Desde 2007 se viene registrando una parálisis de creación de empleo genuino. En Argentina el 50% de la fuerza laboral tiene un empleo decente para los términos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya sea asalariado o no, pero el otro 50% no. A pesar de las tasas de crecimiento del 7 u 8% que se tuvieron durante muchos años una parte de la mano de obra laboral que podría contribuir a un proceso de desarrollo está afuera. La tasa de indigencia bajó gracias a la asignación universal por hijo pero el proceso inflacionario y la falta de creación de empleo genuino tiran en contra. Así reflexionó Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), durante su paso por Rosario, donde presentó el barómetro de la deuda social de la infancia.
El también investigador del Conicet apuntó que hoy hay “un contexto inflacionario y de estancamiento económico que agrava la situación”. Pero aclaró que “incluso en un contexto de crecimiento económico y no inflacionario nos encontraríamos con que una parte de la Argentina no está siendo incorporada y se mantiene en condiciones de exclusión”.
El Barómetro de la Deuda Social de la Infancia “Hacia el pleno ejercicio de derechos en la niñez y adolescencia: propensiones, retos y desigualdades en la Argentina urbana (2010-2012)” destaca que Argentina ingresa al período del Bicentenario (2010-2016) tras una década de importantes logros en el terreno del crecimiento económico, la inclusión laboral, la expansión de la asistencia social y la ampliación de derechos sociales, en particular para la infancia. Pero expone los desafíos aún pendientes en el efectivo cumplimiento de los derechos de niños y adolescentes en la Argentina urbana.
En ese marco, Salvia junto a Ianina Tuñón, coordinadora del estudio, analizaron la realidad de la ciudad que hoy concentra las miradas de todo el país por los efectos violentos de la criminalidad económica, que tienen como principales víctimas a los sectores de menores ingresos. Los especialistas advierten que el tratamiento para que niños y adolescentes no formen parte de la fuerza laboral es muy distinto si se trata de una ayuda a la familia o si son explotados por organizaciones ilegales. En este último enfoque proponen “una política integral” de la que formen parte la Nación, la provincia y el municipio junto a los distintos sectores económicos y sociales”.
Estructuras. “La pobreza no es algo que le ocurre a Rosario, está atravesando estructuralmente a la Argentina. en un contexto inflacionario que agranda un poco los índices. Al menos dos de cada 10 hogares en el país están fuera del circuito, sea porque el trabajo precario, informal o ilegal o por el desempleo”, aclaró el investigador del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Y subrayó que “hay una parte importante de la población, sobre todo en los grandes centros urbanos, que se mantiene por fuera de un proceso de modernización, de inclusión social”.
Tuñón explicó que el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia trabaja con dos perspectivas, con los que hacen el trabajo doméstico, y los niños y adolescentes que trabajan en actividades vinculadas al mercado laboral. “Ambos trabajos están vinculadas a estrategias familiares de supervivencia de los hogares; en general los niños que trabajan tienen más propensión al fracaso escolar, al ausentismo y finalmente abandonar el circuito”, señaló. Y agregó que “hoy en la Argentina es obligatorio que terminen la escuela secundaria y eso es una tensión”.
Por otra parte, “tampoco se puede podemos pensar que necesariamente el trabajo de los padres va a disminuir el trabajo infantil, porque la mayor parte de los hogares donde los niños trabajan están en el sector informal de la economía”. Es difícil, en ese sentido, “pensar que esos niños van a dejar de colaborar con sus hogares, el niño no se representa como un niño trabajador, sino como una ayuda a la sobrevivencia de su hogar”. En ese sentido, explicó, está “el enfoque del Estado de no ser explotado económicamente, o el doméstico, que entra en contradicción con sostener la vida suya y la de su propio hogar”.
Salvia apuntó que hay que discriminar las situaciones que no son de explotación infantil de las que el niño es parte de un tejido de explotación en donde las organizaciones ilegales usan al chico como una fuerza de trabajo barata. El especialista marca que esto ocurre tanto en actividades legales como ilegales, en el narcotráfico. “Se tratan de situaciones que tienen lugar en la problemática de la infancia y que requieren un tratamiento muy distinto a aquellas organizaciones en donde el trabajo infantil ha organizado un proceso de formación, de educación”, dijo.
Muchas veces, señala, “esa formación o contención económica que están recibiendo a través de sus padres brinda integración social mientras que en la otra situación aparece una situación de aberrante explotación del niño, son tratamientos muy distintos desde el punto de vista de los requerimientos de las políticas sociales y económicas”.
El investigador explicó que el Gran Rosario, al igual que otras metrópolis, “está afectado por el avance del narcotráfico y la inseguridad”. Y aclaró que “ esto no está relacionado con la pobreza porque la pobreza lo produzca, lo que hacen las condiciones de pobreza y exclusión social es que esto constituya una sinergia explosiva”.
Narcos. “El narcotráfico se esconde en las áreas más marginales, donde se potencia la violencia y la exclusión social, a partir de que el Estado tiene que ir replegándose o deja lugar justamente a estas bandas delictivas o estas organizaciones económicas”, dijo. Y explicó que en las áreas en las que “no hay control social, es donde se puede reclutar a jóvenes que no tienen perspectiva de inserción, niños abandonados en condiciones de marginalidad”. Salvia consideró que “la política que se lleva adelante en Santa Fe sobre la vuelta a la escuela que es muy interesante”.
Para el investigador, se necesita una política de Estado articulada en todos los niveles, y después la convocatoria a los actores económicos y sociales más importantes de cada lugar”, ya que “ no puede un gobierno atacar solo este proceso”.
