Avanza la reforma policial en Santa Fe: ya logró la media sanción del Senado

Jerarquización de la carrera policial, capacitación, control del personal, disciplina, licencias por causas médicas y reconocimiento de la labor de los buenos funcionarios son los ejes de la reforma policial que tuvo media sanción en la Cámara de Senadores de la provincia.

La iniciativa del bloque justicialista incluye 125 artículos y persigue el objetivo de "preservar la institución policial por todos los medios posibles".

Fue el senador por San Lorenzo, presidente del bloque y titular de la comisión de Seguridad de la Cámara alta, Armando Traferri, el encargado de fundamentar el proyecto. "Soy uno de los que en el mandato 2003/2007 votó la ley vigente. Al poco tiempo nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error enorme. Desde 2011 estamos hablando de la necesidad de una nueva reforma, porque la situación actual ha llevado al desprestigio de la fuerza", se sinceró el legislador. Y recordó: "Tampoco recibimos apoyo cuando planteamos la emergencia en seguridad, la que luego se aplicó por decreto en un reconocimiento de que teníamos razón".

La iniciativa es "producto de más de dos años de trabajo de campo y de diálogo con los agentes de las fuerzas de seguridad de todas las categorías, y cuenta con el asesoramiento de ex jefes policiales con legajos intachables", agregó Traferri, quien lamentó que antes de llegar a la votación en el recinto estuvo "siete meses esperando poder consensuar con el Ejecutivo, cosa que no sucedió antes por falta de predisposición de la gestión provincial".

Traferri destacó el aporte de los comisarios Rubén Cabral, Alfredo Portaguardia, José Giacometti y el abogado José Ferrara, "todos ellos con un paso muy destacado en la fuerza". Y agregó: "El ministro Pullaro dice siempre que por la ley actual no puede tomar medidas con los malos policías, lo cual no es verdad. La ley contempla la posibilidad pero ellos no lo han hecho. No han puesto a funcionar los mecanismos, pero los mecanismos están. La ley prevé la constitución de un tribunal de conducta, para acelerar el juzgamiento del mal desempeño policial, pero ellos en dos años de gobierno nunca lo han conformado".

Además, advirtió que "es muy complejo reemplazar recursos humanos ya que lleva mucho tiempo la selección y su instrucción. Pero también porque es muy oneroso, ya que deben ser incentivados con una asignación para suplir las necesidades básicas durante la enseñanza".

La norma

La nueva norma pondrá énfasis en que si bien los policías son jurídica y administrativamente agentes públicos, son fundamentalmente servidores públicos, mientras que en la actualidad son tomados como empleados públicos.

Traferri sostiene que la ley vigente prioriza escalafones y subescalafones, dando preponderancia a los profesionales y técnicos, relegando a los de seguridad, cuando son estos quienes movilizan a la institución ante la sociedad.

Así, la iniciativa con media sanción propone otorgar más puntaje para los ascensos a quienes están cumpliendo tareas operativas y volverá a tener dos cuadros: uno de personal superior u oficiales y otro de personal subalterno, suboficiales y tropa.

Respecto de la capacitación del personal policial, plantea cursos de dos años para los cuadros superiores y de seis meses para el personal subalterno.

Actualmente el 10 por ciento del personal está en disponibilidad imputado de faltas administrativas, lo que produce una sangría en los recursos humanos, lo que hace repensar el régimen disciplinario. El delito y la inseguridad no se detienen los fines de semana o días feriados. Actualmente las sanciones se cumplen sólo los días hábiles.

Traferri propone diferenciar las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo de las enfermedades y accidentes inculpables, que muchas veces no están debidamente comprobados. Debe existir un justo régimen de premios y castigos.

Corresponde ahora que el proyecto aprobado en Senadores sea considerado por la Cámara de Diputados.

en fila. La norma enfatiza que los policías son servidores públicos, y hoy se los considera empleados públicos.