La violencia que esta ciudad Rosario está alcanzando ribetes específicos que llaman la atención de quienes analizan la criminalidad y los problemas de seguridad pública. Por estos días está circulando un trabajo de Ariel Larroude, un abogado especializado en la temática que desde el Observatorio de Política Criminal de la Ciudad de Buenos Aires elaboró un informe a modo de “aproximación al estudio de la violencia narco” en Rosario. Si bien, como él mismo aclara desde el arranque, su perspectiva está limitada por la distancia también está despojada del vértigo cotidiano y una cercanía extrema que, muchas veces, también contamina las miradas. El escrito, titulado “Un sueño de paz”, propone ejes para comprender y abordar la problemática en forma integral tratando de detectar responsabilidades más que culpables y en busca de soluciones antes que parches.
Basado en informes oficiales e incluso en los mapeos de homicidios producidos por este diario, Larroude reseña cómo la policía en Rosario perdió el monopolio del uso de la fuerza que hoy comparte con bandas criminales en una suerte de “oligopolio violento” y lo adjudica a una atomización de la policía que al perder su tradicional pirámide de mando vertical alumbró grupos de uniformados que tributan a organizaciones criminales o incluso tienen sus propios emprendimientos. Inserta esa cuestión en los cambios socioculturales que trajo aparejado el cambio de paradigma del negocio narco cuando la Argentina dejó de ser un país de tránsito para ser uno de consumo, con una demanda creciente que se abasteció convirtiendo a las ciudades más grandes en centros de acopio y elaboración de drogas para la venta al menudeo. Negocio que explotó más que en otras ciudades y requirió entonces de los tradicionales circuitos de lavado que lo recibieron con los brazos abiertos y eso devino en un “orden económico violento y clandestino”.
Finalmente el informe esboza una serie de propuestas basadas en abordajes federales y regionales de la prevención y represión de los delitos complejos, promover el desarme civil y discutir una reforma de la llamada ley de drogas, hoy más orientada a perseguir a los consumidores que a los grandes narcos.
Atomización policial
La atomización de la policía que Larroude pone entre las causales de la violencia narco actual tiene que ver con su conducción política y, de alguna manera, con la tradicional regulación del delito que la policía ejercía para evitar que la criminalidad se tornara inaceptablemente violenta. “Pero eso en Rosario no sucedió. Ni la cúpula policial actuó ante los primeros hechos de violencia letal como un cuerpo homogéneo capaz de regular el territorio, ni la clase política hizo lo necesario para evitar más derramamiento de sangre, cuestión que produjo un desmanejo notorio en el control de la criminalidad de la ciudad”, sostiene en el escrito.
—¿Qué fue lo que la clase política no hizo para evitar más derramamiento de sangre? ¿Qué debería haber hecho y qué debería hacer ahora a esta altura del problema?
—En primer lugar, la clase política nunca reconoció que la violencia derivada del narcotráfico se les escapó de las manos. Rosario no puede tener este nivel sostenido de homicidios dolosos que atenta contra el desarrollo social, cultural y económico de sus habitantes, principalmente de los sectores más vulnerables. Por otro lado, la dirigencia debería comenzar por admitir que estos niveles de violencia se han desarrollado en gobiernos de distintas banderas políticas, por lo que no hay inocentes en este juego. Sobre esto, hay recordar que en los últimos diez años, bajo diferentes gobiernos, “el mejor” índice de letalidad triplicó la media nacional y, el peor, casi que lo quintuplicó. Con esto quiero decir que el problema es mayúsculo y que la violencia es transversal. Ahora bien, en términos políticos lo primero que debe resolverse urgente es la fragmentación y la atomización con la que opera la policía en el territorio, mientras que en paralelo debe haber un replanteo general sobre la formación de los cuadros policiales que hoy están en la academia y que en unos años se harán cargo de esta problemática, justamente para contrarrestar los vicios actuales. Como soy pesimista respecto de que esto pueda revertirse, creo que la única salida es que la seguridad ciudadana esté, por lo menos durante tres años, a cargo de las fuerzas federales. No sólo por una cuestión operativa, sino por una necesidad de depurar la policía local y volver a rearmar un esquema piramidal, moderno y comprometido con las necesidades de los rosarinos.
—En las ciudades donde el narcomenudeo no genera tal grado de violencia, ¿cómo funciona la policía en tal sentido?
