Un hombre de 72 años denunció que su exmujer, su hermana y un grupo de profesionales desplegaron una puntillosa estrategia para despojarlo de bienes -campos, terrenos e inmuebles urbanos- por un valor superior a los $1.000 millones. Según su relato, las maniobras se concretaron entre 2019 y 2021, gracias a la colaboración de abogados, escribanos y contadores con domicilios en Rosario, Bigand y Alcorta. El caso, que involucra presuntos delitos de estafas y prevaricato, ya es investigado por la unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La demanda corrió por cuenta de Ángel G., oriundo de la localidad de Bigand, departamento Caseros. Según su relato, siempre se dedicó a trabajar en el campo, dejando en manos de su abogado (Lucas W.) todas los trámites legales asociados a su patrimonio. "La relación excedía el marco laboral, a tal punto que llegué a considerarlo parte de la familia", comenta en el escrito, en el que también se deja constancia que el letrado también brindaba servicios profesionales a su hermana y su exesposa.
El hecho más resonante de la denuncia es la presentación de dos escrituras por las que Ángel G. cedió a su hermana la propiedad de todos los inmuebles que poseían en condominio, valuados en unos u$s 4 millones. "Como puede observarse con facilidad, resulta descabellado y sin ninguna razón lógica lo expuesto en esas escrituras, ya que ello implica despojar a mis hijos en beneficio de mi hermana", reza el escrito al que accedió La Capital.
La existencia de estos documentos tomó por sorpresa al denunciante, quien recién comenzó a recabar información sobre la posesión legal de sus propiedades a mediados de 2022, en el marco de un período de acercamiento a sus hijos, con los que estaba distanciado desde varios años atrás.
Un segundo acto fraudulento -siempre según la demanda- lo constituyó la formalización de un contrato de fideicomiso en febrero de 2021, en el que Ángel G. habría cedido 400 hectáreas de campo de su propiedad, a través de un documento realizado ante un escribano con domicilio en Rosario. "Demás está decir que desconozco cualquier conformación del contrato de fideicomiso referido, que no conozco al escribano participante de la maniobra, que nunca concurrí a su escribanía y que nunca tuve la descabellada idea de constituir un fideicomiso, entregando la administración y el manejo de mis campos a estas personas", planteó Ángel G., quien reconoció igualmente que el traspaso de los bienes no se llegó a realizar por intervención de sus nuevos abogados.
A ello se suma un tercer evento, consistente en una dación en pago de un terreno de 13.000 metros cuadrados en el casco urbano de Bigand, en favor de Lucas W. (su histórico asesor legal) y su socio. Según la denuncia, la valuación del mismo ronda los $105 millones, 20 veces más del valor que representaba los supuestos servicios profesionales prestados por los abogados.
En cuarto lugar aparece una escritura de venta de un inmueble rural de 10 hectáreas en favor de su hermana, por el precio "irrisorio" de $144.000, cuando su valor de mercado escala a $30 millones.
Como corolario, Ángel G. denunció que al momento de separarse de su segunda esposa fue despojado de u$s 80.000 en efectivo. Pasado un tiempo, tras reclamar recuperó la mitad del dinero, pero sin darse cuenta que parte de los billetes recuperados eran falsos.
