Una sociedad anónima regirá el uso de las islas fiscales entrerrianas

La Legislatura de Entre Ríos aprobó la creación de una sociedad anónima que regirá los destinos de las islas fiscales de esta provincia. La ley Nº 10.092 publicada el 26 de diciembre último en el Boletín Oficial, pretende "transformar" las tierras "improductivas" del humedal.

La disposición generó el alerta de ecologistas que advierten que la nueva norma deroga la polémica ley de arrendamientos de 2004, de la que rescatan que era estricta en cuanto al uso exclusivo de las islas para la ganadería, la apicultura y ciertos emprendimientos turísticos y prohibía allí la "explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos o plaguicidas".

La ley Nº 9.603 que se dejó sin efecto, establecía que el otorgamiento de los lotes públicos (que se hizo efectivo en 2006) debía realizarse por concurso público de selección de ofertas, y por el término de 3 años. Así se hizo, pero el procedimiento no dejó conforme al Estado, ya que muchos adjudicatarios no cumplieron con el pago de cánones, otros abandonaron los emprendimientos y otros ni siquiera pudieron acceder a las tierras porque estaban usurpadas.

Además, fueron devastadoras las consecuencias de la feroz inundación de 2007, que cubrió de agua las hectáreas arrendadas que estaban saturadas de ganado para engorde. Así, miles de cabezas que ingresaron al humedal indiscriminadamente y sin control para dar lugar al avance sojero, no llegaron a ser rescatadas y murieron con las pezuñas enterradas en el lodo.

En 2009, cuando vencieron estos contratos, el gobierno provincial decidió no renovar los acuerdos ni hacer un nuevo llamado y se lanzó a una campaña para recuperar unas 60 mil hectáreas del Delta entrerriano -especialmente de Victoria y Gualeguay- que estaban usurpadas o que pasaron a manos privadas irregularmente, por ejemplo, durante el último gobierno de facto. También se revisaron numerosos juicios de usucapión. Así, las 200 mil hectáreas que estaban arrendadas regresaron a manos de la provincia y varios miles más ya han sido recuperadas.

Entre gallos y medianoche. El proyecto de la creación de la sociedad anónima pertenece al Ejecutivo provincial y se aprobó en diciembre último con una abrumadora mayoría oficialista, sin avales profesionales ni tratamiento previo. Incluso algunos legisladores de la oposición se quejaron porque no tenían siquiera la copia de la iniciativa, por lo que varios directamente se abstuvieron de votar.

La nueva disposición no sólo deroga la ley Nº 9.603 de arrendamientos sino que, según advierte, será vetada "toda otra norma que se oponga a los fines" del proyecto en cuestión.

Sin protección. Lejos de contener algún artículo sobre la protección de miles de hectáreas de tierras vírgenes, la ley deja más que claro el interés hacia "toda acción o iniciativa que tenga por finalidad la transformación de las tierras de propiedad fiscal de la provincia actualmente improductivas y el mejoramiento, modernización y la ampliación de la capacidad instalada de los puertos de Entre Ríos", aunque rescata que todo ello se hará "en un marco de desarrollo económico sustentable".

La sociedad anónima se llamará "Arroz del Delta Entrerriano", tendrá una vigencia de 99 años y ejercerá "la titularidad de la concesión para la administración, transformación, desarrollo, aprovechamiento agroindustrial y explotación comercial, de las tierras fiscales de la provincia que el Poder Ejecutivo provincial identifique como aptas para ser incorporadas al proceso productivo y la concesión para el mejoramiento, ampliación de su capacidad instalada, modernización, administración y explotación comercial de los puertos".

La dirección y administración estará a cargo de un directorio, contará con un órgano de fiscalización y estará facultada para "suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras", entre otras atribuciones. La conformarán accionistas que se convocarán por concurso público de carácter nacional y los adjudicatarios de se clasificarán en cuatro categorías, según la propuesta y el canon que pague el oferente esté dispuesto a pagar.

Por otra parte, la ley autoriza al Poder Ejecutivo provincial a contratar un préstamo de hasta 50 millones de dólares "para financiar la ejecución del proyecto de transformación de tierras fiscales.

Para asegurar el cumplimiento del pago del endeudamiento, se cederán los derechos de la provincia sobre el régimen de coparticipación federal. También lo habilita a "realizar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias" para la aplicación de la norma.