María Belén Agudiez dejó la Subsecretaría de Planificación General, que tenía bajo su órbita el funcionamiento de la residencia presidencial.
Belén Agudiez, mano derecha de Karina Milei.
La purga que comenzó la semana pasada en la Quinta de Olivos sumó este lunes una salida de peso en el círculo de confianza de Karina Milei. El Gobierno oficializó la renuncia de María Belén Agudiez, hasta ahora subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia y una de las funcionarias que tenía bajo su órbita el funcionamiento de la residencia presidencial.
La dimisión llega apenas días después de una drástica reorganización en Olivos que incluyó 12 despidos, traslados de personal, la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial y el traspaso de su seguridad y administración a la Casa Militar. Fuentes oficiales vincularon esas medidas con presuntas “filtraciones” sobre las actividades privadas del presidente Javier Milei y con riesgos para el manejo de información sensible.
La renuncia de Agudiez fue aceptada mediante el Decreto 1055/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La decisión tiene vigencia desde el 20 de septiembre. El decreto no explica los motivos de la salida y se limita a agradecerle los servicios prestados.
Agudiez formaba parte del equipo de confianza de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Desde la Subsecretaría de Planificación General tenía responsabilidad sobre distintas dependencias presidenciales, entre ellas áreas vinculadas con el funcionamiento de la Quinta de Olivos.
Los cambios comenzaron a ejecutarse la semana pasada, cuando el Gobierno resolvió modificar de raíz el esquema de funcionamiento de la residencia oficial.
Según fuentes de la Casa Rosada citadas por La Nación, la decisión respondió a una investigación interna por una serie de presuntas “filtraciones” sobre la actividad de Milei y de su entorno más cercano. Esas fuentes señalaron que se habría detectado “un riesgo para la información y también para la seguridad”, aunque hasta ahora no se hicieron públicos detalles sobre qué datos habrían sido revelados ni se precisó la eventual responsabilidad de cada uno de los trabajadores desplazados.
El operativo derivó en 12 despidos confirmados oficialmente, además de reubicaciones dentro de otras dependencias estatales. Entre los afectados hubo personal administrativo, de cocina y jardinería, entre otras funciones.
Durante las primeras horas de la reestructuración hubo empleados que directamente no pudieron ingresar a la residencia. Desde ATE cuestionaron las cesantías y rechazaron que trabajadores de esas áreas pudieran estar relacionados con tareas de espionaje o con filtraciones de información presidencial.
El sindicato sostuvo además que varios de los empleados afectados acumulaban años de antigüedad y habían trabajado durante diferentes administraciones nacionales. El Gobierno, por su parte, sostuvo que la reorganización respondía a necesidades de seguridad.
Uno de los cambios más profundos fue la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, el organismo que hasta ahora tenía entre sus funciones organizar las actividades internas, controlar el estado de los sectores destinados al Presidente y administrar servicios y recursos del predio.
Al frente de esa estructura estaba Osvaldo Javier Sosa, quien también fue desplazado. Sosa es cuñado de Belén Agudiez y había sido prorrogado este año en el cargo de administrador general de la residencia.
La salida de Agudiez, conocida pocos días después de la eliminación de esa estructura y del desplazamiento de Sosa, profundizó la reorganización dentro de un área que hasta ahora dependía directamente de la Secretaría General que conduce Karina Milei.
Con el nuevo esquema, la Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de la seguridad de la Quinta de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por Milei y su familia.
El organismo está encabezado por el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, designado jefe de la Casa Militar en abril de 2024 y posteriormente ascendido a general de brigada.
La Casa Militar ya tenía competencias vinculadas con la protección presidencial y con las normas de acceso a la Casa Rosada, Olivos y Chapadmalal. A partir de esta reestructuración concentrará además responsabilidades que hasta ahora estaban distribuidas entre distintas estructuras civiles.
El proceso de transferencia de responsabilidades, bienes y funciones deberá completarse dentro de un plazo máximo de 60 días. Los servicios cotidianos, como cocina, limpieza y mantenimiento, seguirán siendo realizados por personal civil, aunque bajo un esquema de supervisión diferente.
Aunque fuentes gubernamentales relacionaron los despidos con posibles filtraciones, la explicación pública difundida por la Casa Rosada puso el foco en otro argumento.
El Ejecutivo sostuvo que la transferencia del control a la Casa Militar apunta a “elevar los estándares de eficiencia y seguridad” del Presidente y de su entorno ante un escenario internacional de mayores riesgos. También mencionó específicamente los preparativos para la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.
La llegada del pontífice requerirá obras, tareas de acondicionamiento y el ingreso a la Quinta de un volumen importante de trabajadores y proveedores externos. Ese movimiento, según la explicación oficial, exige reforzar los sistemas de control de acceso y protección.
La versión difundida institucionalmente evitó mencionar las supuestas filtraciones. Ese argumento apareció, en cambio, en explicaciones reservadas de funcionarios nacionales a distintos medios.
Por Gonzalo Santamaría / Enviado especial
