Con la exposición de escuchas y de un listado de catorce inmuebles que al parecer pertenecen a Mariana Ortigala y se analiza cómo fueron obtenidos, los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno terminaron de formular sus imputaciones a las ocho personas acusadas junto con Ariel “Guille” Cantero de orquestar una extorsión, finalmente fallida, contra el dueño de la agencia de lotería El Califa. Los fiscales pidieron prisión preventiva por el plazo de ley para todos los imputados menos uno para el que solicitaron 30 días, pero la audiencia continuará este miércoles con la exposición de las defensas y la resolución sobre lo que les espera a los acusados. Es probable que alguno de los imputados tome la palabra.
La audiencia ante la jueza María Trinidad Chiabrera comenzó el lunes y gira sobre un intento de extorsión sufrido por Cristián Q., el propietario de una agencia de loterías con varias sucursales en Rosario. Según la acusación la saga extorsiva, que incluyó una balacera a la casa del empresario y ataques incendiarios a algunos locales de la firma, comenzó el año pasado cuando Ortigala —quien fuera testigo estrella del juicio contra Esteban Lindor Alvarado— y su esposo Rodolfo Felipe encararon a la víctima en un gimnasio al que asistían y le exigieron dinero en nombre de “la mafia”.
De los nueve acusados cuatro ya estaban presos y los otros fueron detenidos la madrugada del lunes 11 de septiembre en el marco de más de 40 allanamientos en Rosario, Funes, Rafaela y otras localidades, además de la cárcel federal de Marcos Paz. La investigación comenzó a partir de la denuncia del empresario que sostuvo que una banda que actuaba en nombre de Guille Cantero lo estaba extorsionando.
El trámite judicial iniciado el lunes continuó este martes. Los fiscales desarrollaron los hechos, exhibieron escuchas y brindaron un detalle de inmuebles que fueron descubriendo durante la investigación a partir de documental hallada en los allanamientos. Esos papeles fueron cotejados con la información recabada en la requisa realizada la semana pasada en una escribanía donde Ortigala suele realizar operaciones inmobiliarias.
Bajo la lupa
Se trata de al menos 14 propiedades que quedaron bajo la lupa y por lo cual el fiscal Moreno pidió su inscripción litigiosa, una suerte de no innovar mientras se investiga la probable comisión de delitos en torno a ellas. Es que para los fiscales es llamativo que muchas de ellas parecen haber sido adquiridas en los últimos tiempos, desde que Ortigala comenzó a vincularse con Cantero, luego de ser allegada a Alvarado y terminar declarando en su contra.
Como ejemplo de los vínculos y propiedades, se destacó que Vanesa Barrios, esposa de “Guille” Cantero, cumple prisión domiciliaria en una casa de Mariana Ortigala de Alberdi al 1400 de Funes. Sobre esa propiedad hay una denuncia por la presunta usurpación sufrida por su dueño.
La información ventilada sobre las propiedades, se aclaró, no redundó aún en ninguna imputación pero ante la presunción de algún delito que podría ser el de lavado de activos también se solicitó la inhibición de Ortigala y los familiares y allegados que figuren en los papeles hallados.
En la audiencia se dio a conocer una lista de las propiedades para las cuales se pidió la inscripción litigiosa. Hay un departamento en el piso 8 de Corrientes al 100 que está a nombre de la madre de Ortigala, en una operación realizada en abril de este año. Una escucha en la que Felipe solicita un servicio de desinfección a ese domicilio y la planilla fue firmada por el morador, que era el también imputado Sarmiento.
En Alberdi 1450 de Funes está la propiedad que Ortigala compró en julio de 2021 y que ella pone como domicilio al brindar sus datos personales. Pero en ese lugar es donde Barrios cumple prisión domiciliaria desde marzo de 2022, a raíz de su condena por narcotráfico en el marco de la causa federal conocida como “Los Patrones”.
También hay un lote en Tierra de Sueños III de Roldán por el cual sus dueños otorgaron en 2018 un poder especial a Rodrigo Ortigala —hermano de Mariana— y Celina Maure _la madre_ para que lo puedan vender y el 3 de diciembre de 2020 se lo terminaron vendiendo a ellos mismos.
