Entre el jueves y el viernes de esta semana el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) realizará su 60º período de sesiones y entre los temas a tratar se encuentra el cumplimiento por parte del Estado nacional de la "Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". En ese marco, la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario presentó ante el organismo un informe alternativo en el cual se ponen de manifiesto "los avances, retrocesos, falencias y omisiones del Estado argentino y la provincia de Santa Fe en cuanto a su obligación de respetar, garantizar y hacer efectivos los derechos contenidos en la Convención", dijo el titular de la cátedra, Enrique Font.
En ese sentido, el informe denuncia una serie de incumplimientos registrados en la provincia. En primer término menciona "la falta de derecho de acceso a la asistencia jurídica y en particular la situación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos (como por ejemplo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, hechos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y de uso de la fuerza letal ilegal por parte de agentes del estado provincial) o sus familiares en tanto se encuentran significativamente limitadas para acceder a recursos sencillos y efectivos que les garanticen el acceso a la Justicia y la verdad".
Asimismo, para los redactores del informe hay "un agravamiento de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad menores de 18 años en dependencias de la Dirección de Justicia Penal Juvenil y serias irregularidades respecto al cumplimiento de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención de adolescentes y menores de edad".
En este sentido, la Cátedra dice que "se constató la total inexistencia de mecanismos adecuados para la detección y sanción de la tortura y los malos tratos sufridos por los jóvenes, tanto las que suceden en las instituciones dependientes del Ministerio de Justicia como las que ocurren al ingresar o reingresar a las instituciones".
Desde el momento en que no existen mecanismos adecuados de detección, manifiestan los investigadores, "surge también la inexistencia de registros adecuados, mecanismos para la protección efectiva de las víctimas y para evitar su repetición; más aún, no existen mecanismos de rehabilitación ni de reparación para las víctimas".
Desapariciones forzadas
En otro orden, el informe denuncia "casos de desapariciones forzadas de personas ocurridas en la provincia, hostigamiento a la Defensa Pública y el irregular procedimiento de destitución del ex Defensor General Gabriel Ganon en un claro acto de vulneración a la autonomía de la Defensa Publica y de represalia por la política comprometida con la vigencia de los derechos humanos".
En otro de los ítems del informe, se manifiesta "la excesiva mora del Estado provincial en el cumplimiento de la Convención y en ese marco su obligación de crear y poner en funcionamiento un mecanismo provincial de prevención de la tortura tal como lo estabelce la ley nacional 26.827".
En ese orden, denuncian que "el actual proyecto de ley de creación del mecanismo provincial de prevención, presentado por la legisladora oficialista Alicia Gutiérrez (tiene media sanción de Diputados) viola los requerimientos internacionales y no cumple con el protocolo facultativo, los documentos, recomendaciones y jurisprudencia del Subcomité para la Prevención de la Tortura de ONU".
Finalmente, desde la Cátedra de Criminología de la UNR se denuncia la "grave situación de violencia institucional en el departamento Rosario como un fenómeno extendido y sistemático posibilitado por actuaciones inadecuadas de la administración de justicia provincial y el Ministerio Público de la Acusación". En este sentido, el informe hace referencia a distintos casos ocurridos en Rosario de uso ilegal de la fuerza letal por parte de agentes policiales y de las fuerzas de seguridad nacionales.
