Algo huele mal en Rosario y hasta ahora nadie se anima a descifrar dónde se produce el hedor que provoca miedo y ha trasformado en un caos las calles de una ciudad que superó los 200 homicidios en lo que va del año. Ya no son balaceras contras casas o comercios cuyos propietarios fueron previamente amenazados o extorsionados con mensajes escritos o telefónicos para que paguen un cambio de “protección”. Tampoco enfrentamientos entre bandas que, con sus máximos jefes tras las rejas, se manejan en forma anarquizada y disputan pequeñas porciones de territorios para vender drogas al menudeo. Los hechos que despiertan temor en los rosarinos y mantienen en vilo a las autoridades provinciales y municipales son verdaderos actos de intimidación pública, lo que según el Código Penal argentino no es ni más ni menos que un delito “contra el orden establecido para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes ”.
Para encuadrar esa definición vale recordar los últimos episodios ocurridos en Rosario y que se enmarcarían, según distintas fuentes oficiales, en ese tipo de delito. Primero una saga de seis ataques a tiros contra minimercados de estaciones de servicio en distintos puntos de la ciudad, hechos que no provocaron más que daños materiales. Ninguno de los dueños de esos negocios denunció haber recibido amenazas o extorsiones previas y se mostró desconcertados ante las consultas periodísticas y en sus reuniones con las autoridades, que sólo prometieron más custodias fijas y patrullajes en las cercanías de esos lugares. Los empleados del sector tampoco encuentran respuestas y manifiestan que no tienen conflictos gremiales internos que podrían originar hechos de tal magnitud.
En medio de esa saga se conocieron al menos tres ataques a tiros contra los frentes de escuelas en las cuales horas más tarde se iban a desplegar las mesas para los comicios legislativos del último domingo. En alguno de esos establecimientos, incluso ya estaban apostados en su interior agentes de fuerzas federales que controlarían el acto electoral. En este sentido, es impensable que alguna de las fuerzas políticas que presentaron sus candidatos hayan echado mano a semejantes hechos intimidatorios.
Fue también en ese marco que se produjo la vandalización del busto de Isaac Newell ubicado frente al estadio del parque de la Independencia. Inmediatamente se registró un ataque con bombas molotov contra la sede de Rosario Central en el Cruce Alberdi, seguido del incendio provocado la madrugada de este miércoles en la sede del mismo club en Mitre al 800.
Sobre estos ataques a los clubes más importantes de la ciudad, fuentes oficiales confiaron que los rojinegros mantienen disputas internas al interior de su barra pero son dirimidas entre los grupos involucrados. En tanto, los auriazules parecen tener controlados a sus "hinchas caracterizados". Y tampoco hay a la vista la disputa de un clásico que pudiera avivar la batalla entre ambos como ha ocurrido en tiempos pasados.
Lo que está claro es que en las calles de Rosario hay mano de obra dispuesta a cometer cada uno de los hechos enunciados, que tienen armas de fuego para llevarlos a cabo y que no tienen miedo de ser registrados por cámaras públicas o privadas e incluso subir imágenes a las redes sociales de sus “aventuras” delictivas.
Ante eso las autoridades y ciudadanos de a pie se hacen al menos dos preguntas. ¿Quién manda a cometer esos hechos? ¿Qué objetivos persiguen? Las respuestas son tantas como las fuentes que se consultan, aunque pueden sintetizarse en dos hipótesis que hoy están sobre los escritorios de funcionarios judiciales, políticos y policiales.
“Está claro que estos son actos de intimidación pública y que los originarios quieren sembrar el terror en la ciudad y enviar un mensaje a las autoridades”, dijo un hombre del riñón del Ministerio de Seguridad provincial. “En los últimos días hemos producido algunos cambios en el sistema carcelario, principalmente en Piñero, con el traslado de una veintena de presos de alto perfil a prisiones federales y la reforma de un pabellón para readecuarlo a fin de redistribuir a unos 150 internos de alta peligrosidad a los que se recortaron beneficios como el régimen de visitas, el uso de los teléfonos públicos y los horarios de salidas de sus celdas. Todo esto genera en ese sector carcelario un maletar que puede ser el germen de lo que está pasando ”, dijo el vocero a la hora de buscar una explicación a estos ataques sin sentido.
Otra fuente que accedió a analizar el fenómeno que sacude a Rosario no descartó que haya “un enojo en ciertos sectores de la policía santafesina ante la presencia de las fuerzas federales en la ciudad que les estén coartando la posibilidad de seguir regenteando algunos negocios históricos que ellos manejan ”. Y en ese sentido, dijo que “se están investigando algunos contactos con gente detenida a la que se le ofrece dinero para que pongan la mano de obra que lleve adelante los ataques”.
Lo cierto es que nadie hasta ayer podía dar una respuesta concreta a las preguntas planteadas. A pesar de que el ministro de Seguridad Jorge Lagna manifestó que “en los celulares secuestrados al sospechoso de atacar la primera estación de servicio (en avenida San Martín y Saavedra la noche del martes 9 de noviembre) está la punta del ovillo para saber quién está detrás de todo esto ”, en clara alusión a Nicolás Alberto M., de 23 años y conocido como“ Cara de burro ”, quien en realidad fue detenido por un pedido de captura por un homicidio perpetrado en mayo último. En ese sentido, fiscales allegados a la investigación no tenían hasta ayer ningún dato que vinculara a ese detenido con las balaceras investigadas.
Y el propio Lagna aseguró que “no se descarta ninguna hipótesis sobre lo que viene ocurriendo en un escenario de intimidación pública muy fuerte y en el que utilizan a Central y Newell's por lo emblemático que tienen como instituciones pero que son ajenas a esta locura”.
Pero más allá de las declaraciones, oficiales o no, la escalada preocupa y mete miedo. De la misma manera que lo hizo la saga de ataques a blancos del Poder Judicial en la etapa previa a que la Justicia evaluara las condenas que en los primeros meses de 2018 se dictaron contra el núcleo duro de Los Monos y cuya investigación llevó a descubrir que los mismos eran ordenados desde atrás de las rejas por el líder de la banda surgida en el barrio La Granada. Hoy, nada lleva a pensar que la autoría de los nuevos hechos sean pergeñados por esos delincuentes, pero nadie descarta que ese grupo delictivo, entre otros, tienen la mano de obra necesaria para sembrar el terror una vez más.