Asimismo, hay una casa de Pérez Esquivel 6123 —en la zona conocida como Funes Town— que fue comprada por la madre de la sospechosa en diciembre de 2021. El vínculo de esa propiedad con Ortigala y Felipe aparece en una escucha en la que éste habla con una mujer interesada en alquilar por 15 mil pesos diarios. Asimismo, Lorena Córdoba dijo vivir allí al menos hasta el 18 de julio del año pasado cuando se presentó a renovar el carné de conducir. Tal vez por ello el domicilio que figura en el DNI de la mujer es ese.
Otro inmueble es un departamento en un segundo piso de San Luis 3349. Si bien hay un boleto de compraventa donde una mujer le vende la propiedad a Ortigala, la escritura no fue hallada entre los papeles, por lo cual habría que chequear si se concretó la operación. Otro inmueble en Funes Town está en Scalabrini Ortiz 741 y es la actual residencia de Ortigala, donde se realizó el allanamiento. En Rosario, en Castellanos entre Rioja y San Carlos hay una casa que Mariana le compró a un hombre en octubre de 2019.
Asimismo, un departamento de segundo piso en Pintor Muso al 500. En una factura hallada en un allanamiento ese es el domicilio que brinda Felipe. Y en un momento Ortigala declaró que esa vivienda es suya y la tiene en alquiler por ser corredora inmobiliaria.
Otros departamentos bajo la lupa están ubicados en Francia al 800, San Luis al 1100, un segundo piso en Servando Bayo al 1000 y otro en Francia al 800 que Ortigala dio como domicilio al ser indagada días atrás en la Justicia federal acusada de alquilar inmuebles a su nombre para que se alojen gente vinculada con la venta de drogas.
Finalmente, también integra la nómina un local comercial ubicado en Mendoza al 5100, casi esquina Matienzo, que fue baleado el día posterior a la detención de Ortigala.
Imputaciones
En la audiencia los fiscales ya formularon las imputaciones contra los nueve acusados y pidieron que queden en prisión preventiva por el plazo de ley de hasta dos años, salvo en el caso de Sarmiento, para quien se pidió 30 días. Todos quedaron imputados del delito de tentativa de extorsión agravada por el uso de arma de fuego. En el caso de Guille Cantero, se lo acusó como coautor en dos casos. También fueron imputados como coautores Brian Díaz, Kevin Moreno, Lorena Mireya Córdoba y Bladimir Navarro.
Como coautores también figuran Ortigala y Felipe, aunque a éstos se les agrega la tenencia ilegal de un arma de fuego de guerra y de un arma de uso civil que fueron incautadas en el allanamiento a su casa de Funes Town. En el caso de Sarmiento, fue acusado como partícipe secundario ya que facilitó un celular para que otras personas realizaran una extorsión.
Y Daiana Micaela Leguizamón, “La Diabla”, fue imputada como partícipe primaria de extorsión y también como autora de los delitos de “destrucción e inutilización de objetos de prueba en grado consumado”, resistencia a la autoridad y amenazas. Se recuerda que esta acusación obedece al incidente ocurrido cuando allanaron la vivienda donde cumplía prisión preventiva en San Nicolás y, ante la mirada de los policías que ejecutaban la medida, logró alcanzar el chip de un celular que había que peritar y se lo tragó. Y luego comenzó a amenazar a los uniformados que requisaban la vivienda: “Estaba rico, eh, ya me lo tragué, ya me lo comí. ¿Venían a buscar eso hijos de puta? Ahora no van a encontrar nada. Pero yo voy a acceder al expediente, voy a averiguar sus datos y van a ver con quién se metieron, la van a pagar...”.
La audiencia continuará este miércoles a partir de las 8 y se estima que culminará con el tratamiento de las medidas cautelares para los imputados. Para los fiscales actuantes Ortigala es una persona vinculada al crimen organizado, que fue testigo protegido en la causa de Alvarado, que se hizo millonaria en aparente conexión con Guille Cantero con quien está imputada y no se descarta que tenga más propiedades producto de la actividad ilícita que le adjudican.
