Quemas: demandan a 19 rosarinos con terrenos en las islas

La fiscal extrapenal María Laura Martínez presentó una demanda contra 19 rosarinos -todos propietarios de terrenos en las islas-, pidiendo que se declare su responsabilidad por daño ambiental indirecto contra la población de Rosario. Se trata de una iniciativa del tipo "mere declarativa", en la que no se persigue un delito penal, sino determinar la existencia de una relación jurídica, que pueda servir como primer paso para futuras denuncias.

"Lo que estamos pidiendo al tribunal es una declaración, de la existencia de daños en la salud de los habitantes de Rosario, provenientes de las quemas", explicó a La Capital Martínez, quien aseveró que los propietarios "están omitiendo la función ecosistémica de los bienes privados".

El escrito fue presentado ante el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 2. En todos los casos se trata de personas -físicas o jurídicas- con domicilio en Rosario, que resultan titulares registrales, poseedores, tenedores o propietarios dominiales de inmuebles en zona de islas (departamentos de Victoria y Gualeguay, de Entre Ríos), en los que se registraron quemas entre 2020 y 2022. El cruce de datos fue posible gracias a una serie de medidas de aseguramiento de pruebas que la Fiscalía viene realizando desde hace dos años, en donde se pidieron oficios a diversas dependencias oficiales, como Catastro de Entre Ríos y el Juzgado Federal de Victoria, entre otras.

Martínez explicó que el recorte realizado para esta demanda se debe a "la porción competencial que podemos abarcar". Vale recordar que el Ministerio Público es un sujeto legitimado para la defensa del interés general: en este caso se trata del derecho a la salud de los habitantes de la ciudad de Rosario, incluso la de aquellos menores que no podrían iniciar individualmente una potencial demanda.

"En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y, por lo tanto, es identificable una causa fáctica homogénea (...) las quemas ilícitas en las islas", plantea la demanda, a la que tuvo acceso este medio.

Para la fiscal, las islas del Delta Superior del río Paraná "están siendo sometidas a un ecocidio", que no se logra detener y que genera que los rosarinos "seguimos respirando aire viciado". Esta última aseveración queda fundamentada en el escrito por diversos informes que tomaron estado público en estos años, así como también por una declaración de Adriana Ipiña, directora del Grupo Calidad de Aire y Mediciones Satelitales de la plataforma de Estudios Ambientales y Sostenibilidad (Peas-CEI-UNR).

Ipiña, doctora en física de la atmósfera, sostuvo que existieron momentos en que Rosario superó 17 veces los valores máximos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a la calidad de aire para un período de tiempo determinado.

La propiedad obliga

Lo novedoso de la demanda es que acciona contra titulares de terrenos, independientemente de si son o no responsables de los incendios. Para Martínez, todos son responsables de afectar la salud de los rosarinos, en función de las modificaciones impuestas en el nuevo Código Civil, que establece una función ecosistémica de los bienes privados.

"Si yo soy dueño de un inmueble en las islas, tengo que cuidar que no se produzcan los incendios, porque indirectamente dañan la salud de los habitantes de Rosario", explicó Martínez, quien sostuvo que "la propiedad obliga".

"Esta obligación (que constituiría, en última instancia, el fundamento del deber de reparar) es la actual función ambiental a la que está sometido el poder propietario (sobre cuyo bien o cuya cosa sobre la que descansa también se montan los derechos de incidencia colectiva). Es una razón objetiva que no solo desplaza el principio de que el daño recae en quien lo sufra, sino que también, y fundamentalmente, desplaza la culpa o el dolo del dañador: basta con demostrar que hubo abandono objetivo o pérdida de la función ecológica a la que están destinadas las propiedades de los demandados", se lee en la demanda.