El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley que propone el cobro por rescates en alta montaña a las personas accidentadas. La iniciativa apunta a “disuadir la imprudencia o negligencia” en actividades de riesgo, al tiempo que busca “promover el cumplimiento de las normas”.
El proyecto propone modificar la Ley N° 6.722, que regula el funcionamiento de las fuerzas policiales en la provincia, incorporando un nuevo artículo, el 26 bis. Este otorgaría al Ministerio de Seguridad la facultad legal para aplicar un cargo fijo por los costos asociados a operativos de rescate llevados a cabo por la Policía y cuerpos especiales.
La decisión de aplicar el cobro se basará en criterios como el cumplimiento de protocolos, el nivel de negligencia, el uso de tecnología de geolocalización y la magnitud del riesgo asumido.
Cómo se calcularán los costos
El monto será determinado anualmente en el marco de la ley impositiva provincial. Se tendrán en cuenta variables como la cantidad de patrullas desplegadas, la duración del operativo, y si hubo participación de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), helicópteros u otros recursos de alto costo.
El dinero recaudado será gestionado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza. Al menos el 50% se destinará al fortalecimiento operativo de la UPRAM (Unidad Patrulla de Rescate de Alta Montaña), responsable de gran parte de las intervenciones en zonas de riesgo.
Conciencia, prevención y responsabilidad
El texto del proyecto resalta la necesidad de crear conciencia sobre los riesgos implicados en actividades de montaña y los costos que generan las operaciones de rescate: “Se busca que las personas tomen conciencia de los riesgos y costos involucrados en las operaciones de rescate, incentivando un comportamiento más responsable en las actividades de alto riesgo, especialmente en las zonas de montaña”.
El sistema de rescate provincial involucra a diversas unidades, entre ellas los Cuerpos de Infantería, Montada, Canes, la Unidad Policial de Asistencia al Turista (UPAT), la UPRAM y el Cuerpo de Aviación Policial (CAP).
Desde el Ministerio de Seguridad se aclaró que la norma no implicará el cobro automático por cada rescate. Se evaluará cada situación individualmente, teniendo en cuenta el cumplimiento de los protocolos establecidos y el nivel de preparación de la persona auxiliada.
El gobierno provincial no brindó cifras sobre el costo promedio de estos operativos, pero aclaró que el valor a cobrar no reflejará necesariamente el costo real de cada intervención.