—En todas las grandes ciudades de la Argentina se vende droga, el tema es que la violencia que genera la competencia por ese mercado está regulada por la policía. Es decir, la policía controla que esa violencia se mantenga dentro de los márgenes tolerables para que no afecte la gobernabilidad del territorio. Esto no sucede por buenas o malas intenciones, sino que se regula para que ese negocio siga siendo rentable y se mantenga sin desbordes, lo que a la policía también le conviene porque también participa del mismo. Esa es la diferencia palmaria con lo que sucede en Rosario, donde la misma fuerza, al estar fragmentada, no puede controlar el territorio para mantenerlo a raya pese a beneficiarse, en muchos casos, de los negocios de la venta. Por ello, mientras que en la mayor parte de los distritos urbanos del país la policía responde de manera jerárquica y piramidal, en Rosario esa respuesta está atomizada y sin implicancias directas en la regulación del delito.
—¿La atomización policial se convirtió en estructural? ¿Se puede revertir?
—La atomización policial es un fenómeno complejo, más en distritos tan pequeños como Rosario. Esto lo digo porque, de mantenerse, da pie para que cada numerario de la fuerza haga lo que le conviene y deje así de responder de manera jerárquica. Cuestión que en una fuerza policial trae consecuencias terribles para la reducción de la criminalidad, más todavía para los cuadros que se están formando bajo esa lógica de trabajo. Por otro lado, yo no sé si el término correcto para definir la atomización policial es “estructural”, me inclino más a pensar que es parte de una anomia, de un “dejar hacer” por parte de la dirigencia que se convirtió en una gran bola de nieve que hace tiempo está fuera de control y que solo puede revertirse con un gran proceso de depuración de la fuerza que sí o sí debe tener el apoyo del gobierno nacional.
Violencia propia
En su informe Larroude sostiene que el análisis de la violencia narco también requiere “identificar la violencia rosarina, además de las disputas por las ganancias que genera la comercialización de drogas, en la potencialización de rivalidades barriales y familiares que, en todo caso, encontraron en el negocio narco una forma de canalizarse”.
—¿Cuáles serían las características propias de la violencia rosarina?
—Las disputas entre las bandas narco no sólo se explican desde la venta de droga, sino desde un fenómeno complejo que viene desde hace años. Y es que las raíces de estas bandas guardan relación con otros hechos violentos como el robo de caudales, el cuatrerismo, el secuestro y la extorsión. Por eso es que esas disputas son más sangrientas que en otros lugares dado que sus raíces son violentas. A lo que hay que agregar una cuestión social y cultural igual de preocupante, que estos hechos se dan fundamentalmente en la periferia del distrito centro, donde las expectativas de ascenso social son muy limitadas y donde el contraste con el desarrollo inmobiliario y agroindustrial resultan insostenibles, principalmente para una juventud ya a esta altura desesperanzada que recurre a la violencia como una manera de canalizar sus frustraciones.
—Usted sugiere que las fuerzas federales tomen el control operativo de la ciudad. Pero en Rosario las fuerzas federales no han demostrado hacer aquello para lo que se anunciaba su desembarco.
—Lo que ocurre es que lamentablemente la participación de las fuerzas federales en Rosario siempre estuvo relacionada con una idea “belicista” del fenómeno criminal, como una parte fundamental de la mal llamada “guerra contra las drogas”. En ese sentido, nosotros en el informe destacamos que el abordaje de las fuerzas federales debe ser integral y no limitado exclusivamente a sumar efectivos en el territorio. Para ello se debe poner el foco en el análisis criminal de lo que sucede en Rosario (indicadores, georreferenciación, jerarquía composición de las bandas, conexiones, ganancia en dólares), siendo esto acompañado por políticas públicas de inclusión de los sectores en disputa, como también por una fuerte política de desarme civil y prevención del lavado de activos. Para ello debe haber un trabajo muy fuerte en inteligencia criminal estratégica y un compromiso general de todas las fuerzas políticas de la ciudad para saber de antemano que ya no hay margen para seguir tolerando esta situación.
—Más allá de lo claro que están los roles de la política y la policía en esta historia, ¿cómo le parece que ha jugado la Justicia federal?
—Yo creo que en algún punto la mayor parte de la población de Rosario no hace una diferenciación entre la justicia provincial y la federal, ya que lo importante es que sus problemas de base sean resueltos. No obstante, lo cierto es que el hecho de que haya sido la justicia provincial la que haya avanzado en la investigación y juzgamiento de los máximos referentes de las bandas en disputa se relaciona con la naturaleza de los hechos investigados o que dieron inicio a la investigación: los homicidios dolosos, que de por sí son competencia de la justicia ordinaria y no de la federal. Sí creo, sin embargo, que el sistema judicial con jurisdicción en Rosario, por lo menos para lo que acontece al fuero penal, es demasiado pequeño para la cantidad de hechos de violencia que posee la ciudad. De todas maneras, la cuestión judicial es un eslabón dentro de una mecánica que involucra, prioritariamente, a la política (local y nacional) y a las fuerzas de seguridad.
