El presidente Javier Milei arrancó su gobierno con una fuerte arremetida contra las provincias. La pelea contra los gobernadores escaló y devuelve, como ocurre cada tanto, la dominancia que la disputa entre el Estado nacional y los del interior tiene en la historia política del país. El economista Jorge Simón, profesor de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), miembro de la Asociación Argentina de presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap) y ex secretario de Finanzas de Santa Fe es un especialista en la relación fiscal entre Nación y provincias, que involucra a la coparticipación aunque no se agota allí. Desde esa perspectiva, analizó el actual conflicto y subrayó la necesidad de resolverlo a partir de una visión histórica.
—¿Por qué es tan dominante en la política argentina la coparticipación y la pelea fiscal entre Nación y provincias?
—El tema de la coparticipación siempre fue complejo. Desde 1935, el Estado nacional es el que recauda y luego coparticipa. Y está bien porque IVA o Ganancias son impuestos que se generan en todo el territorio nacional. Las provincias, que eran 14 en ese momento, recaudaban antes sus propios tributos. En ese entonces se decidió coparticipar tres: los internos al alcohol, al tabaco y al azúcar; Réditos, el anterior a Ganancias, y Ventas, antecesor del IVA. Las provincias del Norte que producían esos productos fueron las que más perdieron. A muchos distritos les convino que la Nación recaude porque cobrar impuestos tiene un costo político. Pero siempre se genera una tirantez.
—En la transición del año 1985, 86 y 87 se genera una gran distorsión. La ley de coparticipación 20.221 venció en 1983, se renovó por un año y durante otros tres no hubo ley sino convenios bilaterales. En la discusión de la nueva norma, las provincias gobernadas por el peronismo, que en ese momento era oposición, sacaron pequeñas ventajas. Y las que gobernaba el oficialismo fueron perjudicadas. La que peor salió fue Buenos Aires, que perdió cinco puntos de coparticipación. Y siempre hubo que resolver eso. Luego apareció el Fondo del Conurbano como compensación. Después se desactualizó y finalmente en el pacto fiscal de 2018 se resolvió el problema del Fondo del Conurbano para esa provincia, pero no para el Fondo de Santa Fe, por ejemplo. Van surgiendo pujas permanentemente. Por caso, hay 13 Estados que no transfirieron sus Cajas de jubilaciones. En la reforma constitucional de 1994 hay provincias que sacaron ventaja porque pueden explotar sus recursos hidrocarburíferos y mineros, lo cual también cambió el mapa fiscal argentino. Allí también se puso un plazo de dos años para discutir una nueva ley, que es muy difícil de sancionar porque se necesitan 23 leyes provinciales, una de Caba y una del Congreso nacional. Y además hay que respetar criterios de distribución fijados por el artículo 75 de la Constitución. No se puede cambiar esto en un par de meses, como parece querer el gobierno nacional.
—De alguna manera la coparticipación resolvió algo que antes se disputaba con violencia.
—Sí. Incluso en esta etapa con lo que es la plata de coparticipación no hubo ningún problema. Porque el Banco Nación retiene día por día y automáticamente va acreditando los fondos. Hay más problemas con las transferencias no automáticas, que no son una concesión graciosa sino que se rigen por convenios y leyes. Por ejemplo, los acuerdos para contribuir a la financiación del déficit de las Cajas de las 13 provincias que no transfirieron el sistema jubilatorio tiene que ver con que a las que sí la transfirieron se financian las financia la masa nacional. Y entonces hay que compensar al resto. En eso el gobierno nacional está incumpliendo.
—En los últimos años también se sumaron los subsidios a la discusión por el reparto.
—Hay que ver legalmente si el mega DNU le da alguna cobertura al gobierno nacional para no transferir esos recursos. Pero más allá de eso el problema es el impacto de esa decisión en las provincias y municipios, que es enorme. De un día para otro te sube 100% el boleto, con todo lo que eso implica. Sobre todo en medio de una fuerte recesión, que además repercute en la recaudación. Y con costos de insumos y servicios que adquiere el Estado subnacional, que están al alza. También hay más demanda de atención porque, por ejemplo, por el aumento de las prepagas mucha gente pasará a atenderse en los hospitales públicos.
—¿Se puede gobernar sin atender a las provincias?
—La Argentina surge como un país federal. Las provincia son preexistentes al Estado nacional. Cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, como un enclave militar en el marco de la disputa de España con Inglaterra y Portugal, había dos cajas: la de Potosí y Buenos Aires. La de Buenos Aires era deficitaria y la riqueza estaba en las provincias más ricas de ese entonces, que eran las del Norte. Hay que respetar la historia. El sistema de reparto existe y viene funcionando, con organismos técnicos ya instalados desde hace muchos años que son muy solventes y robustos. Hay una Constitución nacional que dice como deben ser los objetivos de reparto. Es cierto que durante mucho tiempo la pampa húmeda mantuvo al resto de la Argentina pero esas circunstancias cambiaron. Hay provincias con regalías mineras, hidrocarburíferas. No hay provincias pobres, hay provincias fiscalmente débiles, que recaudan poco. y hay que ayudarlas, corregir lo que está mal. Pero no hay que refundar la coparticipación de un día para el otro. Incluso cuando se habla de las promociones, como la del Tierra del Fuego, hay que tener en cuenta que se crearon y cumplieron el objetivo de poblar esa provincia. Hoy tenemos la ciudad más austral del mundo porque en un momento se la subsidió. Si hay algo mal corrijámoslo pero no tiene sentido destruirlo.
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—El gobierno celebró en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el fin de la obra pública y el recorte de fondos a provincia.
—Sí nosotros no hubiésemos tenido un Estado nacional que en un momento decidió hacer el puente Rosario - Victoria, no hubiera existido. Porque es dificilísimo que esa obra la haga un privado y se la cobre con el peaje. Si dejamos que cada provincia viva con lo que recauda no nos quejemos que, como pasó en las décadas del 60 y el 80, mucha gente de determinadas provincias migren a Santa Fe, Rosario, Córdoba o Buenos Aires.
—Con este escenario recesivo y el sesgo nacional de avanzar sobre las provincias. ¿Qué herramientas de política económica pueden tener los Estados subnacionales para defenderse?
—Creo que en un escenario hacia adelante hay un impuesto, como Bienes Personales, que el Estado nacional recauda poco. No llega a medio punto del PBI. Una propuesta superadora sería que las provincias empiecen a recaudarlo.
