Ambas herramientas apuntan en la misma dirección: redibujar las relaciones entre el Estado, empresarios, trabajadores y consumidores, que además de económicas son también relaciones de poder.
Por ahora, las reformas de Milei avanzaron más en el terreno simbólico que en el material pero le sirvieron al presidente para trazar el nuevo perímetro de la discusión política y desviar la atención de la inflación, que va tres veces más rápido que los ya alarmantes niveles que alcanzó en el final del gobierno del Frente de Todos.
Como dice el dicho: la mejor forma de esconder un elefante es con una manada de elefantes.
Igual, si bien el DNU formalmente ya empezó a tener efectos sensibles en el mundo laboral, el sector inmobiliario, la cadena de precios, la salud y el uso de tarjetas de crédito, el alud de presentaciones judiciales y el rechazo que crece en el Congreso probablemente neutralicen más temprano que tarde una medida calificada como inconstitucional por abogados insospechados de simpatía con el kirchnerismo como Daniel Sabsay o Roberto Gargarella.
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Algo similar ocurre con la mega ley con la que Milei busca facultades extraordinarias durante todo su mandato y hacer cirugía mayor en un abanico tan amplio de temas como la legislación electoral, penal, educativa, de salud, ambiental, la protesta social y la privatización de las empresas públicas. Pese al voluntarismo del equipo libertario, el paquete tiene un largo recorrido por delante en ambas Cámaras y el ómnibus podría reducir su escala a un auto de juguete.
Los líderes de la CGT, con el olfato entrenado para detectar los climas de época, activaron la maquinaria del paro nacional con movilización para el 24 de enero, un lapso prudencial para que se abra un canal de negociación con el gobierno, crezca el malestar con Milei o bien que el Poder Judicial y la oposición política muevan antes.
>> Leer más: Los puntos principales de la ley ómnibus de Milei: privatizaciones, jubilaciones y deuda
De todos modos, ni la Justicia ni el Congreso quieren ser los primeros en ponerle un freno a un presidente que no oculta su matriz populista pero que asumió hace menos de un mes con 55 por ciento de los votos.
Además, a la Corte Suprema no le resultaría cómodo quedar tácticamente en el mismo bando que el peronismo que impulsó un juicio político en su contra. Lo mismo le sucede a los dirigentes de la UCR y otros ex socios de Juntos por el Cambio: saben que prácticamente todo su electorado optó en el balotaje por Milei para castigar al gobierno fallido del Frente de Todos.
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La CGT activa la maquinaria sindical ante la avanzada de Milei.
El desafío opositor
Si Milei puede lanzar su ajuste relámpago es por las dificultades de estos sectores para plantarse y el estado de confusión que reina en el peronismo.
El mérito del presidente que hace un culto del amateurismo es desplegar una política global y fragmentar a los damnificados en un archipiélago de reclamos corporativos.
Así como en campaña Milei se mostró como el mejor alumno de Ernesto Laclau y logró construir un pueblo con sectores tan disímiles como cadetes de delivery, productores agropecuarios de la zona núcleo, profesionales de clase media y trabajadores pobres del interior, todos detrás de la bandera de la libertad, ahora es el peronismo el que debe reunir los pedazos de una sociedad astillada.
Con Alberto Fernández todavía presidente del PJ pero refugiado en España, Cristina Kirchner recluida en el Instituto Patria y enfocada en recordar efemérides, y Sergio Massa en modo escritor para narrar su temporada en el quinto piso de Economía, son Axel Kicillof, algunos gobernadores (no todos) y los legisladores nacionales los que intentan articular, aún en minoría, la primera línea de resistencia institucional a Milei.
El dilema de los opositores es que si salen demasiado rápido pueden quedar en offside en un momento en que todas las representaciones están cuestionadas. Y si demoran demasiado Milei puede avanzar con su plan de demolición político y económico hasta tornar a la Argentina irreconocible.
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El presidente sabe que el tiempo corre. Lo más probable es que con el paso de los meses la ventana de oportunidad reformista vaya cerrándose hasta que no pasen las pilas de leyes-bomba que prepara Federico Sturzenegger sino algunos proyectos con metas más realistas para una Argentina densamente corporativa.
