes”, como señaló el titular de AIM. En el debate legislativo se escuchó que esta promoción es para alentar emprendimientos en los sectores de petróleo, gas y minería, aunque incluye otros cuatro sectores y le permite al Poder Ejecutivo incluir a más. En cualquiera de los casos, las ventajas que ofrece a las grandes empresas conspira contra el encadenamiento con proveedores locales que ahora se está tratando de anudar. Por ejemplo, brinda estímulos a la importación de equipos, incluso usados. Y además prefigura es una competencia desleal.
“Es una espada de Damocles porque en cualquier sector que un proyecto de estos desembarque, con los beneficios que tiene, a la industria local la hace de goma”, enfatizó el presidente de AIM. La entidad local comparte las objeciones que expuso en el Congreso nacional la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra). Entre ellas figura el propio plazo de vigencia: “Treinta años es una barbaridad, 10 sería mejor, como propone Fisfe, renovables en función de que se cumplan una serie de condiciones”, agregó. Estas contrapartidas hoy no están en el texto pero los industriales locales están tratando de incluirlas. También rechazan la introducción del arbitraje obligatorio en el Ciadi, que tiene una estadística de fallos en contra de la Argentina del 88%.
Por otra parte, los beneficiarios de grandes proyectos van a pagar un 25% de impuesto a las ganancias, diez puntos menos que los trabajadores mejor remunerados, si se repone este tributo a través del capítulo fiscal de la ley Bases. Entre otras cosas, tampoco pagarán el impuesto País por las importaciones. “Todas esas ventajas descolocan a las pymes, que no las tienen, y además no abarcan sólo a la primera etapa, cuando se están instalados, sino que se mantienen por 30 años”, acotó Cristiá. Además, podrán exportar sin pagar retenciones, que pagan casi todas las demás actividades y sin ninguna obligación de ingresar las divisas. La conclusión es que “no habrá ningún desarrollo industrial ni cadena de valor”.
“Nuestros insumos difundidos, como aluminio, acero, plástico, cobre y vidrio están carísimos, entonces a los grandes proyectos seguramente les va a resultar más barato comprar bienes de afuera, además esto se da en este momento con un dólar atrasado con respecto a los precios internos”, señaló el dirigente industrial.
Por Aníbal Fucaraccio
