El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, instruyó este sábado a su par de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que disponga la quita de planes sociales a aquellas personas que hayan sido imputadas por participar de "robos en poblado y en banda" a comercios entre el 19 y el 24 de agosto último en distintos puntos del país.
"Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacerle saber que he dispuesto el otorgamiento de un aporte no reintegrable de siete millones de pesos a los comerciantes que resultaran víctimas de los robos en poblado y en banda ocurridos la semana próxima pasada", recordó el ministro de Economía en una nota dirigida a Tolosa Paz y publicada en el Boletín Oficial.
"En mérito a ello y atento al esfuerzo económico que hace el gobierno en relación a estos sucesos, es que le solicito, tenga a bien proceder a la suspensión, en el marco de la normativa vigente del beneficio social asignado a las personas que hayan sido imputadas en las diferentes causas por la comisión de los delitos descriptos", finalizó el titular de la cartera económica.
Luego de varios hechos de robos en banda a comercios de Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Neuquén, entre otros, se produjeron más de 100 detenciones. Los hechos tuvieron lugar en coincidencia con el viaje de Massa a Nueva York, donde se iba a anunciar el desembolso de 7.500 millones de dólares por parte del FMI a las arcas del gobierno nacional.
En ese contexto, y desde Estado Unidos, Massa señaló que "en el ministerio de Economía tomamos la decisión de instruir a la Secretaría de industria para que a cada uno de los comerciantes afectados en la provincia de Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Córdoba, Mendoza que tengan la denuncia realizada y que tengan una constatación de las pérdidas, se les hagan un aporte no reembolsable. Es decir, un apoyo económico de la Secretaría de Industria de hasta siete millones de pesos para recuperar el capital de trabajo”.
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Los llamados “Aportes No Reembolsables (ANR) son hasta $7 millones, para “quienes hayan sido víctimas de los actos de violencia ocurridos entre el 19 y el 24 de agosto en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro y Neuquén”.
Aunque el presupuesto originalmente asignado a los aportes es de $700 millones, desde Economía aclararon que el monto total se puede ampliar si la demanda supera el tope.