“Todavía hay que esperar que baje la espuma”, dice un consultor rosarino que sugiere esperar a marzo, abril o incluso mayo, para medir el impacto de la inflación y las medidas económicas sobre la figura de Milei.
No obstante, la erosión podría darse a un ritmo mayor al esperado. Un estudio de Zuban-Córdoba muestra datos inquietantes para el gobierno cuando todavía no cumplió su primer mes.
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Según la consultora, Milei —que parece haber archivado definitivamente la idea de dolarización y va por un ajuste clásico— está perdiendo apoyo social a razón de 1% por día, y más de cinco de cada diez personas tiene imagen negativa del presidente, cree que va por el camino incorrecto, considera que el DNU perjudica a la gente y no a la casta y votaría en contra si el decreto 70/2023 es sometido a consulta popular.
La tentación de Milei de recurrir a mecanismos de democracia semidirecta para tratar de saltar los molinetes institucionales podría exponerlo a golpes duros de asimilar.
Jugadas de riesgo
Una eventual consulta popular —que debe convocarse con entre 60 y 120 días de anticipación—, podría convertirse en un plebiscito sobre su figura y su gestión, justo en medio de lo peor de la anunciada estanflación y sin el factor movilizante del rechazo al peronismo.
Dado que el resultado no sería vinculante, en caso de ganar igual tendría que negociar con el Congreso. Y si perdiera sufriría una dura derrota, muy prematura, y con más de tres cuartas partes del mandato por delante.
Si Milei no desacelera y va al choque con el Congreso puede seguir dos caminos. Ambos llevan a Perú.
Si el líder de La Libertad Avanza insiste con gobernar a puro decreto podría convertirse en una suerte de Alberto Fujimori de las pampas, siempre y cuando jueces y legisladores lo permitan.
Otra opción es emular a Pedro Castillo. Un outsider que llegó al poder con un partido pequeño y en hiperminoría parlamentaria, que fue licuando su popularidad con la marcha del gobierno y que fue destituido cuando intentó cerrar el Congreso.
Sin embargo, como planteó en su cuenta de X el internacionalista rosarino Esteban Actis, la estrategia de Milei no es clausurar el Congreso, sino “aturdirlo”. Llevarlo a un estado de “incapacidad política, técnica y operativa de procesamiento de esta escala legislativa”.
En términos informáticos, la intención del mandatario argentino no sería tanto desinstalar el Poder Legislativo del sistema institucional sino saturarlo con spam normativo y que no pueda dar respuesta.
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Miguel Pichetto, presidente del nuevo bloque Hacemos Coalición Federal, integrado por sectores del peronismo no kirchnerista, la Coalición Cívica y el socialismo, que tienen un rol clave en el futuro de las leyes que impulsa Milei.
A su modo, Milei reversiona la doctrina Bullrich. No de Patricia, sino de Esteban. En sus tiempos de ministro de Educación porteño, blanqueó su estrategia: “Hay que lanzar varias iniciativas al mismo tiempo, le abriste doce, el gremio focaliza en una y las otras once avanzan”.
La confrontación contra la casta a la que acusa de coimera puede rendir en el corto plazo pero tiene poco vuelo si la sociedad no comienza a percibir los frutos del sacrificio. O, al menos, ver un horizonte de salida.
Para Milei el peor escenario es gastar capital político y no invertirlo en iniciativas que le permitan recuperar el crédito en el futuro o al menos se materialicen en cambios perdurables en el tiempo.
Esa es la apuesta de un sector del empresariado, que ve en Milei la oportunidad de implementar cambios por los que vienen insistiendo desde hace años. Aunque haga descender al minarquista a niveles críticos de apoyo social.
Siendo la Argentina un gran cementerio de proyectos con pretensiones hegemónicas y refundacionales la pregunta es si justo un presidente sin experiencia en gestión, con escasos fierros institucionales y con una sociedad ya sobreajustada y con cultura de movilización callejera será quién pueda reformar un país casi diseñado para no se reformado. Ese interrogante comenzará a develarse en el primer tramo de un año que promete ser tan vertiginoso e intenso como este 2023 al que ya le cae encima el telón.