El ex presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus ex ministros quedaron hoy en libertad vigilada hasta que la Justicia belga decida si deben ser entregados a España, donde son investigados por delitos contra la Constitución relacionados con el desafío indpendentista. Puigdemont y sus acompañantes estuvieron detenidos durante varias horas en un edificio de la policía en Bruselas. Fueron interrogados durante cinco horas por un juez de instrucción, que decidió liberarlos en manera condicional.
La libertad provisional fue confirmada anoche por Gonzalo Boye, abogado de algunos de los ex ministros ("consejeros"), en una entrevista con el canal español La Sexta. Los cinco deben permanecer en Bélgica hasta que se resuelva la orden de detención enviada por España y acudir al tribunal cada vez que se los requiera. La noticia no fue comunicada aún de forma oficial por la fiscalía.
Puigdemont y sus cuatro acompañntes se habían entregado por la mañana a la policía federal en Bruselas después de que la Justicia española emitiera el viernes una orden europea de detención, tras lo cual fueron interrogados durante unas cinco horas por un juez de instrucción que decidió finalmente su libertad vigilada. A partir de ahora, la Justicia belga tiene 15 días para decidir en primera instancia si los entrega a España. En caso de que haya apelaciones, el procedimiento puede extenderse hasta 45 días, según la legislación belga, aunque la europea permite ampliar el plazo a 90 días en casos excepcionales.
Puigdemont y todo su gabinete son investigados por diversos delitos de rango constitucional, incluidos los de sedición, rebelión y malversación, vinculados al proceso separatista que lideraron y que culminó con el Parlamento catalán aprobando el 27 de octubre la creación de una república soberana. La rebelión contra el orden constitucional está castigada en España con hasta 30 años de cárcel. Puigdemont y sus ministros incurrieron en un delito de extrema gravedad, asimilable al intento de golpe militar.
El ex vicejefe del Ejecutivo regional, Oriol Junqueras, y otros siete ex ministros quedaron detenidos el jueves pasado tras declarar en la Audiencia Nacional en Madrid. Un noveno ex ministro, Santi Vila, fue el único que quedó en libertad tras pagar una fianza.
También Puigdemont y otros cuatro ministros consejeros que se trasladaron con él a Bélgica hace una semana estaban citados a declarar en Madrid, pero eludieron la cita argumentando que afrontaban un "juicio político" del gobierno español de Mariano Rajoy. Ante esa ausencia en contumacia, la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional emitió la noche del viernes la "euroorden" de detención. Puigdemont adelantó el sábado que estaba dispuesto a "colaborar con la Justicia".
El ex primer ministro socialista belga Elio Di Rupo afirmó en Twitter que le "chocaría mucho si la justicia belga manda a prisión" a Puigdemont, pese a que se opone a la política del líder independentista catalán.
Cataluña celebró el 1 de octubre un referéndum de autodeterminación prohibido por la Constitución y el Tribunal Constitucional. Apoyándose ensu resultado, el Parlamento catalán aprobó el 27 de octubre la declaración unilateral de independencia y la adopción de la república.
Ayer, manifestantes separatistas volvieron a salir a las calles de Cataluña para pedir la liberación de los "presos políticos". En Barcelona, varios centenares de personas se congregaron en la céntrica Plaza Universidad, al grito de "Libertad!", según la policía catalana..
"Verdadera justicia"
Puigdemont había asegurado el sábado que están "preparados para cooperar plenamente con la Justicia belga". Su entrega responde a un deseo "de no huir de la justicia sino de defenderse en un proceso justo e imparcial, posible en Bélgica, altamente dudoso en España", afirmó desde Barcelona un portavoz de su partido, el separatista PDeCAT. "Voy a ir a la justicia, pero a la verdadera justicia", había dicho Puigdemont asegurando que en Madrid no existen garantías de "tener una sentencia justa, independiente, que pueda escapar a esta enorme presión, a esta enorme influencia de la política sobre el poder judicial en España".
Se abre ahora un procedimiento que será probablemente largo: Puigdemont y su abogado ya anunciaron su intención de recurrir. "Las autoridades judiciales belgas podrían rechazar la entrega de Puigdemont si existen riesgos comprobados y serios para los derechos fundamentales si es entregado a España", explica Anne Weyembergh, jurista de la Universidad Libre de Bruselas (ULB).Sin embargo, según varios abogados contactados por la agencia AFP, los casos de rechazo son pocos.
