Ahora que se ha vuelto tan popular hablar de batalla cultural podemos decir que, si el mileísmo logró una victoria al respecto, fue la imposición de que el problema inflacionario en la Argentina se debe a un problema exclusivamente monetario. A partir de ese diagnóstico es que se han desplegado la serie de medidas que desde diciembre de 2023 tienen a gran parte de la población en vilo. Toda la política económica del gobierno libertario apunta a esa trama: lo importante es lograr el equilibrio fiscal, mantener maniatado al Banco Central, absorber pesos, destruir el poder adquisitivo de las grandes mayorías. Lo demás, lo hará la tan mentada competencia. Por más que las consecuencias se quieran simplificar, ya son de amplio conocimiento: la reducción monetarista viene significando un enorme descuido hacia la economía real y la situación de deterioro se percibe al revisar la mayoría de los índices, pero sobre todo se comprueba con un malestar que, mayoritario o no, hace cada vez más presencia.
La hoja de ruta neoliberal es más o menos semejante globalmente. Las políticas de austeridad, lejos de ser invención local, son el dispositivo central de una economía que empieza a reformatearse con lenguaje de guerra. Así como Milei presenta al poder como un juego de suma cero, desde el preciso momento en que “si alguien tiene el poder significa que otro no lo tiene”, como él mismo arguye, en su relación con la macro ocurre algo semejante. En un contexto en que la depresión generalizada que atraviesa la universidad pública por falta de fondos convive con los dueños del gas empapándose en Dom Pérignon gracias a la suba de tarifas no hay dudas de que el gobierno de Milei es un gobierno de ganadores y perdedores. Suma cero.
El principal inconveniente de la ortodoxia económica es que el mesianismo de mercado que acompaña al gobierno desde sus primeros días resulta, a la postre, una simplificación grotesca de la realidad social. Más aún, significa la pormenorización de la complejidad de un país latinoamericano y dependiente como el nuestro, escenario que muchas veces se olvida bajo las fantasías carnales noratlánticas. Lo cierto es que hay inconvenientes de política pública que precisan de política pública. Que el problema de previsión de repelente como el aumento desmedido de la canasta básica pretenda arreglarse a partir solo de una apertura de importaciones y algunos titulares mediáticos es la muestra de un pensamiento que, en su accionar, pierde la multiplicidad de factores a tener en cuenta. El apotegma “de cada necesidad nace un derecho”, que el gobierno ha dicho despreciar en numerosas ocasiones, también significa, en su parte no dicha, que cada problema necesita de una solución específica, singular.
Un buen ejemplo de lo que estamos exponiendo respecto a la sobrestimación de determinadas políticas que tienen consecuencias adversas en su puesta en marcha es lo que ocurre con las SAS, que el gobierno ha decidido volver a impulsar. Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) se crearon bajo el gobierno de Mauricio Macri el 29 de marzo de 2017, cuando aún la alianza Cambiemos contaba con gran apoyo. Originalmente se las presentó como una medida para “facilitarle la vida” al mundo microempresarial. El título de la ley que les dio entidad, de hecho, lleva el nombre de “Apoyo al capital emprendedor”. ¿El inconveniente? Que al haber estado por fuera de las regulaciones mínimas para su constitución y funcionamiento se convirtieron en un gran incentivo para la formación de sociedades fantasma y, correlativamente, para el lavado de dinero.
Esta situación se había retrotraído, en parte, bajo el gobierno del Frente de Todos cuando Ricardo Nissen se hizo cargo de la IGJ (Inspección General de la Justicia) y, a través de las inspecciones de ese organismo se encontraron una serie de irregularidades en la conformación de un gran número de SAS. El ejemplo que más nos compromete: la creación, durante la gestión cambiemita y puesta a la luz en el año 2021, de 40 sociedades vinculadas al narcotráfico rosarino, a través de las cuales se blanquearon alrededor de 1.200 millones de pesos a partir de la emisión de miles de facturas apócrifas. En síntesis: las SAS fueron festejadas como una acción necesaria para la expansión de las inversiones y, en la práctica, se transformaron en una herramienta clave para el lavado del negocio narco.
Si hasta ahora la preocupación respecto a un vínculo posible entre las políticas económicas impulsadas por el gobierno y su relación con el narcotráfico se acentuaron alrededor de la dolarización, por las facilidades que el cambio de moneda podría tener en una mayor internacionalización del negocio, tomando como ejemplo el caso de Ecuador, hoy deberíamos poner gran parte de la atención en las facilidades insólitas para la creación de SAS, con cuasi nulos controles. Poner el ojo sobre la estructura legal, técnica y económica sobre la cual el crimen organizado puede prosperar, o no, resulta una tarea urgente.
Si hacemos el ejercicio de aunar el relanzamiento de las SAS con la limitación de la inscripción al REPROCRANN, por haber encontrado irregularidades en más de 90.000 solicitudes “sin diagnóstico basado en evidencia científica” (Adorni dixit), podemos observar cómo las pautas generales del gobierno propician no sólo un discurso prohibicionista y estigmatizante -una situación que las organizaciones procultivo venían advirtiendo- sino que se traducen en una perspectiva que, lejos de cooperar con un “combate al narcotráfico” de una manera integral, lo circunscribe a términos en los que su expansión hace pie. Si combinamos la política de creación veloz de sociedades espurias, con una política prohibicionista, con el blanqueamiento que pretende Milei, donde él mismo dice no importarle el origen con tal que se blanquee, nos encontramos en la construcción de una curva en la que Rosario, sin dudas, tendrá un epicentro importante.
Otra cosa: ¿es la aceleración en la creación de empresas desde su estatuto jurídico y legal lo que propicia el desarrollo de inversiones, el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo o es, por el contrario, encontrarle una vuelta al impulso de la demanda agregada lo que promociona las recuperaciones económicas con impacto en las mayorías? Es la eterna batalla entre monetaristas y heterodoxos. Hasta ahora, nuestra propia historia, y la de otros muchos países, más allá de las victorias o derrotas en las batallas culturales, nos confirma que los monetaristas no han hecho más que estragos.
Milei dice tener la solución para detener el espiral inflacionario que, guste o no le guste, con más de cuatro meses de gobierno lo tiene como uno de sus principales promotores. De hecho sería interesante, cuando habla de las herencias recibidas, mencionar la responsabilidad que le atañe, siendo un desestabilizador serial como lo fue a lo largo de la feroz campaña que tuvo entre sus condimentos una inédita declaración de asociaciones bancarias saliendo a alertar sobre la gravedad de algunos de sus comentarios para la salubridad del sistema financiero en su conjunto. Hasta ahora la pregunta alrededor de cómo hacer crecer una economía encuentra una respuesta magra. Un programa económico para el crecimiento y la creación de puestos de trabajo, más que ser una estructura jurídica o una apuesta ideológica extremista, debería tratarse, justamente, de ser un programa. El especialista en crecimiento con y sin dinero, ¿lo tiene?
